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ABC LUNES 26- -5- -2008 El nuevo Estatuto catalán marca el paso de la financiación ESPAÑA 19 munidades con más capacidad fiscal propia son las que al final tienen una posición desfavorable sobre la media. De ahí que el responsable de economía de Comisiones Obreras argumente que al igual que sería cuestionable que las comunidades mantengan una posición privilegiada por el hecho de ser más ricas, tampoco es razonable bajo el miso concepto de equidad, la situación actual donde se ven perjudicadas en el trato en relación con el resto Apunta, en este sentido, que la financiación autonómica juega el papel de garantizar los recursos para que los ciudadanos puedan acceder a un nivel similar de bienes y servicios públicos cuando realizan un esfuerzo fiscal similar, y no está pensado para cubrir las deficiencias en la capacidad de generar riqueza Y este argumento se comparte en el Ministerio de Economía y Hacienda. Otro de los puntos clave en la próxima negociación será la posible fijación de cláusulas que garanticen unos recursos mínimos a las comunidades. El Ministerio de Hacienda ya ha asegurado que garantizará que con el nuevo sistema nadie saldrá perdiendo respecto a la situación a la situación actual en el año de partida. El laberinto autonómico Esta semana comienza la negociación autonómica, en la que Rodríguez Zapatero ejercerá de equilibrista entre una Cataluña que quiere reducir la solidaridad a Educación, Sanidad y Servicios Sociales y una Andalucía que quiere ampliarla a Justicia y Vivienda POR PALOMA CERVILLA MADRID. Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aceptó que el Estatuto de Cataluña contemplara la aprobación de un nuevo sistema de financiación para esta Comunidad antes del 9 de agosto, estaba abriendo un melón que amenazaba la estabilidad territorial de España. El reparto del dinero es asunto que siempre crea problemas y alienta un sentimientos de agravio entre unos territorios y otros, sobre todo cuando algunos apelan a la discriminación como argumento para hacer valer sus intenciones. Desde que el presidente de la Generalidad, José Montilla, levantó el dedo preguntando qué hay de lo mío Rodríguez Zapatero empezó a circular por un complicado laberinto de intereses que enfrenta a sus presidentes de comunidades autónomas. Cuestiones como si hay que llevar a cabo una negociación bilateral entre el Gobierno y Cataluña o multilateral entre todas las Comunidades autónomas, qué servicios hay que garantizar y qué variables hay que tener en cuenta para el reparto del dinero, son los aspectos que pueden propiciar una guerra entre regiones ricas y pobres. Para intentar frenar estos primeros conatos de enfrentamientos regionales, Rodríguez Zapatero sentó el pasado jueves a su mesa a los barones socialistas y mandó a Pedro Solbes a apaciguar a los consejeros de Economía de las Comunidades autónomas. Solbes prometió que hablará con cada una, a semejanza de lo que pide Montilla, esgrimiendo el Estatuto catalán, que así lo recoge. Pero por mucho que Zapatero se esfuerce en dar golpes de efecto mediáticos para tranquilizar a los presidentes autonómicos, las cuestiones de fondo los separan más que los unen. Solbes ya ha advertido esta semana que la negociación será larga y llevará tiempo De entrada, a lo largo de este mes llevará a cabo la primera ronda de contactos con las comunidades autónomas. La primera con Cataluña, ya que el miércoles se reúne en Barcelona la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado- Generalitat. Aunque es cierto que el presidente del Gobierno se reunirá mañana con el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para hablar de financiación autonómica, parece una reunión más ad hoc para no hacer ver que Cataluña marcará la pauta en el nuevo sistema. El problema principal sigue siendo el mismo: si la solidaridad entre comunidades autónomas se debe reducir a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, como pide Cataluña o, por el contrario, se debe ampliar a la Justicia o la Vivienda, como reclama Andalucía, Aragón y Asturias. Otros problemas son los criterios que se deben de tener en cuenta para el reparto del dinero. Cataluña y Valencia hacen especial hincapié en el aumento de la población, pero otras regiones, como Andalucía, apelan a la población escolar, el envejecimiento o la dispersión. En estos dos últimos aspectos coincide con Galicia. Canarias, por su parte, quiere que se incorpore al nuevo sistema el factor de la lejanía y la insularidad. Entre tanta diferencia, a los que no les ha ido tan mal con el actual sistema, como es el caso de Extremadura, se pregunta: ¿Qué es lo que ha cambiado desde 2001 para que ahora tengamos que poner el modelo boca abajo y cuestionarlo entero? Pues el Estatuto catalán. Cláusulas de garantía Cataluña ha conseguido marcar la pauta al abrir el miércoles la negociación