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4 EDITORIALES LUNES 26 s 5 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera EL PSOE Y LA DOBLE MORAL o hace falta mucha perspicacia para saber que el PSOE está encantado con los problemas internos del PP Es lógico, sin duda, pero refleja una doble moral que la opinión pública rechaza de forma rotunda. Primero fue José Blanco el que se atrevió a presumir del sistema de primarias y a suponer que Mariano Rajoy prueba ahora su propia medicina. Lo que no dijo es que los socialistas no quieren oír hablar de aquel experimento traumático y prefieren la disciplina de partido bajo la dirección férrea de un aparato implacable. Ayer mismo, Rodríguez Zapatero se disfrazó de comentarista político para afirmar que el jeroglífico de los populares no tiene solución Es muy probable que confunda sus deseos con la realidad porque casi diez millones y medio de votos no van a esfumarse así como así. El caso es que este reparto de papeles da mucho juego: Ferraz actúa y Moncloa sobreactúa. Entre unos y otros sacan ventaja de la debilidad del adversario, aunque de vez en cuando se rasgan las vestiduras con total hipocresía y apelan a la necesidad del sistema democrático de contar con un centro- derecha sólido y unido. Mal que les pese, así sucederá a corto plazo, sea cual fuere la solución política a las discrepancias entre los dirigentes populares. Lo que debe hacer el presidente del Gobierno es ocuparse de los muchos problemas que tiene planteados la sociedad española. También Blanco tiene mucho trabajo para convencer a los barones territoriales de que los privilegios para Montilla son compatibles con la solidaridad hacia las regiones que gobierna el PSOE. N OTRA PAGA EXTRA ÁS de tres meses ha tardado el Gobierno en decidir cómo aplicar la ocurrencia electoral de devolver cuatrocientos euros lanzada por el presidente Zapatero en un mitin de campaña, sin conocimiento previo de su vicepresidente económico. El viernes, el Consejo de Ministros aprobó por fin un real decreto que modifica el reglamento del impuesto sobre la renta y permite hacer efectiva la paga extra electoral en dos mitades; doscientos euros en la nómina de junio y el resto en seis plazos de 33 euros mensuales. Con esta medida- -que supone 6.000 millones de euros, un 0,9 por ciento de la renta disponible- el presupuesto agota su margen de maniobra para hacer frente a la desaceleración, en palabras del propio Solbes, lo que significa que el famoso superávit de las cuentas públicas del que tanto presumía el Ejecutivo ya se ha gastado sin que nadie se haya enterado y sin que parezca haber sido muy efectivo en amortiguar la caída de la actividad y el crecimiento del desempleo. Este año el saldo presupuestario será ya negativo. Pero no hay crisis, dice el Gobierno; de haberla, nos saltamos el límite del 3 por ciento de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La medida adoptada es muy criticable desde el punto de vista formal y técnico y ha suscitado una rara unanimidad en todos los partidos, incluidos los que sostienen al Gobierno, que la tachan de inútil e injusta: inútil porque dilapida el superávit sin que pueda esperarse un impacto perceptible en la actividad económica, e injusta porque deja fuera a los más necesitados al afectar sólo a aquellos contribuyentes que ya cotizan más de cuatrocientos euros. Pero hay más. Este cheque electoral es sintomático de la forma y el tipo de política económica con que el Ejecutivo socialista se plantea hacer frente a una crisis que amenaza con convertirse en estanflación y que ha llevado a los servicios de estudios más prestigiosos a pronosticar crecimientos apenas perceptibles el año que viene. En la forma, se trata de una medida, improvisada al calor electoral, que no surge de los servicios técnicos del Ministe- M rio responsable, ni de su dirección política, una medida que no ha seguido los procedimientos establecidos, sino que responde al presidencialismo iluminado con que gobierna Zapatero y que coloca a su máximo responsable económico en una posición insostenible. Solbes está demostrando una extraordinaria habilidad para ponerse de perfil, hacer de comentarista crítico de las decisiones de otros y esperar a que el tiempo ponga a cada uno en su sitio. Esta habilidad le ha funcionado en la fase alcista del ciclo durante su primera legislatura, pero resulta manifiestamente insuficiente y puede ser suicida para enfrentarse a una crisis económica que sigue sorprendiendo al Gobierno por su intensidad y virulencia. No está la economía para que su máximo responsable permanezca ausente y se pasee por el foro dejando perlas envenenadas para entendidos sobre sus discrepancias. El próximo capítulo de la irrelevancia de Solbes puede estar próximo cuando el Gobierno amplíe en contra de su criterio las ayudas al sector inmobiliario. En el fondo, el cheque electoral supone seguir equivocando el diagnóstico, incidir en el carácter temporal e internacional de la crisis y responder con un poco de gasto público para capear el temporal. Pero los datos son tozudos: la crisis es un problema interno de competitividad; véase, si no, el comportamiento de la industria. La época de dinero abundante y barato ha tocado a su fin en este ciclo. Añadir leña al fuego no parece la mejor receta política, sino que se requieren reformas de calado. Reformas que serán social y políticamente difíciles de aplicar. Nos espera un otoño caliente porque la mezcla de elevados índices de inflación y paro representa un cóctel explosivo. En estas condiciones, el vicepresidente económico no puede limitarse a verlas venir y dar lecciones magistrales. Cabe esperar algo más de un Gobierno que acaba de ganar unas elecciones y ha recibido la oferta parlamentaria de negociar un paquete de crisis. Las decisiones que ahora no se tomen saldrán caras más adelante. Pero no será con nuevos cheques como saldremos de esta crisis. MONTILLA Y EL CASTELLANO e confirman con datos las sospechas generalizadas en la comunidad escolar: el 60 por ciento de los colegios públicos o concertados en Cataluña no imparte la tercera hora de castellano exigida por el Decreto Estatal sobre Enseñanzas Mínimas para determinadas etapas de Primaria. En muchos casos, apenas se cumple la mitad de las normas fijadas por dicha norma gubernamental. La Generalitat impugnó el decreto ante el Tribunal Constitucional, pero mientras llega la sentencia sigue a lo suyo y practica una desobediencia de hecho, inaceptable en términos jurídicos y políticos. No parece que les importe a los responsables autonómicos el daño que sufre la formación de los alumnos en una edad decisiva para adquirir un dominio adecuado de la lengua. Montilla prometió más política social y menos retórica identitaria, pero a la hora de la verdad sigue en manos de sus socios radicales. El Ejecutivo no puede dar por bueno este incumplimiento flagrante de las normas en vigor. S