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ABC DOMINGO 25 s 5 s 2008 La deriva radical del nacionalismo vasco s El referéndum de Ibarretxe ESPAÑA 21 Maniobra de Ibarretxe para echar al PCTV la culpa del fracaso de su plan Introduce una pregunta- trampa sobre el rechazo a ETA en el referéndum para obligar a las Nekanes a votar en contra en la Cámara vasca M. LUISA G. FRANCO BILBAO. Desde su retroceso electoral en los últimos comicios, el PNV tiene claro que no quiere convocar la consulta a los ciudadanos que el lendakari había fijado para el 25 de octubre, por miedo a volver a fracasar en las urnas, pero tampoco quiere dejar de cumplir la palabra empeñada por Ibarretxe. La inclusión del rechazo a ETA entre las preguntas que el Gobierno vasco pretende realizar a los ciudadanos puede ser una estratagema del PNV para que el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) no apoye la convocatoria de la consulta y el lendakari dé el siguiente paso en su hoja de ruta que sería la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas. De momento, el tripartito sigue el calendario fijado por Ibarretxe. Una vez descartado un acuerdo entre el Gobierno vasco y el ejecutivo de Rodríguez Zapatero sobre la modificación del marco jurídico vasco, el tripartito ha elaborado ya el proyecto de ley con el que pretende dar apariencia de legalidad a la convocatoria de la consulta. Lo aprobará la próxima semana para que sea sometido a votación el próximo 27 de junio en el Parlamento vasco. Públicamente, PNV EA e IU- EB consideran factible su aprobación por otro grupo, que, según apuntó ayer el secretario general de EA, Unai Ziarreta, no tiene que ser necesariamente el PCTV ya que podría ser el PSE. Esta hipótesis, sin embargo, está descartada, incluso si el proyecto de ley incluye una pregunta en la que la ciudadanía exprese su rechazo a ETA. El PSE siempre se ha negado a apoyar la convocatoria de la consulta y ayer mismo el portavoz de la ejecutiva de los socialistas vascos, Rodolfo Ares, insistió en que el Ejecutivo de Ibarretxe no tiene competencias para convocar una consulta a la ciudadanía, por mucho que se empeñe Los socialistas, según señaló Ares, siguen defendiendo un diálogo y acuerdos entre diferentes, para tramitarlos respetando las reglas de juego y para después ser sometidos a ratificación de la ciudadanía en referéndum En el caso de un acuerdo sobre el cambio del marco jurídico vasco que fuera aprobado por el Congreso de los Diputados, la convocatoria de referéndum sería realizada por el Gobierno del Estado, que si tiene competencias legales para hacerlo. Filtraciones no confirmadas del contenido del proyecto de ley que será aprobado la próxima semana por el Gobierno vasco y presentado de forma inmediata para su tramitación en el Parlamento vasco señalan que el tripartito pretende hacer una doble pregunta a la sociedad vasca, una de expreso rechazo a la violencia de ETA y de apuesta por su desaparición definitiva y otra a favor de un nuevo marco político mediante una negociación democrática entre partidos. El proyecto de ley pretende blindar jurídicamente la propuesta del Gobierno vasco de consultar a los ciudadanos el próximo 25 de octubre para que apoyen un proceso de diálogo desde un doble emplazamiento, desglosado en lo que el Ejecutivo de Ibarretxe considera principio ético y principio democrático. En el primer caso, se trata de defender los derechos humanos, rechazar la violencia e instar a un posible final dialogado si ETA deja las armas. Y, en el segundo, de emplazar a todos los partidos vascos a activar una mesa de diálogo que desemboque en el plazo de dos años en la nego- Doble pregunta El proyecto de ley incluye dos preguntas: una para rechazar el terror de ETA y otra para instar a los partidos políticos a negociar un acuerdo para cambiar el marco jurídico- vasco. Ibarretxe necesita el apoyo del Partido Comunista de las Tierras Vascas para superar el primer trámite de la Cámara de Vitoria ciación de un nuevo marco jurídico- político que sería sancionado finalmente con un referéndum antes de que finalizara el año 2010. El proyecto de ley será tramitado como de lectura única, lo que supone que los grupos parlamentarios podrán presentar proyectos alternativos, pero no enmiendas parciales. De esta forma, los partidos tendrán que pronunciarse a favor o en contra, sin discusión del contenido de las preguntas. El procedimiento de lectura única complica la posibilidad de una negociación con el PCTV que públicamente ha anun, ciado que votará en función del acercamiento o del diálogo que pueda producirse de antemano. El tripartito no tiene previsto, en principio, negociar previamente con el partido de las nekanes aunque tampoco admitió nunca haberlo hecho cuando obtuvo del grupo parlamentario proetarra, entonces Sozialista Abertzaleak, los votos necesarios para aprobar el plan Ibarretxe en el Parlamento vasco. En este momento, la iniciativa contaría con 33 votos, los 32 del tripartito y el de Aralar, frente a los 33 votos del PSE y del PP, que se opondrán al proyecto en el Parlamento vasco. Bastaría el voto de una de las nekanes para que el proyecto saliera adelante. De no apoyarlo el PCTV una abstención forzaría hasta tres votaciones que harían que finalmente decayera el proyecto. Los dirigentes etarras, imputados por numerosos cargos en París PARIS. El presunto dirigente de ETA Javier López Peña Thierry y otros tres supuestos miembros del aparato político de la banda terrorista, detenidos el pasado martes en Burdeos, Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberría, fueron imputados ayer por numerosos cargos por jueces antiterroristas en París, indicaron a Efe fuentes judiciales. Los cuatro fueron imputados por asociación de malhechores para preparar actos de terrorismo y por extorsiones en banda organizada. También por receptación de robos, incluso a mano armada, en banda organizada, uso de matrículas falsificadas, documentación falsa, tenencia ilegal de armas y municiones, y tenencia o transporte de productos incendiarios o explosivos y de sustancias que entran en la composición de artefactos explosivos. Todo ello, en relación con una empresa individual o colectiva destinada a perturbar gravemente el orden público por medio de la intimidación o el terror La pena máxima que conllevan estos delitos (que implican un juicio ante el Tribunal Especial de lo Criminal, y no ante el Correccional) es de 30 años de prisión, según la Fiscalía de París, que pidió para todos el ingreso en prisión preventiva.