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42 ECONOMÍA www. abc. es economia MIÉRCOLES 21- -5- -2008 ABC Solbes permitirá a las comunidades incurrir en déficit durante los próximos tres años Los consejeros autonómicos critican la falta de realismo de las previsiones de crecimiento del Ejecutivo YOLANDA GÓMEZ MADRID. Las comunidades autónomas podrán incurrir en déficit público durante el próximo trienio. Así lo acordó ayer, aunque de manera disimulada el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan los responsables de los Ministerios de Economía y Administraciones Públicas, así como los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. En esa reunión, que se alargó durante más de tres horas y media, se aprobó el objetivo de estabilidad de las comunidades para el próximo trienio 2009- 2011. Según el pacto, que recoge los criterios de la Ley de Estabilidad, los gobiernos regionales deberán aprobar sus presupuestos en equilibrio los dos próximos años, y tener un superávit de una décima en 2011. Y es que la citada norma modificada por el Gobierno socialista en la legislatura pasada, prevé que si la economía crece entre un 2 y un 3 las administraciones públicas están obligadas al equilibrio. Sin embargo, la reforma incluyó una pequeña trampa, y es que se permite un déficit para el conjunto de administraciones del 0,5 del PIB para inversiones en infraestructuras, y de esta cantidad, la mitad, un 0,25 es para las comunidades autónoma. Así, cada comunidad podrá tener en estos próximos ejercicios unos números rojos de hasta el 0,25 del PIB. Además, varios consejeros autonómicos, entre ellos el catalán Antoni Castells, echaron en cara a Pedro Solbes la falta de realismo en sus previsiones de crecimiento económico que, está condicionando los presupuestos de las comunidades. Castells recordó al ministro que ningún organismo nacional ni internacional prevé para España un crecimiento del PIB del 2,3 en 2009, como hace el Gobierno y desde luego todos los expertos, salvo el Ejecutivo de Zapatero, prevén una reducción del aumento del PIB el próximo ejercicio. Ayer mismo, el director general del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, auguraba que España crecerá sólo un 1 este año y no comenza (impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados) en más de un 25 y la tendencia en lo que va de año lejos de corregirse se está agudizando. Tras la reunión, el vicepresidente Solbes explicó que había transmitido a los consejeros el complicado entorno internacional en el que se está moviendo la economía española, afectada por las restricciones crediticias y el aumento de la inflación por la subida del petróleo y los alimentos. A esto se une la normalización del sector de la construcción residencial que dibuja un panorama de crecimiento a corto plazo más incierto y menos positivo que el de la legislatura pasada. Solbes apuntó que el moderado endeudamiento alcanzado y el saneamiento de las cuentas públicas proporcionan margen para hacer frente a la desaceleración económica. Sin embargo, reconoció que esta situación incidirá en la evolución de las finanzas públicas y la desaceleración de los ingresos obligará a contener el gasto público priorizando aquel que contribuya a reorientar el patrón de crecimiento de la economía española. El vicepresidente aseguró, en este sentido, que estas reglas de priorización de recursos y de disciplina y austeridad en el gasto deben ser asumidas por las comunidades autónomas Solbes, con Salgado y Ocaña, ayer en la reunión con los consejeros autonómicos rá a repuntar hasta mayo de 2009. Ante estas críticas, Solbes aceptó que, aunque a priori los gobiernos regionales tendrán que aprobar sus presupuestos en equilibrio, si luego incurren en déficit, no estarán obligados a presentar planes de saneamiento- -el castigo que prevé la ley- -si la economía crece por debajo de lo previsto. Y es que la ley de estabilidad permite a las administraciones incurrir en números rojos si el crecimiento del PIB es inferior al 2 lo que es muy probable que ocurra si no este año 2008, sí en 2009, según la DE SAN BERNARDO El vicepresidente exigió a las autonomías austeridad y control en el gasto público ante el freno de los ingresos mayoría de las estimaciones de analistas. Por tanto, aunque a priori el Gobierno presentará en sus previsiones equilibrio para las comunidades, ya sabe que tendrán números rojos. Algunos consejeros recordaron al Ejecutivo que están sufriendo una importante merma en sus recursos como consecuencia de la crisis inmobiliaria. De hecho comunidades como Madrid y Cataluña ya vieron el año pasado recortados sus ingresos ligados al ladrillo Los registradores solicitan un ley específica para abordar el sobreendeudamiento de las familias MIGUEL LARRAÑAGA VALENCIA. Ya hay varios cientos de familias que se han acogido al procedimiento concursal y la previsión es que la crisis haga que el número de familias en dificultades aumente en los próximos tiempos, pero la ley concursal está pensada para sociedades y no para familias, por lo que no se ajusta a sus necesidades y habría que crear una legislación específica para las familias en dificultades señaló ayer Luis Fernández del Pozo, registrador y catedrático de Derecho Mercantil, durante la primera jornada del Congreso Internacional de Derecho Registral que se celebra en Valencia. En su opinión, el Gobierno debería desempolvar el proyecto de Ley de sobreendeudamiento que el PSOE elaboró estando en la oposición durante la segunda legislatura de Aznar. Fernández del Pozo dijo que el procedimiento concursal es demasiado lento y costoso para responder a las necesidades de una familia que, además, no puede acogerse a uno de los supuestos establecidos en la Ley, que es la extinción. Una empresa, si no puede pagar, se liquida y resuelve el problema, pero una persona no se extingue, por lo que habrá que buscar soluciones distintas señaló. En otros ordenamientos jurídicos, como el estadounidense o el alemán, existen procedimientos específicos para familias sobreendeudadas, generalmente utilizando procedimientos extrajudiciales, más basados en la mediación. En esta primera jornada del congreso se puso de manifiesto que la crisis subprime ha sacado a la luz problemas larvados desde hacía tiempo y que requieren recetas. La independencia del tasador respecto a la entidad crediticia es, para el caso español, uno de los puntos en los que hay que seguir incidiendo para evitar distorsiones en el mercado hipotecario.