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24 ESPAÑA Irregularidades en el tripartito MIÉRCOLES 21 s 5 s 2008 ABC Una funcionaria cobra 60.000 euros al año por una Oficina Antifraude catalana que no existe El proyecto, que controlaría casos como la adjudicación a dedo de informes a personas afines del tripartito, choca con el Estatuto y la Sindicatura de Cuentas MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA. Desde hace tres años, el Gobierno catalán paga un sueldo anual de 60.000 euros a una funcionaria por una Oficina Antifraude de Cataluña que no existe y que, dadas las discrepancias internas del tripartito y la demora del proyecto- -tramitado en el Parlamento catalán en 2005- se desconoce cómo verá la luz finalmente. Una Oficina dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público, y que, entre otras funciones, debería controlar las asignaciones a dedo de informes técnicos a personas externas a la administración, actualmente en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y cuya existencia destapó ABC. Mientras se determina si este futuro organismo depende del Parlamento catalán, tal como establece el texto actual, o de la Sindicatura de Cuentas, que ya ejerce ese control fiscalizador de las administraciones, el Ejecutivo catalán lleva tres años pagando una nómina a la directora del Programa para la creación de la Oficina contra el Fraude, con categoría de funcionaria de alto nivel dependiente de la Consejeria de Gobernación (dirigida por ERC) lo que supone una retribución anual superior a los 60.000 euros. Este programa fue aprobado por el Gobierno autonómico en marzo de 2005 en cumplimiento de una resolución del Parlamento catalán, que instaba a la Generalitat a crear en el plazo de cuatro meses una oficina de lucha contra el fraude dentro de la Administración de la Generalitat y el sector público Han pasado tres años y todavía no se ha definido el ámbito competencial propio que tendrá esta oficina, que según dictaminó el Consejo Consultivo en julio de 2006, invadía funciones exclusivas de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. El Gobierno tripartito lleva tres años pagando la nómina a una persona para realizar no sé que labores en una Oficina Antifraude que no existe asegura el diputado de CiU, Lluís Corominas. Los nacionalistas, que han presentado 34 enmiendas al proyecto de ley, reclaman que este organismo dependa de la Sindicatura de Cuentas para evitar la duplicidad de competencias y recursos económicos. La Oficina contra el Fraude de Cataluña es una iniciativa con la que ERC pretendía intimidar a PSC y CiU, formaciones que habían aparecido implicadas en supuestos casos de corrupción. El presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obra pública (el polémico caso del 3 denunciado tras el hundimiento del barrio del Carmelo salpicó a los socialistas, quienes se resistían a que la nueva Oficina dependiera de sus socios republicanos. Las diferencias entre ambos demoró la tramitación del primer proyecto, en el que se contemplaba la vinculación de la Oficina del entonces consejero jefe, Josep Bargalló (ERC) y que entró en el Parlamentó catalán en 2005. El anticipo de las elecciones autonómicas a 2006 supuso un nuevo parón del pro- El estigma del Carmelo Los tres líderes del tripartito en una reciente sesión en el Parlamento catalán yecto de ley de la Oficina, enmendado por el Consejo Consultivo y cuestionado por los síndicos de Cuentas y de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) El Estatuto aprobado en 2006 reconoce en exclusiva al Síndico de Greuges la defensa y protección de todos los derechos y libertades contenidos en la Constitución y el Estatuto. Asimismo, el texto estatutario indica que la Sindicatura de Cuentas es el órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de la eficiencia de la Generalitat Funciones coincidentes con las de investigación o inspección de posibles casos de uso o destino irregular de los fondos JOB VERMEULEN públicos que se atribuye a la Oficina Antifraude. Ambos síndicos defendieron vehemente sus competencias en sus comparecencias en la Cámara catalana y advirtieron de que sus atribuciones podrían solaparse con las de la Oficina. La reforma de la Ley de la Sindicatura de Cuentas está pendiente desde hace más de un año. La Fiscalía analiza un informe copiado de internet que el tripartito encargó en 2005 por 12.000 euros M. J. C. BARCELONA. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña analiza informes encargados por la Generalitat en la anterior legislatura y que supuestamente fueron copiados de internet. Entre ellos uno titulado Democracia digital y cultura on- line al que ha tenido acceso ABC y por el que la Consejeria de Cultura pagó 12.000 euros en abril de 2005. Este informe, que ocupa 37 folios, reproduce textualmente artículos hallados en varias páginas web, algunas de ellas de origen sudamericano. La empresa adjudicataria fue Facsímil, S. L. Por ejemplo, uno de los capítulos del estudio titulados Democracia digital y ciudadanización: problemas y desafíos reproduce un artículo titulado exactamente igual escrito por Rolando Palacios, profesor de la facultad de Comunicación de la Universidad Diego Portales de Chile. En el apartado La cultura en la sociedad de la información se copian pasajes del Estudio de la cultura en la sociedad de la Información de la licenciada en Comunicación Social Ana María Raad, también chilena. Asimismo, en la introducción del estudio se incluyen párrafos de la Ciberoteca de la Obra Social Bancaja. Finalmente, el capítulo Cultura e internet: una nueva revolución ha sido extraído de un artículo publicado en la revista Claves de la razón práctica El Departamento de Cultura justificó el encargo en que no disponía de los medios técnicos y personales necesarios para abordar este estudio. Este es uno de los 27 informes presentados ayer en la Fiscalía por el secretario general del sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernard, quien ratificó su denuncia contra la Generalitat por los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación por el encargo a dedo de informes a personal externo a la Administración. Una buena parte de esos estudios fueron asignados a personas afines al tripartito. El año pasado, el Gobierno catalán pagó 31 millones por 1.583 informes. Bernard también ha presentado ante el fiscal estudios encargados en la anterior legislatura. Esto es sólo la punta del iceberg dijo Bernard, quien calificó de burla a la inteligencia que se paguen 12.000 euros por estudios que constan de un solo folio, ó 15.000 euros por un informe de 37 folios sobre la seguridad en China. El pasado 30 de abril, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales, a raíz de la denuncia de Manos Libres, que ha entregado a la Fiscalía contratos y facturas. La portavoz parlamentaria del PPC, Carina Mejías, presentó ayer una propuesta de resolución para garantizar que todos los informes que encarga la Generalitat sean públicos y útiles Diversos delitos