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34 EDUCACIÓN www. abc. es educacion MARTES 20- -5- -2008 ABC El resurgir de Ciudadanía La polémica en torno a Educación para la Ciudadanía se ha intensificado al recurrir el Ministerio de Educación los decretos que desarrollan la materia en Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular ABC MADRID. El Ministerio de Educación ha recurrido los decretos que desarrollan el programa de Educación para la Ciudadanía en las comunidades de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia, es decir, las gobernadas por el Partido Popular (PP) La Comunidad Valenciana, también popular, cuyos programas son similares, no ha sido objeto del tal medida, al parecer, por problemas técnicos. Los decretos de las comunidades que gobierna el PP son similares por un acuerdo alcanzado entre sus responsables y, en ellos, se han eliminado algunas menciones concretas a la homofobia, la orientación afectivo sexual o la práctica del diálogo como forma de resolver los conflictos, entre otros. El PP se ha opuesto desde el principio a la nueva y controvertida asignatura, aunque las decisiones de sus comunidades no coinciden plenamente. Las más combativas son Madrid y la Comunidad Valenciana, y en menor medida Murcia. Además, Valencia la enseñará en inglés. Por su parte, La Rioja y Castilla y León mantienen su oposición a la materia pero, si- El año de la extensión Curso 2008- 09. La enseñanza de Ciudadanía se extiende a todas las comunidades autónomas, con su implantación en 2 de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en las comunidades donde todavía no se impartía. Educación Ético- cívica. Es la versión de Ciudadanía que, con carácter obligatorio, estudiarán los alumnos de 4 de la ESO. Curso 2009- 10. La materia entrará a formar parte del currículum de Primaria, ya que se enseñará en uno de los dos últimos cursos (5 ó 6 Alumnos de 3 de la ESO del Instituto Isla de León, de San Fernando (Cádiz) en clase de Ciudadanía guiendo las indicaciones de sus servicios jurídicos, la impartirán según establece la ley y no apoyarán la objeción de conciencia. A los padres les queda la vía de los tribunales si consideran que la decisión de las administraciones educativas vulnera sus derechos. La Consejería de Educación de La Rioja ha manifestado desde el principio su rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, aunque ha afirmado que se impartirá por respeto a la legalidad El departamento, del que es responsable Luis Alegre, ha recibido una decena de escritos de familias riojanas que solicitan la objeción contra Ciudadanía y piden que sus hijos no la cursen por razones de conciencia Se han dirigido a la Consejería en busca de apoyo, aunque el Gobierno riojano ha señalado que no tiene competencias para posicionarse a favor de la objeción y responder a las peticiones de estos padres. Así lo determina un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad. El documento también precisa que si esta comunidad no cumpliera la normativa básica estatal, puesto que al Estado es al que corresponde la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos podría estar impidiendo con su actuación que los alumnos riojanos obtuvieran el correspondiente título oficial acreditativo de sus estudios con validez en todo el Estado Ello implica que la Consejería de Educación de La Rioja tenga la obligación de impartir la asignatura. En lo que se refiere a Castilla y León, la Junta ha seguido los informes de sus servicios jurídicos y ha decidido no admitir la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, solicitada hasta el momento por más de un millar de familias de la región. El Gobierno castellano y leonés alega para rechazar esta medida que, de reconocerse el supuesto derecho a no recibir esta asignatura, los afectados serían los niños al no poder completar los estudios obligatorios y quedarse sin la titulación oficial. Lo que sí ha hecho la Consejería de Educación es adaptar la disposición ministerial, lo que ha llevado al Gobierno central a re- La Rioja y Castilla y León no admitirán la objeción de conciencia y dejan a los padres la vía de los tribunales La Comunidad Valenciana impartirá la materia en inglés y ofrecerá un trabajo como opción El TSJ de Andalucía reconoce el derecho de los centros concertados a incrementar sus plazas ÁNGEL PÉREZ GUERRA SEVILLA. La jurisprudencia en materia de conciertos educativos acaba de dar un giro histórico con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que consagra el derecho de un centro a la ampliación del concierto. Hasta ahora, las sentencias favorables a los colegios concertados se limitaban al mantenimiento de las líneas concertadas pero no al incremento de las mismas. La sentencia vuelve a ser de la Sala Tercera de los Contencioso- Administrativo de Sevilla, y está fechada a finales del pasado mes de abril. Se refiere a un recurso interpuesto por las Escuelas Pías de la Viceprovincia Religiosa de Andalucía, titular del centro concertado Dulce Nombre de María (Escolapios) de Granada. El colegio impugnó la Orden de 29 de julio de 2005 que resolvía la convocatoria del 14 de diciembre anterior, para el acceso o renovación de los conciertos educativos de centros privados andaluces a partir del curso 2005- 2006. Los titulares de los Escolapios de Granada pedían que se anulase la Orden de Conciertos, de manera que se reconociera su derecho a concertar una tercera unidad de Educación Infantil de tres años, en consonancia con las tres líneas de Primaria que el centro tenía concertadas. La Consejería se mantuvo en sus trece de concertar sólo dos líneas de Infantil de tres años, argumentando que dicha unidad no cubría necesidades de escolarización que no pudieran ser satisfechas de otro modo, y añadía a ello la insuficiencia presupuestaria. Aplica la Sala a este proceso la doctrina seguida en otros anteriores, que dirimían el derecho de otros centros a mantener conciertos en distintas etapas. Casi una treintena de procedimientos han acabado dando la razón a los centros, aunque siempre en conservación y no en ampliación. El colegio de los Escolapios de Granada tiene solicitudes de admisión suficientes para justificar la tercera línea de Educación Infantil en el tramo de tres años. En cualquier caso, el TSJA anula la denegación por falta de motivación y condena a la Junta a cubrir los gastos de esa tercera unidad. Más de un millar de objetores