Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
30 ESPAÑA La polémica Ley contra la Violencia de Género JUEVES 15 s 5 s 2008 ABC LOS MAGISTRADOS DISCREPANTES Vicente Conde Vicepresidente del TC Javier Delgado Magistrado Ramón Rodríguez Arribas Magistrado Roberto García- Calvo Magistrado Jorge Rodríguez- Zapata Magistrado El TC declara constitucional imponer mayor pena si el agresor es varón Con siete magistrados a favor y cinco en contra, el Pleno del Tribunal avala la ley de violencia de género s La sentencia niega que se vulnere el derecho a la igualdad NIEVES COLLI MADRID. Castigar con más pena los delitos cometidos en el seno de la pareja cuando el agresor es el varón no vulnera el derecho fundamental a la igualdad. Así lo decidió ayer el Pleno del Tribunal Constitucional, que avala de esta forma la Ley Integral contra la Violencia de Género, puesta en duda en este aspecto por doce jueces que formularon 127 cuestiones de inconstitucionalidad. La norma fue aprobada por unanimidad en el Parlamento. La decisión, que llega tres años después de la entrada en vigor de la ley, no ha sido fácil y prueba de ello es el resultado de la votación celebrada ayer en el Pleno: siete magistrados a favor de declarar constitucional la ley y cinco- -que han anunciado votos particulares- en contra. Una vez más, se ha producido el cisma entre los miembros del llamado grupo progresista (María Emilia Casas, Manuel Aragón, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Eugeni Gay y el ponente de la sentencia, Pascual Sala) a los que se ha sumado Guillermo Jiménez; y los del denominado sector conservador (Vicente Conde, Ramón Rodríguez Arribas, Roberto GarcíaCalvo, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado) Fuentes del Pleno aseguraron que han sido numerosos los intentos por llegar a una resolución consensuada (se han debatido más de cinco versiones de la ponencia redactada por Sala) aunque finalmente las posiciones han sido irreconciliables. La división del Tribunal en un asunto de tanta trascendencia resta autoridad, en opinión de algunas fuentes, a la decisión mayoritaria. LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS Cuatro son los artículos del Código Penal contra los que 16 jueces han formulado un total de 187 cuestiones de inconstitucionalidad. decir, la ley modifica al alza sólo la pena mínima. Cincuenta y nueve cuestiones Cinco días para los votos La sentencia, cuyo texto se conocerá próximamente- -los magistrados discrepantes disponen de cinco días, a partir del próximo lunes, para redactar sus votos particulares- rechaza que la discriminación positiva que la ley integral hace extensiva al Código Penal vulnere el derecho a la igualdad. Ése es el punto de mayor fricción, aunque no el único, entre los siete magistrados que el 153.1 del texto punitivo, que impone penas más graves (entre seis meses y un año) cuando es un varón el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor Si el mismo delito lo comete una mujer, la pena oscila entre tres meses y un año. Es El que más acumula (127) es de inconstitucionalidad se refieren a los artículos 171.4 y 172.2 del Código Penal, referidos a amenazas y coacciones, de nuevo castigadas con prisión de entre seis meses y un año cuando el autor es un varón. firman la resolución y los cinco discrepantes. Según las citadas fuentes, la sentencia firmada por la mayoría recoge tesis que defendió en sus alegaciones el fiscal, también partidario de declarar la constitucionalidad de la ley de violencia machista. La Fiscalía se apoyaba en resoluciones del propio TC y citaba alguna sentencia en la que el Tribunal consideró acorde con el artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad) la desigualdad de trato prevista por las leyes siempre y cuando exista una justificación objetiva y razonable para ello En este sentido, la Fiscalía aseguraba que la imposición de penas superiores cuando el agresor es el varón no resulta carente de una justificación objetiva y razonable desde el momento en el que la conducta castigada encierra un desvalor añadido, un plus de antijuricidad, al ser expresiva de determinadas relaciones de poder y sometimiento del hombre sobre la mujer Las agresiones del varón sobre su pareja o ex pareja no sólo se producen en una proporción abrumadoramente superior sino que además implican, según el fiscal y ahora la sentencia, el desconocimiento por parte de aquél de los derechos más fundamentales de las mujeres. Según esta tesis, es ese comportamiento- -y no la discriminación positiva prevista por la ley de violencia- -el que pone en peligro el derecho a la igualdad que protege la Constitución. De hecho, el agresor varón no acepta el derecho de la mujer a actuar como crea conveniente y por ello no duda en atentar contra su libertad, integridad, su vida La constitucionalidad de la desigualdad en el trato penal estaría garantizada también en la proporcionalidad de dicha medida con respecto a la finalidad que se persigue, que no es otra que la de erradicar uno de los mayores fenómenos delincuenciales de nuestro tiempo Plus de antijuricidad se han planteado dudas de constitucionalidad es el 148.4 del Código Penal (una única cuestión) que castiga con penas de prisión de entre 2 y 5 años las lesiones si, entre otros supuestos, la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia El último artículo sobre el que Los empresarios sólo emplean a los discapacitados para puestos menores ESTHER DE LEÓN MADRID. Los empresarios asocian a las personas discapacitadas al desempeño de puestos de menor cualificación según el estudio sobre la inserción laboral de las personas discapacitadas elaborado por la Fundación Once y la Fundación Manpower. Sólo el 68 por ciento de las empresas que nunca se han planteado contratar discapacitados conocen que las compañías de más de 50 trabajadores tienen que reservar un 2 por ciento de los puestos de plantilla a discapacitados. El conocimiento o desconocimiento de la Ley de Integración Social y Laboral de los Minusválidos (Lismi) y las medidas alternativas (Medalt) parece no servir de nada para motivar a la contratación de personas discapacitadas. La ley es interpretada más como una forma de convivencia en la empresa que como una obligación legal señala el informe. De hecho, los criterios principales para la contratación de discapacitados son los motivos de integración, antes que los económicos o legales. Los discapacitados pueden aportar talento a la empresa y ésta darles la oportunidad de ser autónomos dijo Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Once. Un gran ejemplo de superación es Fernando Riaño. A pesar de su discapacidad visual severa, es director de Igualdad y Diversidad de Barclays España y destacó: Debemos valorar la capacidad y no la discapacidad