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28 ESPAÑA La guerra del agua s Iglesias cede a las presiones JUEVES 15 s 5 s 2008 ABC Aragón recurrirá ante el Constitucional el decreto del trasvase a Barcelona Además, exigirá al Gobierno que anule la obra, al haber pasado la emergencia hídrica ROBERTO PÉREZ ZARAGOZA. El Gobierno aragonés, presidido por el socialista Marcelino Iglesias, llevará finalmente al Tribunal Constitucional el decreto que autorizó el trasvase de agua del Ebro a Barcelona. La decisión la adoptará hoy, oficialmente, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional, que se reunirá en sesión extraordinaria para acordar las medidas jurídicas contra el contenido de dicho decreto. Ayer, fuentes del Gobierno aragonés confirmaron a ABC que finalmente se presentará el recurso de inconstitucionalidad, no contra el trasvase autorizado- -que el Ejecutivo regional y sus servicios jurídicos no reconocen que sea un trasvase- sino contra el artículo 3 de dicho decreto. Es el que contempla una posible compra- venta de derechos de agua de la que podría haber hecho uso Cataluña. El presidente aragonés afirmó ayer que el recurso contra ese artículo trata de impedir que se abra un mercado del agua en España No será la primera vez que la Comunidad Autónoma de Aragón adopta una medida de este tipo. Ya lo hizo contra ese mismo aspecto que contemplaba la Ley del Agua. En 1999 y en 2001 se presentaron sendos recursos por ese motivo. El Gobierno aragonés sigue sin hablar de trasvase en términos legales. Apoyado en los informes de su Comisión Jurídica Asesora, lo considera únicamente como la prolongación del mini- trasvase ya existente en Tarragona. Pero sus servicios jurídicos le han abierto la puerta para salvar la comprometida posición política en la que ha quedado la coalición PSOE- PAR. Sin necesidad de reconocer que la obra autorizada es un trasvase, pueden recurrirla por la compra- venta de los derechos de agua. Y, además, las lluvias no sólo han dado un respiro hídrico a Cataluña, sino también otro político al Gobierno aragonés. Los embalses de las cuencas internas catalanas, y en particular los que abastecen a la Ciudad Condal, han aumentado significativamente sus reservas en los últimos días y han salido de la situación de emergencia. Por eso, el Gobierno aragonés va a reclamar la inmediata anulación del decreto- ley que autoriza el trasvase a Barcelona. En términos jurídicos, va a reclamar que quede sin vigencia. Marcelino Iglesias afirmó ayer que, la víspera, ya le había comunicado esta posición al presidente de la Generalitat, José Montilla. Pero anunció que van a trasladarla de nuevo formalmente. Al mismo tiempo que piden al Gobierno central que deje sin efecto el decreto del trasvase a Barcelona, van a decirle a la Generalitat que no hay soporte legal para la obra Según remarcó el presidente aragonés, si no hay emergencia, no hay decreto; si no hay emergencia, no hay proyecto Ya no es necesario, ya no es urgente, ya tenemos agua suficiente para que se abastezca Barcelona hasta que se resuelve un problema estructural que no soluciona esta obra (el trasvase) sino la desaladora UPyD pide que sólo el Estado regule los recursos hídricos El grupo Parlamentario Mixto UPyD ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España, y para que sea el que promueva las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, informa Europa Press. La proposición no de ley destaca que, ante la batalla existente entre las diversas comunidades autónomas por superar las graves disfuncionalidades en el actual marco de competencias sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos, el Estado debe ser el único capaz de velar por el interés general, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles. Este grupo parlamentario alega que todo esto se aplique en virtud del artículo 138.1 de la Constitución Española que dice expresamente que corresponde al Estado garantizar la realización, no cualquiera, sino efectiva, del principio de solidaridad. En el texto de la proposición, al que tuvo acceso Europa Press, UPyD manifiesta los motivos que le han llevado a proponer esta medida, entre los que destaca el que, a pesar de la claridad con la que la Constitución regula este principio, en estos últimos años se está asistiendo a unas manifiestas y palpables disfuncionalidades del Estado de las autonomías. No hay soporte legal Las tuberías del trasvase a su paso por Tarragona que entrará en servicio dentro de un año afirmó Marcelino Iglesias. Subrayó que el propio decreto- ley prevé su propia anulación si el problema no existe; si EFE la emergencia no existe, como es el caso, el decreto no tiene vigencia Y resaltó que las autoridades estamos obligadas a cumplir la ley, en Aragón y en Cataluña Ha terminado la emergencia Pena mínima al agresor sexual de una niña por proceder de la selva de Ecuador I. RODRÍGUEZ DE LA TORRE VALENCIA. Rolando Cáceres tenía 24 años y vivía en Getafe- -Madrid- Lizbeht R. 12 y reside en la provincia de Valencia. Desde 2004 y durante cerca de dos años mantuvieron relaciones sexuales completas de manera regular amparadas en un noviazgo completamente normal en el país del que ambos son originarios, Ecuador, pero no consentidas por la legislación española, que las prohíbe totalmente. El Código Penal considera delito el sexo con menores de 13 años. Por eso, a Rolando la Audiencia Provincial de Valencia le ha condenado por un delito de abuso sexual. Pero le impone sólo dos años de prisión y no los ocho que solicita el fiscal porque considera que su formación cultural propia de su origen de la selva ecuatoriana justifica el desconocimiento de la ley y le exime parcialmente de la responsabilidad derivada de su incumplimiento. Sin pretenderlo, la sentencia alimenta el debate sobre el contrato de integración propuesto por el PP en su programa electoral- -del que el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, ha hecho bandera- y la procedencia de que los inmigrantes reciban formación específica en cultura, tradición, costumbres y legislación española. Porque en el supuesto de haber conocido las leyes de aquí, la condena a Rolando hubiera sido mayor. En este caso, su desconocimiento le beneficia. Dice la Sección Primera que Rolando, nacido en Chunchi, no tenía afectadas sus facultades mentales y que su coeficiente intelectual era normal añade que conocía que su novia era menor, aunque aparentara más edad por su físico y por su marcada personalidad que pudo ser constatada por el Tribunal por el desparpajo y naturalidad con los que se expresó cuando declaró; dice también que el consentimiento de la niña no legitima las relaciones íntimas ni aún en el caso de que fuese ella quien llevase la iniciativa porque al tener menos de 13 años la legislación española considera que es incapaz de autodeterminarse respecto del ejercicio de su libertad sexual Pero añade que él creía que las relaciones que manteía con la menor eran lícitas porque tiene bajo nivel cultural y es originario de la selva de Ecuador donde son habituales los noviazgos de chicos de 20 años con niñas de 11 ó 12 con las que incluso contraen matrimonio Sin embargo el Código Penal español habla de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. No es que Rolando desconociera la pena que lleva aparejada su actuación sino que ni siquiera sabía que lo que hacía estaba mal. Es por ello que de haberlo sabido, su castigo habría sido mayor.