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4 EDITORIALES DOMINGO 11 s 5 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DESACELERACIÓN DE LA JUSTICIA n cuanto ha tenido la primera ocasión, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sehasumado alamoda gubernamental de degradar el lenguaje y esconder la realidad en eufemismos. Al final, con ETA no hubo negociación política; el trasvase a Barcelona no es trasvase; la crisis económica no es tal, y, según el ministro Fernández, el colapso de la Justicia no es más que retraso. Y no sólo exageran jueces, secretarios judiciales, abogados y hasta el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, sino que la culpa de la situación de la Justicia la tiene, en todo caso, Franco. Algo se ha ganado: la culpa ya no es de Aznar. El programa socialista de 2004 prometió que los españoles que pleitearan tendrían sentencia firme en dos años como máximo. Escrito está. El Gobierno no sólo no cumplió esta promesa, sino que dedicó los cuatroaños desu primer mandato aasaltar políticamente el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Las consecuencias se miden con el colapso de la ejecución en los juzgados penales, el desánimo de los funcionarios judiciales y el desmedido protagonismo negativo que están ganando los problemas de la Justicia. Pero el ministro Fernández, émulo de su vicepresidente económico, ha encontrado la solución en el juego de palabras. No se trata de inyectar dinero, ni de reformar laoficina judicial, ni de informatizar la Justicia. La solución es que el ciudadano se dé cuenta de que los juzgados no están colapsados. Simplemente han entrado en desaceleración. E UN GOBIERNO SIN PROYECTO E confirma cada vez más la impresión de atonía causada por Rodríguez Zapatero en el debate de investidura. Una vez superado el impacto mediático del primer momento, el Gobierno no tiene casi nada que ofrecer a los ciudadanos. El presidente no ha superado todavía el síndrome poselectoral y las cuestiones que preocupan de verdad a la opinión pública continúan a la espera de las decisiones imprescindibles. El equipo económico del Ejecutivo anuncia una y otra vez las mismas medidas que nunca terminan de ponerse en práctica. Mientras los titulares de Interior y de Trabajo hacen declaraciones sobre la inmigración que tampoco se concretan en nada. Otros ministros no han vuelto a hacer acto de presencia desde la toma de posesión y los departamentos siguen paralizados en medio de un goteo de nombramientos y de reformas orgánicas. Agotada la agenda social en la pasada legislatura, el PSOE no tiene un programa de medidas positivas que ofrecer a los españoles y, como es notorio, prefiere huir de aquellos asuntos conflictivos que no puede convertir en una operación de propaganda para su mayor gloria y beneficio. Por ahora, vive de distraer la atención hacia los debates internos del PP, liberándose así del desgaste que produce una acción efectiva de Gobierno. Rodríguez Zapatero está dispuesto a utilizar en provecho propio las discrepancias en el seno de la oposición, al tiempo que controla con mano férrea la situación en su propio partido. En definitiva, el presidente del Gobierno hace política en el sentido más estrecho y oportunista del término, pero no está dispuesto a tomar decisiones en serio con la eficacia y el sentido de la responsabilidad que exigen las circunstancias sociales y economicas. La comparecencia de la vicepresidenta Fernández de la Vega ante el Congreso de los Diputados es la mejor S prueba de que estamos ante un Gobierno sin proyecto que lanza cortinas de humo para disfrazar su alarmante falta de ideas. La última novedad es dar otra vuelta de tuerca a la laicidad, porque cualquier gesto que incomode a los católicos se presenta como un guiño hacia los sectores radicales, sin que les importe vulnerar la Constitución o los acuerdos Iglesia- Estado. El anuncio de un plan de derechos humanos es la prueba más llamativa de la inconsistencia del programa gubernamental. Los derechos fundamentales se reconocen en la Constitución y se desarrollan en las leyes, y todo lo demás son fuegos artificiales en una política de cara a la galería que no produce ningún beneficio tangible. El Ejecutivo pretende sobrevivir a base de ocurrencias más o menos ingeniosas, pero una sociedad desarrollada y compleja exige de sus gobernantes mucho más que retórica sin contenido. Los problemas siguen ahí y algunos empiezan a ser ineludibles, como la respuesta firme e inequívoca del Estado de Derecho ante el desafío soberanista de Ibarretxe. Una cosa es que la democracia mediática sea un fenómeno característico de nuestro tiempo y otra muy distinta es que todo se reduzca a una política de imagen para salir del paso. Donde se juega de verdad la credibilidad de un gobierno es en esa letra pequeña de la gestión diaria, orientada por la eficacia y el sentido común. Todo esto se echa de menos en un equipo que agota su periodo de gracia dejando una impresión muy preocupante. Como demostró a lo largo de la pasada legislatura, Rodríguez Zapatero es especialista en eludir los problemas reales y en provocar conflictos artificiales. La opinión pública contempla la situación con un creciente malestar, porque el Gobierno no ejerce su responsabililidad y afronta la legislatura sin el respaldo de un proyecto serio para el futuro de España. EL PRECIO DE LA LUZ n temblor recorre España: la luz podría subir un 20 por ciento en junio después de haberse incrementado un 3,3 por ciento en enero, consecuencia de jugar con la tarifa eléctrica para alcanzar fines ajenos, tanto económicos- -la contención artificial de la inflación- -como políticos- -rediseñar el mapa empresarial- El porcentaje de subida anunciado y que el Gobierno, obviamente, reducirá de manera sustancial, es la mejor manifestación del fracaso de la política energética de un Gobierno que- -preso de su demagogia nuclear, mientras el precio del gasóleo dispara todas las alarmas internacionales- -sueñaconlasenergíasalternativas hastaqueelcostepresupuestariosehace inasumible y provoca graves crisis alimentarias, ignora la defensa del consumidor y opta por campeones nacionales que luego sucumben ante empresas públicas extranjeras. Y para colmo, la Comisión Nacional de la Energía se pone ahora a presumir de independiente y anuncia subidas estratosféricas en plena crisis. Sería más legítimo si se hubiesen anunciado antes de las elecciones y después de alguna dimisión. U