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20 ESPAÑA Caos en la Justicia JUEVES 8 s 5 s 2008 ABC ta en el sentido que Javier Martínez Lázaro ha solicitado por escrito a la Permanente. A la vista de la alarma social que han provocado las cifras, el CGPJ aclarará que la mayoría de los 269.405 expedientes pendientes están, en realidad, en trámite, y no atascados. De hecho, la ejecutoria de una condena a 20 años de prisión, por ejemplo, permanece abierta- -y pendiente- -hasta que el reo termina de cumplir su pena. Lo mismo ocurre con las retiradas del permiso de conducir, las multas o los pagos a plazos de la responsabilidad civil. En el escrito remitido a la Permanente, Martínez Lázaro también señala que en los últimos años, los expedientes en trámite han descendido porque se ejecutan más sentencias de las que se registran. En 2007 entraron 348.597 sentencias penales y se resolvieron 425.850. Las cifras sobre ejecutorias, sin embargo, han provocado reacciones diversas. El vicepresidente y Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, solicitó al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que piloten la urgente y necesaria gran reforma que hay que hacer en la Administración de Justicia ya que considera que se ha quedado anclada en el pasado Bermejo tiene previsto comparecer hoy. Mientras, el portavoz del PP en el Senado, Agustín Conde, pidió la comparecencia de Fernández Bermejo ante la Cámara Alta. Desde Comisiones Obreras, el responsable del sector, Javier Hernández, aseguró que los políticos son los únicos responsables de lo que considera una situación grave sobre la que los funcionarios llevan años alertando. Leve mejora La Inspección ha denunciado la sobrecarga de trabajo que soportan los juzgados encargados de ejecutar sentencias ÁLVARO RIVERO El presidente de la Abogacía cifra en un millón el total de sentencias pendientes Carlos Carnicer se refirió a las resoluciones en trámite de ejecución de las cinco jurisdicciones, no sólo la Penal s El CGPJ estudia hoy el informe de la Inspección S. SANZ N. COLLI MADRID. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) Carlos Carnicer, se refirió ayer al informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el inabarcable trabajo que soportan los jueces de ejecutorias para ofrecer otro dato significativo de la complicada situación de estos juzgados. Así, si bien la investigación del CGPJ cifró en 269.405 el número de resoluciones penales aún en trámite de ejecución, Carnicer hizó una extrapolación incluyendo el resto de jurisdicciones. Contando el orden jurisdiccional Civil, Contencioso- Administrativo y Social, hay en total seguramente un número superior a un millón de ejecutorias sin resolver manifestó el presidente de los abogados. Carlos Carnicer realizó esta aproximación con motivo de la presentación del III Barómetro Interno del CGAE. Según este estudio, el 71 por ciento de de 3.492 abogados en ejercicio consultados cree que la Administración de Justicia en España funciona mal o muy mal, una valoración un 6 por ciento peor que la registrada en el año 2005. La situación de los juzgados dedicados en exclusiva a hacer cumplir las sentencias (que son quince y se reparten entre Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián) será objeto de debate hoy en la Comisión Permanente del CGPJ, que tiene sobre la mesa el informe de su servicio de Inspección. Fuentes del grupo mayoritario del órgano de gobierno de los jueces han indicado que la Permanente debería acoger las propuestas de la Inspección e instar su inmediata puesta en marcha al Ministerio de Justicia y a las Comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. En medios de la minoría, sin embargo, se inclinan por tomar conocimiento de las medidas que aconseja el informe con el fin de estudiar si se deben o no aplicar. En lo que sí parecen estar de acuerdo los vocales de los dos grupos es en emitir una no- EL DENUNCIANTE DENUNCIADO Un vocal pide al CGPJ que investigue el juzgado de ejecutorias de López- Palop por su baja productividad pese a que tiene menos carga de trabajo que otros POR N. C. MADRID. De denunciante a denunciado. De héroe a villano. Santiago López- Palop- -el juez que denunció en varios medios de comunicación la situación de los juzgados especializados en ejecutar sentencias (él es titular del número 2 de Madrid) y provocó que el Consejo General del Poder Judicial encargara un informe- -ha resultado ser uno de los que menos contribuyen con su trabajo a mejorar la imagen de la Justicia. O al menos así se desprende de un escrito que el vocal del CGPJ Javier Martínez Lázaro ha dirigido a la Comisión Permanente, la que hoy tiene que aprobar el informe de la Ins- Encuesta negativa pección que denuncia la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados especializados en ejecutar resoluciones. Asegura Martínez Lázaro que la productividad de estos juzgados ha mejorado mucho desde que se pusieron en marcha, allá por 2005, los planes de refuerzo. Gracias a ellos, se han resuelto anualmente más asuntos de los ingresados Pero hay excepciones que confirman la regla. Y una de estas excepciones es, precisamente, el órgano del que es titular López- Palop. Pese a los planes de refuerzo y pese a que es el que menos ingreso de trabajo soporta cada año (1.886 asuntos en 2007 frente a la media de 4.000 de los juzgados especializados de Valencia, Barcelona o Palma de Mallorca) el número 2 de Ejecutorias de Madrid no cumple con los módulos de trabajo establecidos por el CGPJ. En 2005 sólo resolvió el 73 por ciento de su módulo mínimo de trabajo; en 2006, el 91 por ciento; y en 2007, el 81 por ciento. Otros jueces superaron el 150 por ciento de rendimiento. Por esta razón, fuentes del Consejo no descartaron que la Comisión Permanente acuerde hoy que se inspeccione este juzgado. En sintonía con el informe emitido por el Servicio de Inspección, Martínez Lázaro también se muestra partidario de que, antes de aprobarse nuevas medidas de refuerzo, se realice una investigación exhaustiva en aquellos juzgados donde los planes de apoyo han resultado inútiles. La raíz del problema puede ser otra.