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4 EDITORIALES JUEVES 8 s 5 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera COLAPSO JUDICIAL A EUROPA SE ATASCA CON LA INMIGRACIÓN OS veintisiete Estados miembros de la Unión Europea no pudieron cerrar ayer un acuerdo para implantar definitivamente una política común contra la inmigración ilegaly acordarondarse mástiempopara lavotación definitiva. Después de varios años de negociación, que ha desembocado en una propuesta más contundente, aunque no lo suficientepara algunos países, quela inicialde 2005, laUE ha vueltoa atascarse con un texto quebusca la convergencia delas políticas nacionales sobre aspectos tan complejos como el internamiento y el retorno de extranjeros sin papeles. El proyecto de la directiva de retorno contaba de antemano con la oposición de algunos grupos del Parlamento Europeo y de numerosas organizaciones no gubernamentales, que denuncian el giro de Europa hacia la mano dura con la inmigración ilegal. Y, en efecto, se tratade un textoque prevé medidas severas contra unos residentes extranjeros sin papeles que, si se aprueba y se incorpora a las legislaciones nacionales, podrían permanecer internados hasta dieciocho meses y con la prohibición por cinco años de regresar a Europa después de su expulsión. Estas y otras previsiones demuestran que, aun a falta de un acuerdo definitivo entre los gobiernos europeos, todos coinciden en debatir políticas firmes y disuasorias para hacer frente ala inmigración ilegal. Ciertamente, algunas medidas dela propuesta de directiva son duras y su adaptación a las legislaciones nacionales plantearíaproblemas jurídicos, comoen España, donde la doctrina judicial y constitucional, además de la política del Gobierno socialista en la anterior legislatura, ha equiparado en muchos aspectos los derechos de los inmigrantes ilegales con losdelos legales. Desdelacumbre de Tampere, en 1999, la UE estaba buscando esta política común, y si ahora empieza a tomar cuerpo en planteamientos tan restrictivos como los de la propuestade directiva deretorno sedebe a la tardanza en afrontar el problema con realismo. Cuanta más dilación, más graves serán las decisiones que deban tomar los Gobiernos estatales y las instituciones europeas. Por L tanto, aun aceptando que no cabe congratularse de medidas que tendrían, si fueran aprobadas, un duro coste en la vida de personas, hay que reconocer que había que llegar a este proceso de convergencia normativa. En todo caso, el debate migratorio entre los 27 tiene un efecto inmediato en la política española, porque el Gobierno de Zapatero mantiene su apoyo al proyecto de directiva de retorno lo que demuestra su doble rasero con la inmigración ilegal. El presidente del Gobierno se ha caracterizado por tener un discurso en España distinto del que empleaba en Europa, donde le han pasado al cobro la factura de la regularización masiva de 2005. Mientras de puertas adentro Zapatero y el PSOE acusaban al PP de azuzar la xenofobia por proponer un contrato de integración o una ley que prohíba las regularizaciones en masa, el jefe del Ejecutivo se comprometía por lo bajo con sus colegas europeos, como Sarkozy, a no dar más papeles a todos y a impulsar repatriaciones colectivas. En buena medida la voluntad de los Estados miembros de poner nuevos límites a la inmigración ilegal viene estimulada por la irresponsabilidad de la política migratoria del PSOE. Aún en campaña electoral, Zapatero se atrevía a reprochar a Rajoy unas promesas electorales, como el contrato de integración, que, comparadas con las que ha avalado el Gobierno socialista en Bruselas, no pasan de pueriles. No en vano, y ante la evidencia de que el progresismo de salón que exhibía Zapatero con la inmigración no da soluciones, el nuevo titular de Trabajo, Celestino Corbacho, utiliza ahora un discurso aparentemente más severo. Aunque, una vez más, la falta de seriedad quedó patente cuando el ministro admitió ayer mismo que desconocía qué iba a votar su Gobierno en Europa. Así no es posible tener una política seria sobre inmigración, ni un Gobierno fiable en un asunto que está obligando a los 27 Estados de la UE a ponerse de acuerdo y que exigirán a España la lealtad que no tuvo en la anterior legislatura. BC anticipó hace unos días la gravísima situación de la Justicia penal en España, expuesta en los informes del Consejo General del Poder Judicial. Una vez hechos públicos los datos, es llamativo que el órgano de gobierno de los jueces utilice un término tan rotundo como es inabarcable para calificar el trabajo de los jueces de ejecutorias. La expresión no es exagerada a la vista de los 269.405 asuntos pendientes. Los jueces arrojan la toalla y se sienten incapaces de poner orden en el caos. A su vez, el Gobierno se limita a colocar parches aquí y allá anunciando proyectos de modernización que nunca se traducen en medidas eficaces. Parece que lo único importante para el Ministerio y el Grupo parlamentario Socialista es renovar a los integrantes del Consejo y desbloquear así un problema concreto que no resuelve ni mucho menos la cuestión de fondo. Por eso es lógico que el PP insista en hablar primero de los asuntos importantes, y no empezar la casa por el tejado. No se trata sólo de casos que causan un fuerte impacto por su especial dramatismo, sino de la vida cotidiana de millones de ciudadanos, pendientes de que se lleven a buen término las resoluciones judiciales. Fernández Bermejo tiene mucha prisa en exhibir una lista de nombres como producto del acuerdo de los dos grupos mayoritarios y poner así en marcha la designación del presidente del Consejo, que es a la vez presidente del Tribunal Supremo. Sin embargo, lo urgente sería atender de una vez las necesidades inaplazables de los ciudadanos. HILLARY RESISTE PESE A TODOS arack Obama está a menos de doscientos delegados de la candidatura demócrata tras su victoria en Carolina del Norte, pero la empecinada resistencia de Hillary Clinton- -que ganó por un estrecho, pero vital, margen en Indiana- -impide que el senador de Illinois pueda centrarse en las elecciones presidenciales. Obama ha remontado el exaltamiento verbal de su mentor religioso y adelanta a Clinton por 150 delegados, además de no encontrar dificultades para recaudar fondos; Hillary Clinton, por el contrario, ha gastado 6,5 millones de dólares de su bolsillo para ir a rebufo de un rival contra el que ha utilizado toda la artillería política imaginable y conseguir únicamente que buena parte de sus seguidores declare que votaría antes al republicano McCain que a Obama, todo un logro para la senadora de Nueva York. Con 217 delegados en juego, Clinton no puede ganar, pero la ex primera dama parece decidida a forzar la decisión de los superdelegados en Denver, aun pasando por encima de los intereses demócratas. B