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ABC MIÉRCOLES 7- -5- -2008 El colapso de la Justicia s El informe del CGPJ LAS PROPUESTAS DE LA INSPECCIÓN ESPAÑA 27 Cada juzgado de ejecutorias tiene pendiente o en trámite una media de 5.723 expedientes Medidas de refuerzo La Inspección del Consejo General del Poder Judicial cree que deben aprobarse medidas de refuerzo en cuatro de los cinco juzgados de ejecutorias de Madrid. En concreto, un magistrado y un secretario en comisión de servicios. Al mismo tiempo, se requiere el apoyo de los propios funcionarios a través de la correspondiente prórroga de jornada En Barcelona, Valencia y Bilbao, propone que se mantengan las medidas actualmente concedidas. En palma de Mallorca, un magistrado y un secretario judicial en comisión de servicios así como un refuerzo de 15 funcionarios. En San Sebastián, tres funcionarios más. Inspección propone pedir al Gobierno y a las Comunidades con competencias transferidas que se cubran las plazas vacantes por personal titular o, en su caso, que se forme adecuadamente al personal interino. Sistema informático Urgente implantación de un sistema informático específico para la gestión de los procedimientos de ejecutorias. Se establecerían alarmas que permitirían a magistrados, secretarios y funcionarios percatarse de las incidencias que se produzcan en la tramitación del expediente. Madrid están un 21 por ciento por encima de lo que el Consejo considera una carga de trabajo racional; un 52,24 por ciento en Barcelona; un 80 por ciento en Bilbao; y un 4,1 por ciento en San Sebastián. La aparente feliz situación del único juzgado de ejecutorias de San Sebastián se debe a su particular sistema de organización, con dos secretarios judiciales. En palabras del informe, la distribución del trabajo es mucho más eficaz y mayor el control sobre las labores que desempeñan el resto de los funcionarios. Pese al oscuro panorama que pintan las cifras, el Servicio de Inspección asegura que, durante los tres años analizados, la actividad resolutoria de los órganos especializados en la ejecución de resoluciones ha sido elevada A excepción de Palma de Mallorca y San Sebastián, los demás juzgados han Oficina judicial Implantación de una oficina judicial inspirada en el modelo que se aprobó en la reforma de 2003. Por último, creación de una comisión técnica mixta que impulse todas estas medidas. Funcionarios interinos Dada la importancia porcentual de funcionarios interinos destinados en estos juzgados, la Buena tasa de resolución conseguido sacar adelante la misma cantidad de papel que han ingresado cada año. Asimismo, destaca cómo la creación de estos juzgados ha supuesto una importante disminución en la carga competencial que soportan el resto de los juzgados penales ordinarios pues les ha liberado de la función de ejecutar lo juzgado. El porcentaje de asuntos pendientes y en trámite de ejecución está lejano de lo que podría conceptuarse dentro de parámetros normalizados seña- la el informe. Pese a ello, destaca cómo las medidas de refuerzo que se han ido adoptando han contribuido a que la situación no empeore aún más. Por ello, la Inspección propone también que se mantengan las medidas de apoyo que tienen concedidas en la actualidad los juzgados de ejecutorias de Barcelona, Valencia y Bilbao; y que se adopten nuevas (según los casos, designación de magistrados, secretarios judiciales y funcionarios como refuerzo) en los de Madrid, Pal- ma de Mallorca y San Sebastián. Junto a las medidas de refuerzo, a la cobertura de las plazas por funcionarios titulares (o, al menos, una correcta formación de los interinos) y a la creación de un nuevo sistema de oficina judicial, la Inspección propone también la implantación de un sistema informático de gestión procesal específico para este tipo de órganos, que permita controlar las distin- Sistema informático urgente tas fases procesales de los procedimientos La ausencia de esta esencial herramienta de trabajo es una de las carencias más significativas que presentan estos juzgados. La pronta implantación de un sistema informático específico es necesaria e imperiosa pues permitiría establecer alarmas y avisos automáticos sobre las distintas incidencias del procedimiento de ejecución. De haber existido, probablemente se habría podido evitar que el ingreso en prisión de un pederasta condenado como Santiago del Valle se dictara con dos años de retraso. De hecho, un sistema informático adecuado prevendría al magistrado sobre prescripciones de buscas y capturas, liquidaciones y licenciamientos de penas privativas de libertad, suspensión de condenas, incumplimiento de pago de multas y otras incidencias. La última propuesta de la Inspección se refiere a la creación de una comisión técnica mixta (CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades autónomas) para lograr el desarrollo de las medidas que propone el informe. ABC. es Contenido íntegro del informe del CGPJ en www. abc. es