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ABC MARTES 29 s 4 s 2008 El secuestro del pesquero español s La Justicia entra en escena ESPAÑA 17 El juez centra la investigación en localizar a los piratas y no en el pago del rescate Los tripulantes del Playa de Bakio prestarán declaración como testigos ante la Audiencia Nacional SEGUNDO SANZ MADRID. El titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Andreu, ha abierto diligencias previas para investigar el secuestro del atunero español Playa de Bakio perpetrado por un grupo de piratas en aguas de Somalia, al considerar que éstos podrían haber incurrido como autores en un delito de piratería, informaron fuentes jurídicas. Sin embargo, precisaron las mismas fuentes, el grueso de las actuaciones irán encaminadas, sobre todo, a la búsqueda y detención de los corsarios, tarea que se reconoce de antemano de una notable dificultad. Así, aunque el pago del rescate (750.000 euros, según Andrew Mwangura, responsable de un programa de asistencia a marineros) también será abordado en la investigación, no supondrá el primer objetivo de la misma. Este enfoque se debe, informaron fuentes jurídicas, a que el pago podría no ser considerado delito, bien de asociación ilícita o bien de colaboración con banda armada, puesto que cabría la eximente de miedo insuperable por parte del autor o, en su caso, autores de la entrega del dinero. De momento, todavía no han trascendido detalles sobre quién o quiénes estuvieron detrás del pago. Tanto desde el Gobierno como desde el armador el mutismo en relación a esos 1,2 millones de dólares aportados, cantidad también citada por fuentes oficiales somalíes, ha sido la tónica dominante. Por su parte, el portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Popular (PP) Gustavo de Arístegui, apeló ayer a una mayor transparencia y exigió saber quién ha pagado el rescate y quién lo ha propiciado En declaraciones a Onda Cero, Arístegui dijo que desde luego, nosotros le vamos a preguntar al Ejecutivo qué tipo de intervención ha tenido en la solución de la crisis, porque la negociación de un Gobierno con una organización criminal es perfectamente inaceptable El sábado, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió que comparezcan en la Cámara Baja los responsables ministeriales implicados en este asunto, después de que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se limitara la víspera a señalar que la salida de la crisis llegó tras la acción coordinada y conjunta del Ejecutivo con el armador del barco, y una intensa labor diplomática En el frente judicial, dentro de las diligencias previas abiertas por el juez, con las que ya se prepara un marco jurídico en previsión de que lleguen a producirse esas quiméricas detenciones de los piratas somalíes, también serán citados a decla- SEGUIMIENTO EN EL JUZGADO -21 de abril. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el juez Fernando Andreu, decide ponerse en contacto con la Policía para que en todo momento le informara con detalle de cuanto ocurría en aguas de Somalia. Apenas unas horas antes había saltado la noticia en los medios de comunicación del secuestro de un atunero español por parte de un grupo de piratas habituales en la zona. -25 de abril. Los 26 tripulantes del Playa de Bakio recuperan la libertad tras varias jornadas de cautiverio. Ese mismo día, el magistrado, que se encontraba cubriendo el turno de guardia, decide la apertura de manera oficial de diligencias previas para investigar los hechos. Sin ser instado a ello por el Ministerio Fiscal, el juez Andreu adopta esta decisión una vez cuenta en su poder con un informe que al respecto había sido elaborado por la Policía. -Lo próximo. Serán citados a declarar en calidad de testigos tanto los marineros del barco español como el armador. Esto se producirá una vez pase un tiempo prudencial para que los tripulantes se recuperen de la presión a la que han sido sometidos por parte de los secuestradores. Pasarán por las dependencias de la Audiencia Nacional tantos los 13 españoles- -ocho gallegos y cinco vascos- -como sus compañeros africanos. Marco jurídico rar en calidad de testigos los 26 componentes de la tripulación del atunero- -13 de ellos españoles- así como al armador del mismo. Estas citaciones se producirán pasado un tiempo prudencial, puesto que ahora la prioridad es que descansen y se recuperen apuntaron fuentes de la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que fue el propio juez Andreu quien se interesó desde el primer momento por las responsabilidades penales que se puedan derivar de este asunto. Unas horas después de conocerse el secuestro, el 21 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 se puso en contacto con la Policía para que le pusieran al tanto del curso de los movimientos. Andreu decidió la apertura de la causa de manera oficial el sábado, día en que los marineros recuperaron su libertad, una vez había recibido un informe elaborado por la Policía y no a instancias del Ministerio Fiscal. El delito de piratería, que sería atribuible al secuestro del Playa de Bakio es competencia específica de la Audiencia Nacional, según aparece recogido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) En concreto, este precepto señala que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera Competencia específica El PP pide transparencia