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4 EDITORIALES MARTES 29 s 4 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera COLAPSO EN LA JUSTICIA PENAL os datos que ayer ofrecía ABC sobre el número de causas penales pendientes de ejecutar a finales de 2007 muestran con toda crudeza la saturación del sistema judicial. Con cerca de 270.000 asuntos sin ejecutar, lo milagroso es que no haya más episodios como el del presunto homicida de la niña Mari Luz Cortés. Siempre cabe exigir de los jueces, fiscales y funcionarios judiciales un plus de diligencia y selección para prestar una atención específica a este tipo de delitos de pederastia y contra la libertad sexual, de entre el cúmulo de condenas pendientes. Por eso, la saturación no exime de responsabilidad por las irregularidades que se están conociendo, y no siempre explica lo que no dejan de ser puras negligencias profesionales. Aun así, las condiciones objetivas de trabajo en los juzgados superan, en muchos casos, la capacidad de respuesta de los jueces. No obstante, y pese a la mala imagen que generan ciertos escándalos por irregularidades judiciales, el saldo de ejecuciones es mejor en 2007 que en 2005. El cuadro del juez ocioso y de funcionarios vagos no se corresponde, en absoluto, con la actitud de la inmensa mayoría y es profundamente injusta. Las causas de este bloqueo en la ejecución penal son diversas y hay que analizarlas con seriedad para que el Gobierno y el Parlamento tomen las medidas adecuadas y a corto plazo. La oposición tiene ante sí un terreno que lo reclama para fiscalizar al Ejecutivo, porque está en juego el crédito del Estado de Derecho, tanto o más que en las disputas sobre la renovación de órganos constitucionales. Las sentencias que no se cumplen carecen de cualquier efecto disuasorio sobre el condenado, pero también sobre los demás delincuentes. Ejecutar una sentencia no sólo es un deber legal, sino un imperativo político para que el sistema se haga respetar y los ciudadanos tengan confianza en las instituciones. El problema de la Justicia es que no recibe el trato político que merece. Después de dos legislaturas del PP carac- L terizadas por reformas orgánicas y procesales históricas- -como la Ley de Enjuiciamiento Civil o el procedimiento penal rápido- la primera de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un paréntesis muy negativo para la Justicia. Ha sido un tiempo precioso perdido porque el PSOE lo ha empleado en batallas por el control político de los centros del poder judicial- -Consejo General, Tribunal Constitucional, Ministerio Fiscal- con una indiferencia absoluta hacia sus necesidades de medios materiales y recursos humanos. Sin embargo, paralelamente a esa prioridad partidista en la acción del Gobierno hacia el Poder Judicial, la justicia penal ha sido recargada con procesos rápidos que han aumentado el número de condenas, con un sistema de protección especial a las mujeres maltratadas y con modificaciones del Código Penal que convertían en delito lo que antes era falta o, simplemente, una infracción administrativa, como ha sucedido en materia de circulación. Por un lado, se ha propiciado el incremento de sentencias de condena, pero, por otro, no se han hecho las reformas que precisa la Justicia penal para absorber toda esa tarea ejecutiva. La opinión general de jueces, funcionarios y abogados es que la ejecución penal requiere más juzgados que asuman en exclusiva esta función. Los que se han creado hasta el momento no son suficientes. Además, la oficina judicial debe ser desarrollada urgentemente sobre la base de la reforma aprobada, con un amplio respaldo, por el PP en su última legislatura. La informatización de la Justicia sigue siendo deficitaria en el capítulo fundamental de la información compartida entre tribunales, para conocer al momento la situación procesal de los condenados. La interinidad de los funcionarios, además, impide que los equipos se estabilicen y adquieran experiencia. Avisado está el Gobierno de cómo están las cosas en la Justicia, que ya han entrado en el apartado de su responsabilidad política. DESASTRE EN SANIDAD l ministro de Sanidad y Consumo riza el rizo de la incompetencia en la gestión de la crisis del aceite de girasol. Es sorprendente que Bernat Soria muestre su satisfacción por la rápida resolución del problema cuando los ciudadanos están perplejos y las empresas, indignadas ante la evidente torpeza ministerial. En efecto, si todo el aceite de girasol que hay en el mercado es seguro ¿por qué sólo se certifica que no hay riesgo en doscientas de las ochocientas marcas que se comercializan en España? De este modo, el Ejecutivo está lanzando una sospecha infundada sobre las demás y, como es lógico, los consumidores se abstendrán de comprarlas ante la falta de garantías. El director de la Agencia de Seguridad Alimentaria ha informado de que se han retirado 3.500 toneladas de este tipo de aceite, lo que demuestra que el asunto era mucho más serio de lo que reconocen las fuentes oficiales. Por lo demás, la salida de tono de este funcionario al asegurar que no está en el puesto para satisfacer la curiosidad de los periodistas merece un serio reproche de sus superiores, confirmando las razones para un cese más que merecido. El propio ministro no debe seguir en el cargo porque su actuación está siendo manifiestamente irresponsable, con grave perjuicio para un sector relevante de la economía española y para la tranquilidad de muchos millones de consumidores. E AMPARO A D LAS FAMILIAS espués de tantas noticias negativas, las familias numerosas recibieron ayer con satisfacción el apoyo del Supremo mediante una acertada interpretación de la normativa vigente sobre becas en centros escolares. A partir de ahora, la preferencia de este tipo de familias para obtener dichas ayudas alcanza tanto a los centros públicos como a los privados y concertados. Es un paso al frente en el esfuerzo que los representantes del sector vienen desplegando para conseguir que los poderes públicos cumplan el mandato que les impone el artículo 39 de la Constitución, según el cual deben desarrollar una política integral de protección. Sin embargo, la política familiar es una asignatura pendiente desde hace ya demasiado tiempo. Aunque se habla de vez en cuando de crear un ministerio específico, lo cierto es que el Estado y las comunidades autónomas no se han puesto de acuerdo para adoptar las medidas necesarias de orden social y económico, ni siquiera las referidas a facilidades en los transportes a las que hace también referencia esta sentencia. Ojalá estemos ante el primer paso de un nuevo enfoque de la política familiar.