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4 EDITORIALES DOMINGO 27 s 4 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera FRACASO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA L Ministerio de Sanidad y Consumo está realizando una pésima gestión en la crisis del aceite de girasol. Por una parte, el departamento que dirige Bernat Soria recomienda que no se consuma este producto por la existencia de una partida contaminada, procedente de Ucrania, en la que se han detectado hidrocarburos alifáticos, un compuesto con posibles efectos tóxicos y que se utiliza como disolvente. Para mayor alarma social, Sanidad asegura que no sabe qué empresas han embotellado el aceite con este producto contaminante, lo que convierte a todas las marcas en sospechosas a los ojos de los clientes potenciales. Por otra parte, sin embargo, los responsables ministeriales aseguran con tono voluntarista que no hay riesgo para la salud y que, incluso para quienes hayan consumido el aceite sospechoso, el peligro de contaminación es mínimo ¿En qué quedamos? La Agencia de Seguridad Alimentaria tiene que dar explicaciones claras y precisas a una opinión pública que muestra una lógica preocupación. Si se adopta una medida cautelar de efectos tan graves, las razones tienen que ser muy poderosas y es imprescindible que el ministro comparezca para aclarar todas las dudas y no simplemente- -como hizo ayer en Sevilla- -para llamar a la calma y decir que se está cerca de levantar la prohibición Si la alarma era infundada, Sanidad ha cometido un grave error que causa un enorme perjuicio a las empresas del sector y a otros ámbitos colaterales, como la hostelería o el comercio. Pero si el asunto es tan grave como podría llegar a ser, es una irresponsabilidad decir que no pasa nada y que el aceite contaminado está ya fuera de la cadena alimentaria o en fase de retirada. No sirve de excusa, por supuesto, que el producto se haya distribuido también en otros países de la UE o que sólo esté afectada una parte de la mercancía importada. En España se consumen al año unas 310.000 toneladas de aceite de girasol, lo que supone el 34 por ciento del consumo total REFLEXIÓN TRAS UN FINAL FELIZ E de aceites. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía permanece en el recuerdo la gravísima intoxicación por aceite de colza. Desde entonces, la sensibilidad social acerca de la calidad de los productos alimantarios ha crecido hasta situarse en los niveles propios de una sociedad desarrollada, muy exigente en este terreno. Las instancias oficiales encargadas de la seguridad de este sector deben ser conscientes de la grave responsabilidad que contraen cuando recomiendan que no se consuma un producto. Por mucho que utilicen un lenguaje edulcorado y burocrático, se crea una fuerte tensión que afecta a la vida cotidiana en las tiendas y los mercados, en los restaurantes o en la propia despensa familiar. Si la alarma es excesiva, el sector puede tardar meses en recuperar la confianza perdida, sobre todo porque existen opciones alternativas. De hecho, los hosteleros aseguran ya que no usarán aceite de girasol y las superficies comerciales proceden a su retirada, una medida prudente porque la salud está antes que cualquier otra consideración. Si es cierto, como ha dicho el ministro, que en España no puede entrar ese producto, resulta que se ha causado un perjuicio innecesario a muchas empresas y familias. Bernat Soria debería saber que la gente exige explicaciones rigurosas y no contradictorias. Si ese aceite no puede entrar en nuestro territorio, ¿por qué se toma la medida cautelar y se dice que próximamente se desvelarán las marcas afectadas? En vez de felicitarse por la supuesta eficacia de los servicios ministeriales, el ministro tiene que tener muy claro que los ciudadanos valoran muy negativamente su actuación. El hecho de que, según dice, sólo veinte personas hayan llamado en la mañana de ayer al teléfono oficial de información no es- -precisamente- -una prueba de que la gente esté tranquila, sino de que nadie tiene intención en este momento de consumir aceite de girasol. En definitiva, el Gobierno tendrá que responder ante este grave fracaso en la gestión de la crisis. J unto a la alegría por la liberación del pesquero Playa de Bakio es lícito empezar a extraer las lecciones de este lamentable incidente. Según la versión oficial, se ha llegado a una solución por medios diplomáticos en la que han colaborado los propietarios del buque. A la espera de conocer los pormenores de las negociaciones, si se confirmara, como anunció ayer Somalia, que se ha producido un pago de 1,2 millones de dólares, estaríamos ante un precedente que podría generar un grave efecto de emulación en una zona especialmente peligrosa. No cabe duda de que el desenlace de esta negociación se ha visto acelerado por el recuerdo que los secuestradores podían tener de lo que hizo recientemente Francia y el temor de que a ellos también les pasara lo mismo. Más allá de celebrar la puesta en libertad de los secuestrados, el resultado óptimo de esta crisis habría sido que los piratas hubieran sido capturados para ser juzgados y encarcelados en España, igual que les sucedió a los que atacaron el barco francés. La Armada, en todo caso, ha demostrado de nuevo que sus hombres tienen la profesionalidad y los medios necesarios para solventar situaciones como ésta. El Gobierno, que desoyó el mandato del Parlamento para que patrulleras españolas se desplazaran a la zona, conoce ya la verdadera dimensión de un problema que obliga a mantener una presencia disuasoria en aquellas aguas para evitar que en el futuro se repitan incidentes tan graves. OTRA VEZ CONTRA LA IGLESIA ientras los datos revelan la gravedad de la crisis económica, el Gobierno lanza cortinas de humo y hace guiños a los sectores radicales. El Consejo de Ministros ha ordenado a la Fiscalía investigar el convenio firmado en enero entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado, por el cual los sacerdotes de los hospitales formarán parte del comité de ética y del equipo de cuidados paliativos. Dice la vicepresidenta que los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas, pero no quiere enterarse de que ese convenio lleva once años en vigor y que una regulación similar ya se recomendaba a los hospitales en la época de Felipe González. Esta nueva embestida contra la Iglesia rompe el periodo de calma aparente posterior a las elecciones. El Ejecutivo no escarmienta: todo vale con tal de distraer la atención sobre los problemas reales, incluso poniendo en cuestión, injustamente, la labor abnegada que desarrollan los capellanes para prestar ayuda y consuelo a miles de enfermos. M