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ABC SÁBADO 26- -4- -2008 Dos hombres intentan secuestrar a un hijo de El Pocero en Seseña 15 La Iglesia cree que es una avalancha contra derechos fundamentales Sin los sacerdotes no habrá voces que se opongan a la cultura de la muerte L. D. MADRID. El Arzobispado de Madrid consideró ayer que la iniciativa del Gobierno de ordenar una investigación sobre el convenio que regula la asistencia religiosa en los hospitales públicos madrileños y la medida de la Fiscalía de recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ampara la objeción de conciencia, son una avalancha contra los derechos fundamentales Así lo definió la secretaria general de la Provincia Eclesiástica de Madrid, María Rosa de la Cierva. En concreto, señaló que con la apertura de una investigación sobre el acuerdo entre el Arzobispado y la Comunidad de Madrid, el Gobierno expresa su deseo de que no haya voces dentro de los comité de ética de los hospitales que se opongan a la cultura de la muerte Asimismo, criticó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pretenda intervenir en la sanidad madrileña cuando es una competencia que ha sido transferida a las comunidades autónomas. En esta línea, destacó que la asistencia religiosa a los pacientes no es ningún privilegio de la Iglesia sino un derecho de los ciudadanos a ser asistidos desde todos los puntos de vista, también el religioso El Gobierno tiene que respetar el ingente trabajo de los capellanes porque es una realidad como un templo apuntó. Con respecto a la decisión de la Fiscalía sobre Educación para la Ciudadanía, De la Cierva, quien también es miembro del Consejo Escolar del Estado, recordó que la Constitución reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, un derecho que esta asignatura no respeta ya que con sus contenidos se persigue la formación de la conciencia moral de los alumnos Para la religiosa, principios como la ideología de género son inaceptables De la Vega, una vez terminada la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros vo del Alto Tribunal un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que estimó el derecho a la objeción de conciencia de unos padres respecto de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) cuestionada por el Episcopado español. El caso se remonta a noviembre del año pasado, cuando dos padres recurrieron una resolución de la Junta de Andalucía contra el derecho a la objeción de conciencia de un hijo menor de edad sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y su consiguiente petición de asignatura alternativa a dicha disciplina. En su escrito, de 16 páginas, el fiscal del Tribunal Supremo considera que el tribunal andaluz realiza una detallada descripción sobre la libertad ideológica y sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero no aporta ningún argumento que concrete por qué se produce la vulneración de derechos que denunciaban los padres. Según la Fiscalía del Tribunal Supremo, que depende directamente de las directirces del fiscal general, Cándido Conde- Pumpido, esta indefinición de la resolución judicial impide conocer qué contenidos concretos de la mencionada asignatura podrían incidir en los derechos fundamentales invocados por los recurrentes. El fiscal basa su informe en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, en diversas sentencias, ha reconocido la potestad de los Estados para incluir asignaturas en sus programas educativos que aporten contenidos religiosos o ideológicos, siempre que estas exposiciones tengan un carác- CHEMA BARROSO ter divulgativo y aséptico, con el fin de proporcionar a los alumnos un nivel de conocimiento que les permita conformar sus propias convicciones. En su escrito, el Ministerio Público recuerda que la objeción de conciencia no es abstracto, sino un derecho del individuo a ser eximido de determinados deberes legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones. Así, la Fiscalía señala en su escrito que se trata de un derecho constitucional pero no fundamental ni reconocido con carácter general por la Carta Magna (únicamente se alude al deber de prestar el servicio militar obligatorio) El Gobierno tiene que respetar el ingente trabajo de los capellanes porque es una realidad ABC. es Vídeo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en abc. es Rouco, cardenal arzobispo de Madrid y presidente del Episcopado I. G.