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14 ESPAÑA www. abc. es SÁBADO 26- -4- -2008 ABC El Gobierno reactiva su frente contra la Iglesia en pleno declive económico Ordena al fiscal investigar la labor de los sacerdotes en los hospitales públicos de Madrid s La Fiscalía recurre el fallo contra Educación para la Ciudadanía G. SANZ MADRID. El Gobierno ha iniciado la legislatura con dos decisiones que la jerarquía de la Iglesia católica interpreta como una ofensiva legal laicista en toda regla. Por un lado, el Consejo de Ministros anunció ayer que ha ordenado a la Fiscalía General del Estado investigar el convenio firmado en enero pasado entre el Gobierno de Madrid y el Arzobispado, por el cual los sacerdotes de los hospitales formarán parte del Comité de ética y el equipo interdisciplinar de cuidados paliativos Este convenio se ha renovado tal cual desde hace once años, y es ahora cuando el Gobierno entra en acción, cuando hay voces que piden a Zapatero que revise a fondo los acuerdos Iglesia- Estado. De forma casi simultánea, ayer se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo, dependiente a su vez de la Fiscalía General del Estado, va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que permite objetar contra Educación para la Ciudadanía. Estas decisiones- -que entran directamente en rumbo de colisión con la postura defendida por la Iglesia en ambas cuestiones- -se dieron con la amplificación que confiere la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el mismo día en que el Ejecutivo se veía obligado a reducir sensiblemente la previsión de crecimiento de la economía española para 2008. También ayer, el Instituto Nacional de Estadística facilitaba los datos de la Encuesta de Población Activa que sitúan el desempleo en una de las peores cifras de las últimas décadas. Entre enero y marzo, el paro aumentó en más de un cuarto de millón de personas. En este negro panorama económico, María Teresa Fernández de la Vega explicó detalladamente las medidas sociales promovidas por el Ejecutivo. Así, afirmó que la Fiscalía General y la Agencia de Protección de Datos estudiarán si procede emprender acciones legales contra el convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad de Madrid y el Arzobispado. De acuerdo con la Constitución- -señaló- los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas El Ejecutivo dice que quiere saber si el acuerdo vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, la autonomía personal, la salud y la libertad religiosa. En tal caso, la Fiscalía procederá a ejercitar las acciones que considere oportunas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos dijo la número dos del Ejecutivo. También subrayó que la voluntad de los pacientes sobre su salud no puede tener otros límites que los previstos en el ordenamiento jurídico y los que se derivan de criterios profesionales CLAVES DE LA POLÉMICA LA TEORÍA DE LA VEGA Los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas LA VERSIÓN DE MADRID de 1995, cuando el Insalud, dependiente en esa época del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Felipe González, envió una circular a los hospitales planteando la posibilidad de incluir capellanes en los Comités de Bioética, que en esos años se estaban poniendo en marcha. No es lo mismo Usar al fiscal general para sacar a la cadena de radio amiga de sus aprietos puede constituir un delito de prevaricación PRECEDENTES EN FERRAZ El PSOE admite que el Gobierno de Felipe González ya aconsejó en 1995 la presencia de curas en los comités éticos de los hospitales LA FISCALÍA Y CIUDADANÍA Fuentes socialistas consultadas por ABC sostienen que no es lo mismo una circular de recomendaciones que suscribir un convenio en el que se dice literalmente que los sacerdotes católicos formarán parte de los comités de bioética, máxime cuando esto es materia de fuerte controversia política entre PP y PSOE desde que estallara el caso de las sedaciones en el hospital de Leganés el pasado año. Las mismas fuentes admiten que puede que se nos pasara el convenio que firmó inicialmente el Gobierno de Gallardón en 1997, pero eso no justifica el decir que lo que se hace ahora es lo mismo que recomendaba el Gobierno socialista en 1995 Sacar de apuros a un amigo Según denunció ayer el consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, el acuerdo de enero es renovación literal, en el apartado de la presencia de curas en los hospitales, de uno que firmó en 1997 el entonces Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Alberto Ruiz- Gallardón. Además, -abundó Güemes- la presencia de representantes de la Iglesia católica en hospitales data Con un retraso de once años El recurso de la Fiscalía se basa en que el TSJA no concreta en qué vulnera el derecho de objeción de conciencia la asignatura COMO EN LA UNIVERSIDAD El fiscal dice que el TC ampara que Derecho Canónico se imparta en la carrera porque no es adoctrinante Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad aseguraron que la investigación de la Fiscalía ordenada por el Consejo de Ministros es una maniobra del Gobierno para sacar del apuro a la cadena de radio amiga que ha metido la pata en clara alusión a la SER, que ayer difundió la noticia. Y utilizar al fiscal general del Estado para sacar a un amigo de sus aprietos puede ser constitutivo de un delito de prevaricación añadieron las fuentes. Pero esta batalla emprendida por el Gobierno tiene más frentes, ya conocidos, pero que se reactivan en este contexto de crisis económica. La Fiscalía del Tribunal Supremo, dependiente del fiscal general, ha presentado ante la Sala de lo Contencioso- Administrati- Cuatro años de enfrentamientos a causa de la aprobación de numerosas leyes MADRID. La nueva embestida del Gobierno socialista contra la Iglesia católica era casi de esperar tras el periodo de calma al que habían llegado después de una legislatura en la que las confrontaciones se habían sucedido casi de continuo. La ley del matrimonio homosexual y la reforma del Código Civil para agilizar los procesos de divorcio dieron lugar a los primeros roces entre ambos. Hay que recordar que ya aquel 18 de junio de 2005 se produjo una multitudinaria manifestación en Madrid en defensa de la familia, a la que asistieron diversos representantes de la Conferencia Episcopal. Pero el colofón del descontento de la Iglesia católica sobre la nueva legislación que estaban sacando adelante los socialistas vino con otra manifestación, también en Madrid y también en favor de la familia, que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre. La asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ya se cursa en algunas comunidades, ha sido otro punto de fricción, como también lo fue en su momento la ley de reproducción asistida. Ante un panorama tan crispado, parecía improbable que tanto Gobierno como Iglesia católica llegaran a un acuerdo para la financiación de esta última, como así se produjo. Además de la aportación de los católicos, fuente principal a través de la que se financia la Iglesia, la institución se nutre de los fondos que obtenga a través del IRPF, prescindiendo del complemento que venía recibiendo vía Presupuestos Generales del Estados. Además, en ese acuerdo se eliminó también la exención del IVA sobre los bienes eclesiales.