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26 ESPAÑA Las difíciles relaciones entre la Iglesia y el PSOE VIERNES 25 s 4 s 2008 ABC Texto del convenio firmado en 1997 y renovado en 2008: El Servicio de Asistencia Religiosa Católica, a través de sus legítimos representantes, formará parte del Comité de Ética y del equipo interdisciplinar de cuidados paliativos El Arzobispado considera positivo que se haya hecho público el convenio ante los proyectos de eutanasia Blanco (ayer, en la gestora del PSOE valenciano) encabezó las críticas a un convenio inspirado por los gobiernos socialistas EDUARDO MANZANA El PSOE denuncia un convenio con la Iglesia que arrancó con González en 1985 También el Gobierno socialista recomendó en 1995 la presencia de los sacerdotes en los comités de ética de los hospitales LAURA DANIELE MADRID. El PSOE volvió a arremeter ayer contra la Iglesia católica, y de paso contra la Comunidad de Madrid, en su cruzada por desplazarla de los espacios públicos. Descalificaciones de todo tipo se oyeron desde las filas socialistas por el convenio que regula la asistencia religiosa en los hospitales públicos madrileños y que incluye, entre sus cláusulas, la participación de los capellanes en el Comité de Ética y en el Equipo Interdisciplinar de Cuidados Paliativos. Inquisitorial, fundamentalista e inconstitucional fueron las palabras que utilizó el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, para referirse a dicho acuerdo (que pese a ser denunciado ayer se remonta a 1997) y que fue renovado en enero de este año entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado. El convenio, en realidad, no presenta ninguna novedad con respecto al primero, que fue firmado por el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, y el Arzobispado, y que en once años no motivó ninguna polémica ni denuncia por parte de los socialistas. Además, la presencia de los representantes de la Iglesia católica en los comité de ética de los hospitales públicos data de 1995, cuando el entonces Insalud planteaba, en una circular enviada a los centros sanitarios, la posibilidad de incluir capellanes en estos servicios que se estaban poniendo en marcha. Entonces gobernaba Felipe González, que en 1985 también había firmado un acuerdo marco sobre la asistencia religiosa en los hospitales. Pero aún así, Álvaro Cuesta no se quedó en las críticas e instó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a retirar el acuerdo y emplazó a los facultativos a desoír su aplicación por la mezcla intolerable y anacrónica de lo religioso con la esfera de los derechos civiles y el funcionamiento de las instituciones públicas. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, tampoco se quedó atrás y sostuvo que se trata de una absolu- ta invasión de la intimidad y de la libertad de conciencia de los pacientes. Asimismo, criticó que los sacerdotes que trabajan en los hospitales, además de impartir misa y visitar a los enfermos, decidan sobre cuestiones que afectan a la moral individual de cada paciente Por su parte, la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, dejó claro que no queremos que los curas decidan sobre nuestro sufrimiento Primero cambiaron los púlpitos por las calles, luego por las aulas y, ahora, por los hospitales madrileños. Sabemos lo que quiere la Iglesia, pero nosotros no queremos mártires apuntó. Desde el Arzobispado de Madrid, la secretaria de la Provincia Eclesiástica, María Rosa de la Cierva, calificó de sorprendente la rebelión que ha generado el tema y consideró positivo que el acuerdo, pese a no ser nuevo, se haya hecho público sobre todo tras el anuncio del ministro de Sanidad, Bernat Soria, de que la eutanasia es una asignatura pendiente en la sociedad española y debe plantearse en algún momento según informa Ep. Sin poder de decisión Cataluña avanza el diagnóstico prenatal al primer trimestre para evitar abortos tardíos ESTHER ARMORA BARCELONA. El Gobierno catalán está dispuesto a abanderar la reforma de la ley del aborto española. Lo avanzó ayer la consejera catalana de Salud, Marina Geli, durante una sesión parlamentaria en la que planteó a las diferentes formaciones políticas la necesidad de mejorar la actual atención a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo. Geli anunció también que su departamento adelantará del segundo al primer trimestre del embarazo las pruebas de diagnóstico prenatal para detectar cuanto antes posibles anomalías en el feto y evitar así los abortos por este supuesto más allá de las 22 semanas. La titular de Salud del Gobierno catalán explicó que el objetivo es que estos abortos tardíos, que hasta ahora se canalizan casi en su totalidad a la red privada, puedan efectuarse en los hospitales públicos, siempre que, como dicta la ley, el embarazo suponga un grave perjuicio para la salud física y psíquica de la madre En Cataluña se registran unos 60 casos de malformaciones fetales después de la semana 22 de gestación, que es el límite que la ley permite abortar acogiéndose al supuesto de anomalía fetal. La consejera abogó por que estos abortos se lleven a cabo en el sector público independientemente de la semana de gestación y adelantó que en junio recibirá un informe del Comité Consultivo de Bioética de Cataluña sobre cómo mejorar la atención a estos casos desde el punto de vista legal, social, ético y sanitario. El consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, aclaró que los capellanes no tienen poder de decisión sobre los pacientes, como no lo tiene ningún miembro de los comités de ética, ya que éstos no tienen, entre sus competencias, el estudio de casos particulares sobre la aplicación de cuidados paliativos en enfermos terminales. El responsable madrileño de Sanidad indicó, además, que las decisiones sobre la terapia que hay que aplicar a los pacientes y sobre los cuidados paliativos dependen exclusivamente de los médicos, que son los que tienen que determinar lo que hay que hacer en cada caso con criterios estrictamente científico- técnicos y con arreglo a los protocolos aceptados en toda España, y no a criterios religiosos