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4 EDITORIALES MIÉRCOLES 23 s 4 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera CUANDO LA REALIDAD SE IMPONE ASARON la campaña electoral y los temores derivados del creciente malestar económico de los votantes y toca ahora abandonar el discurso oficial de que la crisis económica era un eslogan antipatriota e irreal y- -ya desde el Gobierno, con la oposición metida a pendencias internas- -empezar a reconocer los problemas económicos que desde hace meses perciben los ciudadanos y que los portavoces del Gobierno han negado hasta ahora. Con previa preparación, proporcionada por todos los organismos económicos internacionales y, en especial, por el Banco de España, el vicepresidente Solbes baja de su pedestal y acepta que la economía se ha enfriado más rápidamente de lo que su Ministerio estimó meses atrás. El Gobierno se quedó solo en la parte más alta de las estimaciones sobre el comportamiento de la economía y allí se ha mantenido hasta ahora. El discurso del gobernador del Banco de España en el reciente Foro ABC achicó tanto el espacio que al Gobierno no le quedaba margen para seguir aplazando el reconocimiento de una realidad mucho más difícil que la que explicaba. Aunque era previsible que el cambio de diagnóstico se hiciera con cierta parsimonia, según las formas del propio Solbes, era inevitable cambiar el guión, y así ha ocurrido. Desde hace días, el Ejecutivo preparaba el terreno para una revisión de sus previsiones que no será la última, ya que éstas siguen discurriendo, por lo escuchado, por cauces muy moderados y renuentes a la realidad. Solbes aceptó ayer que el crecimiento de este año andará más próximo a las hipótesis últimas del Banco de España- -optimistas, comparadas con las demás- -de un crecimiento del 2,4 por ciento del PIB para este año y del 2,1 por ciento para el próximo. Con esos resultados, el paro crece hasta los dos dígitos y el superávit público se esfuma. El Gobierno tiene que negociar con los grupos parlamentarios y, en el Consejo Económico Fiscal, con las comunidades autónomas el techo presupuestario para 2009 antes del verano. Pa- EL PSOE HIZO OÍDOS SORDOS O puede decirse que haya cogido por sorpresa al Gobierno el secuestro de un pesquero español a manos de piratas en el Índico. El Gobierno es plenamente consciente desde hace años de la creciente inseguridad con la que faenan decenas de barcos en algunas zonas muy conflictivas del planeta. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores no tuvo ningún reparo en reconocerlo en el Senado en mayo de 2006, cuando admitió que la piratería es un grave problema que afecta a toda la comunidad internacional porque cada año hay hasta 300 abordajes semejantes al del Playa de Bakio Consciente, pues, de que este tipo de delincuencia es una amenaza cierta, paradójicamente el Gobierno tampoco movió un músculo después de que en julio de 2007 todos los partidos excepto el PSOE aprobaran una moción- -a iniciativa del PNV- -por la que le instaban a desplegar una patrullera o una fragata en el límite de 200 millas de Somalia para proteger a la flota atunera española. Ahora el Gobierno está sufriendo las consecuencias de su desidia por haber despachado una recomendación del Congreso con displicencia. En materia de seguridad, más aún cuando hay vidas en juego, la previsión ante el mal que pueda llegar, aunque sea sólo a efectos disuasorios, siempre es más eficaz que la indolencia. La consecuencia es que la diplomacia está obligada a solucionar ahora con prisas y angustia- -y con el gasto y los miramientos que no tuvo cuando decidió inhibirse de un requerimiento del Congreso- -un conflicto previsible y de resolución aún incierta. P ra ello tiene que ir ajustando los supuestos. Que el motor de la economía se ha detenido y que estamos en crisis es una realidad desde hace meses para cualquier observador imparcial. Mitigar la caída requiere el despliegue de medidas eficaces y, sobre todo, sembrar y transmitir confianza, para lo que hay que ser creíbles en el diagnóstico y decididos en el tratamiento. Nada de eso ocurre con este nuevo Gobierno: ni traslada seguridad en el diagnóstico- -y no por ignorancia- -ni da sensación de firmeza en las decisiones. El pasado viernes se presentó un cuadro de medidas anunciado desde hace tiempo y de carácter electoral y clientelar. La ocasión no pareció la más adecuada y formal para el reconocimiento de la realidad y para una presentación más ambiciosa: el vicepresidente ha preferido una entrevista matutina en una emisora radio para empezar a modular su discurso. Con la oposición dedicada a sus guerras particulares, el Gobierno opta por lo gradual, sin prisa y sin asumir los retos de una crisis más profunda de lo que anuncia. El frenazo y el agotamiento del sector inmobiliario son perceptibles desde hace meses y no se ha actuado. Más grave es que la profundidad de la crisis- -aunque derivada de causas externas, como la crisis financiera internacional y el encarecimiento de materias primas- -no haya activado la voluntad política para poner en marcha unas reformas pendientes, resumidas por el gobernador del Banco de España en el Foro de ABC, sobre las que están de acuerdo todos los economistas solventes. Es lamentable que con la mayoría que le han otorgado los votantes y en los primeros compases de la legislatura, el Gobierno no tenga la audacia y el sentido de la responsabilidad de acometer un programa ambicioso para mejorar la competividad y tratar de relanzar el crecimiento de la economía española. Por el contrario, el Ejecutivo socialista parece conformarse con una economía menguante, un paro creciente y el dominio de la mediocridad. N CIU PRESIONA AL CONSTITUCIONAL E l presidente de CiU, Artur Mas, condiciona su apoyo al PSOE durante la legislatura al cumplimiento íntegro del nuevo estatuto catalán, especialmente en materia de infraestructuras y financiación. Incluso se permite el exceso de advertir de que no será el Tribunal Constitucional quien diga la última palabra sobre el texto estatutario, sino el pueblo de Cataluña porque, en el caso de que los magistrados desnaturalicen el texto, CiU propondrá un referéndum. Independientemente de que Mas sepa que la ley prohíbe convocar consultas populares a capricho y sin una autorización expresa del Gobierno, el líder nacionalista incurre en un nuevo ejercicio de soberbia y de irresponsabilidad retando al Estado de Derecho con presiones inadmisibles al órgano garante de la constitucionalidad de las leyes. Mejor haría Artur Mas en dedicar más tiempo a dirigir una sensata labor de oposición al peor Gobierno catalán de la democracia que en manejarse como un mercader y en coaccionar al TC.