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4 EDITORIALES LUNES 21 s 4 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DESBARAJUSTE HIDRÁULICO L oportunismo de Rodríguez Zapatero en la política del agua amenaza con crear una situación irreversible de ineficacia en la gestión y enfrentamientos territoriales. Es una cuestión muy seria, porque se trata de un recurso escaso que debe ser utilizado con criterios de eficiencia y solidaridad. A día de hoy, no sucede ni una cosa ni otra. En España, en efecto, llueve poco pero los expertos coinciden- -como ha venido informando ABC- -en que los 650 litros por metro cuadrado al año podrían ser suficientes si la administración hiciera las cosas como debe. Es muy significativo el dato de que entre el 25 y el 35 por ciento del agua que circula por las tuberías se desperdicia a causa de fugas y pérdidas innecesarias. Algún experto propone gráficamente que si la Agencia Tributaria tiene mecanismos para combatir las fugas de dinero, nuestra red hidráulica necesitaría instrumentos eficaces para detectar el desperdicio inútil de agua a través de fugas porque las infraestructuras no se revisan lo suficiente. El verdadero problema es la necesidad de un plan racional y con objetivos a largo plazo frente a una política de parches provisionales para salir del paso. Cuando José María Aznar impulsó un verdadero Plan Hidrológico Nacional los socialistas reaccionaron buscando únicamente ventajas coyunturales en determinados territorios y ofreciendo en su lugar obras que nunca se han llevado a cabo. El único objetivo consiste en salir del paso a través de trasvases parciales y obras ocasionales que resultan insuficientes al cabo de poco tiempo. La reunión entre la ministra Elena Espinosa y los consejeros autonómicos competentes estuvo muy lejos de ser, como pretende el Gobierno, una prueba de diálogo y negociación. En realidad, se trata de transmitir un acuerdo ya adoptado a partir de una política de hechos consumados que resulta contraria al modelo cooperativo propio del sistema autonómico. Dadas las circunstancias, el Ejecutivo E no debería sorprenderse de la reacción airada de los ciudadanos en muchas zonas de la España seca. A día de hoy, la opinión pública todavía se pregunta quién faltó a la verdad, si el Ministerio o la Generalitat catalana, respecto a la prohibición de hablar en público sobre cualquier plan de trasvase del Ebro antes de las elecciones. Y tampoco estaría de sobra una explicación concreta sobre los motivos de la pérdida de confianza en la recién sustituida Cristina Narbona. El PP no debería pasar por alto este asunto en las próximas sesiones de control parlamentario porque en democracia los ciudadanos tienen derecho a saber quién dice la verdad en cuestiones que afectan al interés de todos. Es también llamativa la actitud del Gobierno de Aragón en el reparto de papeles que le toca a cada uno en esta extraña representación del desbarajuste territorial. Marcelino Iglesias empezó poniéndose serio ante José Montilla y negándose a cualquier trasvase. Pasó después a pedir informes jurídicos para buscar una coartada burocrática en forma de eufemismo que ocultara la realidad de dicho trasvase. Ahora parece que le ha convencido del todo el acuerdo del Consejo de Ministros, lo que demuestra en definitiva la función secundaria que corresponde al PSOE aragonés en esta peregrina historia. Al final, lo importante es que el Ejecutivo cumpla sus compromisos con el PSC para que Montilla pueda jactarse de que el agua para Barcelona y su área metropolitana la pagan todos los españoles. Es, por supuesto, un trasvase, como lo demuestra el enfado de ciertos sectores de ICV y de regantes contrarios al mismo y- -como no podía ser de otro modo- -la factura corre a cargo del Estado. La cuestión territorial sale así mal parada y la política hidráulica vuelve a ser víctima de las ocurrencias del momento sin que nadie haga frente de verdad a los problemas de fondo. Es probable que esto no le importe a los estrategas del PSOE de cara a sus compromisos coyunturales, pero supone un grave daño a medio y largo plazo para el interés general de España. EL OTRO MAL DE LA JUSTICIA os escándalos judiciales generan críticas y promesas, sanciones ejemplarizantes y planes de choque que en ocasiones esconden las verdaderas causas por las que el sistema judicial español no funciona como debe. Una de ellas es la interinidad en la Justicia, es decir, la encomienda de la actividad jurisdiccional a licenciados en derecho que no son jueces de carrera y que cubren temporalmente vacantes en los juzgados. Son preocupantes los efectos encadenados que provoca la inestabilidad de los jueces titulares sobre el seguimiento de los pleitos y la dirección del juzgado. Pero también hay interinidad en otros estamentos de la Justicia. La interinidad es un mal del que tanto el Gobierno como el CGPJ están avisados hace tiempo. En los dos últimos años el número de interinos ha aumentado en un centenar, hasta llegar en 2007 a 620, además de los 4441 jueces profesionales. Tiene que haber un problema de planificación en la provisión de vacantes y de nuevas plazas para que la situación no esté debidamente encauzada a estas alturas. La modernización de la justicia empieza por la definitiva profesionalización de quienes la administran. El problema tiene además una vertiente económica porque la Justicia interina está desbordando las previsiones presupuestarias del Ministerio. El plan del CGPJ de incentivar económicamente las sustituciones de jueces por otros jueces de carrera está bien intencionada, pero sólo cabe esperar que solucione casos concretos y no la situación general de la interinidad. L AVAL A LA L ENERGÍA NUCLEAR a Comisión Europea admite que la energía nuclear es la que menos monóxido de carbono emite a la atmósfera. Por tanto, la UE asume, renunciando a su tradicional neutralidad en materia de energía, que es idónea y perfectamente compatible con el objetivo de reducir un veinte por ciento las emisiones de este gas. Sentada esta premisa, sin duda un aldabonazo que contribuirá a que se deje de demonizar a la energía nuclear, el Gobierno de Zapatero no tiene otra salida que abandonar su discurso confuso y poco transparente respecto a un problema- -el del suministro energético- -que es ya una de las principales preocupaciones de todos los gobernantes del mundo. Si el Ejecutivo español, opuesto a la energía nuclear y preso de un ecologismo más basado en las apariencias que en el rigor, modifica su criterio- -como parece estar haciendo- debe afrontarlo sin complejos y considerando lo mejor para los intereses generales. Ante un problema de futuro como el enérgético, las soluciones realistas son más importantes que los discursos engañosos o las poses para conservar votos.