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28 ESPAÑA Caos en la Justicia s Los errores en los tribunales VIERNES 18 s 4 s 2008 ABC La Fiscalía pidió el sobreseimiento del caso Alovera cuatro meses antes del crimen El Juzgado de Torrejón tenía 8 escritos del abogado sin contestar s La Inspección solicita abrir diligencias informativas a la juez CRUZ MORCILLO MADRID. Sylvina Bassani y su compañero Andrés Marzal fueron asesinados el pasado 10 de abril por el ex marido de ella, Javier Lacasa. Cuatro meses antes, el 19 de noviembre de 2007, la Fiscalía pedía al Juzgado número 5 de Primera Instancia e Instrucción de Torrejón de Ardoz el sobreseimiento provisional del caso, un presunto delito de maltrato familiar y amenazas con una orden de protección en vigor. El abogado de la víctima se enteró de esa petición después de que mataran a su cliente. Ocho escritos presentados por el letrado entre agosto de 2007 y el 13 de marzo pasado- -sobre quebrantamiento de la orden de alejamiento y la necesidad de cambiar el régimen de visitas contradictorio del padre- -nunca le fueron respondidos por la magistrada. Estaban grapados al procedimiento, pero sin proveer ni resolver; detrás de ellos el informe del fiscal. El Servicio de Inspección del CGPJ ha propuesto incoar diligencias informativas a ese Juzgado, según el informe al que ha tenido acceso ABC. Los informes y copias de expedientes judiciales recogidos dan cuenta de una cadena de despropósitos que van desde la titular del Juzgado hasta diciembre pasado- -Gema Fernández- -hasta la Fiscalía, pasando por los funcionarios y quienes tenían que velar por la seguridad y la vida de Sylvina y su hijo- no consta en las actuaciones informe policial de evaluación inicial del riesgo, de evolución ni de seguimiento y contacto con la víctima expone la inspección. Al margen de estas actuaciones queda la actual titular del Juzgado que tomó posesión el pasado 10 de marzo y a quien se le entregó la causa el 7 de abril, tres días antes del crimen, aderezada con varios post- it semiilegibles y que a la vista del desenlace resultan estremecedores. Uno de noviembre de 2007 en el que la juez pide a la funcionaria interina que le pase el expediente para resolver -se le pasó a la nueva magistrada la semana pasada y pese a su rapidez (24 horas) a Sylvina ya no le sirvió para nada- y otro, aún más antiguo, de abril del año pasado, también solucionado con la víctima ya muerta. En el último escrito el abogado de Sylvina (tiene fecha del 14 de marzo) solicita a la juez que suspenda el régimen de visitas del padre, luego asesino de su mujer, a la vista del informe del punto de encuentro. Como informó ABC, el mismo Juzgado que tramitaba el procedimiento penal y sabía que había una orden de protección en vigor para madre e hijo, acordó en setencia de divorcio un régimen de visitas, basándose en las recomendaciones del equipo psicosocial del Juzgado de Coslada que propone el punto de encuentro. Ese punto de encuentro, en Alcalá de Henares, emitió opipor el suelo. Se le pide que recoja y Lacasa responde: Me da igual lo que digas, tú trabajas aquí No es el único. Otros días, el padre no se presenta a la visita. El equipo psicosocial mencionado había considerado que el progenitor se encontraba estable y que desde el punto de vista psicológico no se podía hablar de maltrato en el ámbito familiar En la orden de protección dictada a favor de Sylvina el 2 de septiembre de 2006 se afirma que existe una situación objetiva de riesgo para la víctima y el hijo, habida cuenta de la crispación entre las partes y el intento reconocido de suicidio del imputado En las diligencias de Guardia Civil consta que Lacasa intentó suicidarse con el tubo de escape de su coche Casi nadie sale bien parado en este procedimiento. El informe recoge que la funcionaria encargada del mismo tomó posesión en el juzgado el 17 de septiembre de 2007 como tramitadora interina, encargándose de todas las causas de violencia de género acabadas en par; ha cometido graves errores. Se han detectado disfunciones e irregularidades en los asuntos encomendados, careciendo además de toda formación y diligencia para el desempeño de sus funciones Desde el 3 de abril no lleva causas de violencia de género. En otro asunto informó cuatro días después a la juez de que se había solicitado una orden de protección. Esta interina y otra ocuparon el puesto de la funcionaria que estaba de baja maternal y se ocupaba habitualmente de los procedimientos de violencia de género. Tres días antes Sylvina Bassani DIARIO DE ALCALÁ niones contundentes. En una visita del 9 de febrero dice que Lacasa, el padre, no acepta indicaciones ni sugerencias, el niño está sobreexcitado, se mete en los armarios y juega con los extintores, sillas y mesas PUNTOS OSCUROS -El Juzgado número 5 de Torrejón fue inspeccionado en febrero de 2005 y en julio de 2007. Se detecta una notoria movilidad de personal, pues la plantilla estaba integrada por tres titulares y cinco interinos; enorme carga civil y penal y coberturas tardías de las vacantes, por personal inexperto en el ámbito judicial. Por ello se recomendó prioritario crear un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Torrejón de Ardoz y que se estudie la viabilidad de uno exclusivo de violencia de género- Las denuncias de malos tratos presentadas por la mujer estuvieron apoyadas por dos testigos que relataron cómo en febrero de 2005 Lacasa rompió parte del mobiliario de la casa familiar por una discusión acerca de un viaje de la víctima a Boston. El sargento enfureció por la decisión de estas personas- -se trata de un matrimonio- -de colaborar con la justicia, hasta el punto de que pinchó las ruedas de su coche, hecho por los que el militar fue condenado el 14 de febrero del pasado año. -El 1 de septiembre de 2006 la denunciante informa a la Guardia Civil de que el denunciado es militar y tiene armas. Se traslada con ella al domicilio, pero no encuentra ninguna. El capitán de la Compañía en la que sirve el sargento confirma que no las tiene y además tampoco consta ese dato en la Intervención General de Armas. En febrero de 2007 la víctima pide al juzgado que oficie un escrito a Defensa para que comunique a la Unidad de destino del denunciado la prohibición de que tenga armas.