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30 ESPAÑA El caos de la Justicia s El caso del parricida de Santomera JUEVES 17 s 4 s 2008 ABC Justicia investiga a la secretaria del juzgado donde hubo error en el caso Mari Luz S. S. MADRID. El Ministerio de Justicia abrió ayer un expediente disciplinario a la secretaria del Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, para investigar si podría haber incurrido en una falta grave ante la demora (más de dos años) que sufrió la ejecución de la sentencia condenatoria por abusos sexuales dictada por este órgano contra el presunto asesino de Mari Luz Cortés, el pederasta Santiago del Valle. Según informó el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo, se atribuye a la secretaria judicial una posible falta grave recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en el Reglamento del Cuerpo de Secretario Judiciales como negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas La apertura de este expediente fue realizada a propuesta del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que previamente ordenó una inspección en el citado juzgado y analizó con detalle diversa documentación recabada en torno a este asunto, apuntaron las mismas fuentes. Entre los funcionarios a los que se le relaciona con el error judicial- -así lo ha reconocido el CGPJ- -en el caso Mari Luz la secretaria del Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla, Juana Gálvez, es la única persona sobre la que el Ministerio de Justicia tiene competencia disciplinaria. El 7 de abril, la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, conforme a lo propuesto por el servicio de Inspección en su informe, acordó remitir actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía en orden a que valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria En esa información previa, el inspector certificó que la señora secretaria no se percató de la omisión por parte del funcionario que tramitaba la ejecutoria, de la expedición de la requisitoria de Santiago del Valle, a pesar de venir obligada a verla por el efectivo cumplimiento de lo acordado. Tampoco lo advirtió el magistrado agregó. Ángel Caratenutto Macanás, en los pasillos de los juzgados de Murcia LA VERDAD El parricida de Santomera, que había tomado drogas, empieza a recordar Hace unos meses dejó la medicación recetada para su esquizofrenia C. MORCILLO P. MUÑOZ MADRID. Ángel Caratenutto Macanás, el parricida de Santomera, volvió ayer a su otra casa el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante. Ingresó pasadas las once y media de la mañana por orden judicial bastante decaído porque ya empieza a recordar cosas según fuentes del centro consultadas por ABC. En julio de 2006 había salido del mismo centro tras pasar un año y siete meses internado por amenazas y malos tratos a su madre, en quien había fijado el objeto de su delirio. La primera vez que lo internaron fue entre 2003 y 2004. La historia de Caratenutto encierra el drama de miles de familias estigmatizadas por las enfermedades mentales. Su madre la vivió en primera persona durante años y le ha costado la vida; su hermana y su mujer, que lo abandonó por sus crisis de violencia, también. El parricida, de 34 años, fue diagnosticado hace nueve de trastorno esquizoide y toxicomanía. Desde 2001, Teresa Macaná, su progenitora, se había visto obligada a denunciarlo. Le hacía imposible la existencia, lo mismo que al resto de los que tenía a su alrededor, porque sus psicosis siempre iban dirigidas a quienes tenía más cerca y a quienes más quería. Hasta el pasado 30 de agosto tenía una orden de alejamiento en vigor de su madre, vigente incluso cuando estuvo en el centro penitenciario. Sólo su hermana lo visitaba. No aceptaba su enfermedad, un rasgo que comparten muchos de estos pacientes explican las citadas fuentes. No obstante, no se revelaba, no provocó conflictos ni con el personal ni con otros pacientes; tomaba la medicación, seguía un tratamiento para su toxicomanía y asistía a terapia. Era colaborador y participó en talleres de formación para el empleo Las fuentes consultadas se muestran contundentes. No se aventuraba un desenlace así de ninguna de las maneras: sí que siguiera con esa vida tortuosa que repercutía sobre todo en su madre. Mucho menos si hubiera tomado la medicación Ángel salió del centro psiquiátrico con la orden de alejamiento debajo de un brazo y las pastillas para su trastorno en otro. Fue derivado a un centro de salud mental y se siguió su evolución en la calle desde el propio Fontcalent. Pero ese seguimiento dura hasta donde puede durar. Hace unos meses, según han confirmado los psiquiatras, abandonó las pastillas, clave para desencadenar su reacción posterior; se sospecha además que tomó drogas e ingirió alcohol. Teresa, su madre, le recordaba día tras día que debía volver a la medicación, que era la única salida. Justo lo que Ángel y su enfermedad no querían oír. Una persona con esos antecedentes de agresiones y coacciones no puede abandonar el tratamiento. Hay que poner a funcionar la psiquiatría comunitaria y seguir al paciente cuando está internado y también cuando sale, en hospitales de día, en centros de salud mental o con un terapeuta a domicilio si es preciso refieren fuentes sanitarias de Prisiones. Saben de lo que hablan. Sólo en Fontcalent hay 374 internos, 34 de ellos mujeres; trastornos mentales graves, toxicómanos, psicóticos, discapacitados psíquicos... Historiales de enfermedad, delito y sufrimiento a partes iguales. Ayer, cuando Ángel cruzó las puertas quizá respiró aliviado y por eso empezó a recordar. Se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios, una observación estricta y una medicación adecuada, que ya había empezado a tomar el día de antes. Muchas familias reviven estos días el horror y el miedo de cada día pasado con sus enfermos. Casos como este revelan el fracaso del conjunto del sistema de salud mental. Este tipo de enfermos comete actos criminales no porque sean delincuentes, sino porque no están tratados de sus patologías. Pero como en el exterior no hay una red asistencial que garantice el seguimiento de esas terapias- -hay que recordar que ya nadie puede estar internado en un psiquiátrico en contra de su voluntad- los jueces optan por enviarlos a prisión, y sólo en los casos más graves al psiquiátrico penitenciario. Naturalmente las sentencias se cumplen, pero pasado ese tiempo el enfermo vuelve a salir a la calle y la situación se reproduce: al no haber un sistema de control para que sigan el tratamiento, en muchas ocasiones dejan la medicación. Y en ese momento aumentan exponencialmente las posibilidades de que vuelvan a cometer alguna barbaridad. Sólo entonces la sociedad se conmueve. Pero nadie hace nada por solucionar el auténtico problema. Competencia del ministerio Seguimiento en el exterior Una persona con esos antecedentes de agresiones y coacciones no puede abandonar el tratamiento. Hay que seguir al paciente cuando está internado y también fuera