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ABC MADRID 17-04-2008 página 28
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ABC MADRID 17-04-2008 página 28

  • EdiciónABC, MADRID
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28 ESPAÑA Caos en la Justicia s El crimen de Alovera JUEVES 17 s 4 s 2008 ABC La Fiscalía dice que la asesinada en Alovera estaba protegida porque su novio era militar El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha cree que es aventurado hablar de error judicial ÓSCAR CUEVAS MORAL GUADALAJARA. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, José Martínez Jiménez, se descolgó ayer con unas declaraciones en las que consideró que Silvyna Bassari, la mujer que la pasada semana fue asesinada en Alovera (Guadalajara) por su ex marido, tenía un alto grado de protección Algo que argumentó en el hecho de que la mujer convivía con su pareja, una persona que era militar, y además, con un grado más alto que su acosador Cabe recordar que el ex marido de Bassari, Javier Lacasa Cebolledo- -un sargento del Ejército de Tierra sobre el que recaía una orden de alejamiento y que había sido repetidamente denunciado- asesinó tanto a su ex mujer como a su nueva pareja, el teniente Andrés Marzal, cuando se presentó en casa de este último con una pistola particular. Posteriormente se suicidó con la misma arma. Y todo ello, en presencia de su hijo de cuatro años. Martínez Jiménez hizo estas apreciaciones ayer en Guadalajara, donde acudió para presidir una reunión de la Junta de Fiscales de Castilla- La Mancha, en la que se integra la Fiscalía del Tribunal Superior Justicia de Castilla- La Mancha y los fiscales- jefe de las cinco Audiencias provinciales. La defensa que este alto cargo de la Fiscalía realizó sobre las actuaciones de los estamentos judiciales en el caso de Alovera no se quedó ahí. Así, Martínez Jiménez calificó también de aventurado el hecho de hablar de errores judiciales en este asunto. No obstante, Jiménez sí reconoció que la situación tiene los suficientes flecos para, como mínimo, investigar, porque el funcionamiento de la Justicia ha quedado en entredicho en este caso En este sentido, afirmó que tanto jueces como fiscales estamos acostumbrados a juzgar y, en ocasiones, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, nuestras actuaciones y ejercer, si es necesario, un ejercicio de autocrítica Por ello, el máximo responsable de los fiscales en Castilla- La Mancha abogó por detectar el error judicial, si lo hay, y reprimirlo o sancionarlo y ver si es un suceso puntual o si está revelando deficiencias o carencias estructurales en la administración de Justicia en cuyo caso hay que subsanarlas. No obstante, explicó que en su opinión cuando el agresor está dispuesto a matar y a morir es muy difícil que lo pare la justicia Desde que se produjeron los asesinatos, el 9 de abril, ha trascendido, por ejemplo, que la mujer asesinada había denunciado en dos ocasiones a su ex marido por malos tratos; que este rompió al menos cinco veces la orden de alejamiento sin que ningún juez considerara procedente decretar una prisión preventiva; que otro juez adjudicó al agresor un permiso de visitas sobre su hijo a pesar de que también pesaba un alejamiento sobre él, o que el Juzgado 5 de Torrejón de Ardoz que llevaba el caso tardó casi un año en tramitar la instrucción penal desde la última denuncia. El fiscal castellano- manchego sí manifestó, finalmente, una evidencia: que si el asesino de Sylvina hubiese ingresado en prisión, las muertes no se hubieran producido. Por ello, El sargento Lacasa y su víctima, con el hijo de ambos dijo que en el futuro y en casos similares, más que incidir en el alejamiento, habrá que aumentar la prisión preventiva aunque valoró que la medida habrá de emplearse con cautela, porque existe el riesgo de establecer medidas desproporcionadas en otros casos El fiscal superior reflexio- DIARIO DE ALCALÁ Cuando el agresor está dispuesto a matar y a morir es muy difícil que lo pare la justicia asegura nó también sobre cómo medidas de protección como el alejamiento muchas veces no se cumplen la teleasistencia a veces no da tiempo a que funcione e, incluso, también falla la vigilancia policial, lo que obligaría a un incremento desmesurado de las plantillas policiales La clínica Isadora insiste en que no cometió ninguna irregularidad ABC MADRID. El director gerente de la Clínica Isadora, en ejercicio del derecho de rectificación regulado en la L. O. 2 1984, de 26 de marzo, se ha dirigido a ABC para solicitar una rectificación en relación a las informaciones aparecidas el 9 de abril de 2008, tituladas Interior ignoró los informes del caso Isadora y permitió los ataques a la Guardia Civil y Todos los pasos policiales del caso Isadora en los siguientes términos: 1. La Clínica Isadora no ha cometido ninguna irregularidad en el tratamiento de los residuos sanitarios ni mucho menos, en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo. 2. En relación con los residuos, su conservación y retirada se ha hecho siempre de acuerdo con la normas vigentes y bajo la inspección permanente de las Consejerías de Medio Ambiente y la de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Los residuos biosanitarios procedentes de operaciones quirúrgicas tienen una gestión específica, mediante su custodia en frío y su retirada por una empresa autorizada, tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes) El día 16 de febrero de 2007, en que se inicia la actuación de la Guardia Civil, era viernes y el vehículo de dicha empresa se encontraba realizando la operación habitual de carga de los contenedores específicos que extraía de la cadena de frío, cuando los agentes del Seprona ordenaron a los operarios que bajaran de dicho vehículo los contenedores cargados, procediendo acto seguido a precintarlos junto con otros tres contenedores que los propios guardias sacaron de la línea de frío y ordenándolos que nadie los tocara hasta que ellos dieran las instrucciones precisas. Así pues no es cierto que descubrieran un arcón frigorífico ni que los trabajadores de la clínica intentaran llevarse supuestos restos humanos de dicho arcón Los trabajadores eran los empleados de la empresa autorizada encargada de la retirada cargando los contenedo- res para darles el destino reglamentario, como hacían y siguen haciendo tres veces a la semana. 3. La Clínica Isadora no practica nunca interrupciones de embarazos superiores a las 22 semanas, a pesar de que la legislación vigente permite practicar dichas interrupciones en cualquier momento de la gestación si existe grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada. Los restos examinados por el Seprona no se corresponden en ningún caso con interrupciones de embarazo superiores a las 22 semanas de gestación, por lo que mal se pudieron encontrar indicios de lo contrario, con independencia de que constatar a simple vista el tiempo de gestación es un ejercicio complicado hasta para un experto. 4. En la información se afirma, por un lado, que la Guar- dia Civil actuó tras recibir una denuncia anónima Sin embargo en el ladillo del mismo reportaje se afirma que la inspección a Isadora fue rutinaria Por lo que respecta a la Clínica deseo que se sepa: a) que no tenemos constancia de la menor denuncia; b) que ninguna inspección de los servicios sanitarios de la Comunidad ha detectado ninguna práctica irregular en la Clínica Isadora. 5. En otro ladillo del reportaje se afirma las mujeres no tenían que ser citadas como imputadas. No había indicios de que hubieran cometido delito, sino más bien de que podían ser perjudicadas Es cierto que las mujeres no han cometido delito alguno, y por esa misma razón, tampoco lo hayan podido cometer los médicos que las hayan asistido para interrupción voluntaria del embarazo

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