Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 EDITORIALES MIÉRCOLES 16 s 4 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera OPORTUNISTA POLÍTICA DE AGUA A política del agua es la primera víctima del desbarajuste territorial provocado por Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura y es probable por desgracia que no sea la última. Cuando se quiebra el principio de solidaridad y se toman decisiones por intereses puramente partidistas no es extraño que las consecuencias sean el enfrentamiento y el fracaso de una política de alcance nacional. Ayer se firmó en Barcelona el acuerdo entre José Montilla y la ministra Elena Espinosa para realizar un trasvase de agua excedente del riego en Tarragona por medio de un tubería de unos 60 kilómetros paralela a la autopista, con objeto de aliviar la necesidad de agua de Barcelona y su área metropolitana. Se trata, obviamente, de un trasvase en sentido estricto por mucho que se oculte bajo eufemismos burocráticos tales como interconexión de cuencas o aportación puntual de agua Montilla ha procurado darle al problema del agua la condición de emergencia nacional en el sentido del Estatuto catalán, y ayer recibió a Artur Mas, en calidad de líder de la oposición, para darle cuenta de los acuerdos alcanzados con el Gobierno, La nueva titular de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino se estrena así con un asunto heredado de su antecesora, Cristina Narbona, cuya ineficacia en la gestión se ha sumado al criterio oportunista en las decisiones sobre una cuestión que exige perspectivas amplias y solidarias para lograr un uso racional de un recurso escaso. Hace más de un siglo que Joaquín Costa hablaba de la guerra interna contra la sequía pero no podía imaginar que las obras hidráulicas fueran un mero instrumento para las ventajas coyunturales del Partido Socialista. Ahora la España seca se moviliza contra este gesto de Zapatero hacia Cataluña e invoca con toda razón su derecho a utilizar también el agua del Ebro. Francisco Camps habla de humillación hacia la Comunidad Valenciana y ese sentimiento de discriminación se refleja básicamente en la idea de que el CUESTIÓN L L Ejecutivo utiliza una vara de medir diferente para catalanes y valencianos. A su vez, Ramón Luis Valcárcel mantiene su reclamación de que se trasvase agua del Ebro al resto de regiones deficitarias y defiende, en concreto, la ejecución del pacto del agua de Aragón como primera actuación de una política hidrológica nacional. Lo cierto es que la Generalitat había renunciado en 2005 a cualquier posible trasvase o incluso minitrasvase y que ahora afirma que es algo puramente estacional y transitorio. El argumento sobre la provisionalidad resulta falaz porque también el PHN aprobado en la etapa de José María Aznar contemplaba el trasvase del Ebro como una solución provisional. Al parecer, lo que entonces no servía, ahora sí vale, pero sólo en beneficio de Cataluña. Dadas las circunstancias, se comprende fácilmente el sentimiento de agravio en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en otras regiones, de modo que el Gobierno no debería extrañarse de la indignación de muchos miles de ciudadanos que se sienten de víctimas de la doble vara de medir que aplican los socialistas. Bien está la solidaridad siempre que funcione con criterios de reciprocidad y no en una sola dirección. Montilla tiene muy pocos argumentos para reclamar la ayuda de los demás cuando el Estatuto que apoya contiene una regulación exclusivista sobre la política catalana del agua, sin consideración alguna a las necesidades ajenas. La opinión pública no se llama a engaño. Por mucho que la vicepresidenta Fernández de la Vega diga que la solución elegida no implica ningún tipo de trasvase ha quedado muy claro que el Gobierno acude a una solución que antes rechazaba por razones puramente partidistas y que lo hace en beneficio de la estabilidad del tripartito catalán, seriamente cuestionado por su ineficacia a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. El agua debe utilizarse en provecho de todos y para todos, al amparo de los principios de igualdad y solidaridad, y de las reglas más elementales del sentido común. DE MANDO a salida de Joan Mesquida de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil demuestra que la unificación del mando decidida por Zapatero en la anterior legislatura tenía problemas de concepto y de ejecución. La unificación en la cúpula de ambos cuerpos estaba garantizada por el secretario de Estado de Seguridad- -que sigue siendo en la actualidad Antonio Camacho- superior jerárquico a los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil. La dirección conjunta que se asignó a Mesquida suponía dejar a la secretaría de Estado sin una competencia fundamental y, de hecho, convertía a la nueva dirección general en una segunda secretaría de Estado. La experiencia del órgano ha confirmado, por un lado, que lo principal no era tanto unificar en uno solo los mandos supremos de ambos cuerpos, sino coordinar sus actuaciones operativas y dotarlos de información y archivos compartidos. Por otro lado, la unidad orgánica conseguida, sobre el papel, en la dirección conjunta de Policía y Guardia Civil, se ha traducido en conflictos políticos y de gestión entre este mando unificado y la secretaría de Estado, lo que era previsible por el solapamiento de competencias y la disfunción entre la responsabilidad política de Camacho y el enorme poder operativo concentrado en las manos de Mesquida. Zapatero debe actuar con mucha prudencia para resolver el encaje de estos órganos porque las tensiones internas acaban teniendo consecuencias en la eficacia de las fuerzas de seguridad. ROCA, EN LA CALLE a excarcelación de Juan Antonio Roca, presunto cerebro del caso Marbella ha provocado polémica e indignación. La sensación de que los delitos de cuello blanco reciben un trato benévolo se ha instalado en la opinión pública y ésta reclama más contundencia. La Justicia ha de ser consciente de esta percepción ciudadana y actuar con mayor sentido pedagógico cuando toma decisiones que están justificadas técnicamente pero no cuentan con la comprensión social. Lo que también debería formar parte de esta preocupación es que Roca ha permanecido dos años en prisión provisional y aún no ha sido juzgado. Se puede aceptar que hay investigaciones complejas que requieren muchas y complejas diligencias, pero precisamente por eso deben concentrar más recursos humanos y materiales. La burocracia procesal no puede traducirse en la prolongación de medidas cautelares más allá de su plazo razonable porque la prisión provisional no es una condena anticipada. El equilibrio entre demanda social de justicia y garantías del imputado es el reto de la justicia penal, y no siempre se logra. L