Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN VIERNES 11 s 4 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DESEQUILIBRIOS l candidato a presidente del Gobierno ha prometido publicar las balanzas fiscales territoriales en el plazo de dos meses. Satisface así las exigencias de los socialistas catalanes de veta nacionalista- victimista. Pero ¿qué balanza fiscal? Porque no hay un solo modelo de cálculo, sino diferentes fórmulas que conducen a resultados muy diferentes. De hecho, conocemos hoy varios estudios, con buenas credenciales técnicas y conclusiones muy diferentes, e incluso el mismo estudio conduce y justifica conclusiones muy distintas, según sean los prejuicios y el a priori de cada intérprete. El juego de las balanzas fiscales es peligroso, equívoco y puede concluir con extravíos. Aplicar los impuestos o el gasto público sobre el territorio y no sobre las personas induce a errores de bulto. Además, las inversiones públicas en territorios próximos- -o lejanos- -pueden redundar en beneficios, muy importantes para todos, que no se reflejan en las balanzas fiscales. La tesis de algunos catalanistas de un presunto expolio fiscal es un recurso victimista que sólo conduce a enfrentamientos empobrecedores y estériles. Quizás haya que publicar esas dichosas balanzas, explicar bien su metodología y sus limitaciones e interpretar su contenido para pinchar de una vez ese globo falaz y tramposo, especialmente en una sociedad como la española, que ha disfrutado de las estrategias de cohesión europea para el bienestar de todos. BALANZAS Y Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera E AGUA, INVERSIONES Y FALSEDADES AS cifras no cuadran por mucho que se esfuercen el Gobierno y el PSOE en negar las evidencias. Durante el debate de investidura, Rodríguez Zapatero dijo expresamente que en el Programa AGUA se han invertido más de 7.700 millones de euros con el objetivo de hacer frente a las necesidades de la política hidráulica. En cambio, en el programa electoral del PSOE se habla de unos 4.000 millones, poco más de la mitad de la cifra establecida por el candidato. No sólo discrepan en los dineros, sino también en los hectómetros cúbicos aportados por las inversiones correspondientes: el presidente del Gobierno habló de 1.162 mientras que el Partido Socialista se queda en 670. ¿Quién tiene razón? Es imprescindible que unos y otros se aclaren cuanto antes porque las discrepancias reflejan, en el menos malo de los casos, una ineficacia intolerable y, en el peor de los supuestos, una mentira deliberada de Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria. El asunto no admite bromas ni desconocimientos y va más allá de una cuestión puramente técnica. De hecho, la política del agua en España es a día de hoy un problema vital para muchos millones de ciudadanos que sufren o pueden sufrir a corto plazo restricciones, incluso para el consumo humano. El artículo 149 de la Constitución, en su apartado 1.22, dispone que es competencia exclusiva del Estado la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma Queda clara, por tanto, la responsabilidad determinante del Ejecutivo a la hora de desarrollar una política racional para la utilización de un recurso escaso en muchas zonas de España, atendiendo a los principios de solidaridad y de igualdad de todos los ciudadanos. Sin embargo, los socialistas han hecho y siguen haciendo un uso partidista de una política pública que debe ser contemplada con criterios de eficiencia al servicio del interés general. El Programa AGUA no ha sido un éxito, por mucha retórica que pretendan utilizar al respecto L los responsables ministeriales. De hecho, la diferencia abrumadora entre unas cifras y otras deja en evidencia la pésima gestión desarrollada a lo largo de la legislatura anterior. Si las discrepancias obedecen a una mala coordinación, sería una señal muy significativa de que nadie se toma con la suficiente seriedad un asunto de máxima trascendencia. Si los datos se han inflado al servicio de la investidura de Rodríguez Zapatero estamos ante un hecho muy grave. En democracia no se puede faltar a la verdad en una comparecencia parlamentaria, y mucho menos cuando se acude al Congreso de los Diputados para solicitar la confianza de la Cámara a efectos de formar gobierno. El candidato debe aclarar sin demora cuál es la cifra correcta y por qué hay una diferencia abrumadora entre lo que aparece en el diario de sesiones y lo que su partido asegura en el programa electoral. Hace unos días, ABC denunciaba la ineficacia hidráulica del departamento dirigido por Cristina Narbona, incapaz de poner en marcha ni siquiera las obras calificadas por el propio Ministerio de prioritarias y urgentes Ahora se descubre que la propaganda pretende ocultar la realidad, modificando los números en función de los intereses coyunturales. Sin embargo, por mucho que Rodríguez Zapatero se empeñe, la política del agua es un verdadero agujero negro en la gestión del Gobierno y tendrá que rectificar a fondo en esta nueva etapa, empezando por pensar con mucho cuidado a quién encomienda la responsabilidad ministerial. Hay decisiones inaplazables que no van a contentar a todos pero que siempre podrán ser justificadas con argumentos objetivos si se adoptan con sentido de Estado y no para buscar ventajas electoralistas. En todo caso, incluso en la hipótesis de que las cifras reales se correspondan con las anunciadas en el Congreso, está claro que el esfuerzo ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. El fracaso no se tapa, sino que se agrava, si pretende ocultarse una pésima gestión bajo estadísticas infladas o retóricas sin contendido real. ENCRUCIJADA odas las encuestas dan por seguro que Silvio Berlusconi ganará las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Italia el domingo y el lunes, pero pocos creen que su victoria sirva para enderezar las cosas en el país. Los escasos dieciocho meses de gestión del socialdemócrata Romano Prodi, que se presentaba como la alternativa, han dejado tan mal recuerdo en los italianos que en ningún caso se prevé la victoria de su correligionario, Walter Beltroni. Los electores italianos se tienen que resignar a elegir entre dos candidaturas desprestigiadas y usando un sistema electoral que ha demostrado que no proporciona estabilidad a ningún Gobierno. Es más: puede que Silvio Berlusconi venza en la Cámara Baja, pero que empate o pierda en el Senado, lo que le dejaría en una situación muy parecida a la que desquició a Prodi y que le abocaría probablemente a nuevas elecciones anticipadas a corto plazo. Y en este ambiente de descrédito de la clase política, la economía del país atraviesa uno de los momentos más delicados en los últimos cuarenta años. Décadas de gestiones erráticas han aplazado la adopción de las reformas que hubieran sido necesarias para mantener la competitividad del país. Europa necesita una Italia fuerte y ya no quedan muchas oportunidades para evitar una crisis realmente grave. Berlusconi puede tener en sus manos la última. ITALIA, EN LA T LA RESPONSABILIDAD DEL TC A sentencia que avala la reforma de la presidencia del TC ha vuelto a demostrar la división interna de esta institución. La disparidad de criterios en un órgano jurisdiccional es legítima porque la aplicación de la ley no es un ejercicio matemático. Pero en el TC se ha instalado una dualidad de bloques que, al margen de que no sea la intención de sus magistrados, ha sumido a este tribunal en un debate político contraproducente para el prestigio que le corresponde como órgano constitucional. La imagen de politización que transmite el TC no puede ser obviada por sus integrantes y a su presidenta le corresponde asumir la tarea de recomponer la situación, lo que exige tomar decisiones en varios frentes. Por lo pronto, hay sentencias que son inaplazables porque de ellas depende la seguridad jurídica de los derechos y libertades de miles de españoles. La ley del matrimonio homosexual o la de violencia contra la mujer están cuestionadas desde su primer día de aplicación. La dilación de sus procesos constitucionales está creando riesgos impropios de un Estado de Derecho, cuyo fundamento es la seguridad jurídica de sus ciudadanos. La proliferación de votos particulares demuestra, por otro lado, que las deliberaciones previas a las sentencias fijan posiciones cada vez más irreconciliables, y aunque esos votos discrepantes no merman la autoridad de la deci- L sión final- -en la que se refleja la voluntad de la mayoría- -sí alientan la percepción de que el TC está internamente dividido más allá de lo que justificaría el ejercicio de su función jurisdiccional. En cuanto al Estatuto de Cataluña, la diversidad de recursos presentados contra esta ley y el hecho de que no hayan sido acumulados en un solo proceso, como habría sido recomendable desde un primer momento, son circunstancias que emplazan a los magistrados del TC a establecer pautas comunes en sus futuras resoluciones. Aunque sea improbable en la práctica, teóricamente es posible- -porque la composición del tribunal en la impugnación presentada por el PP es distinta que para el resto de recursos- -que se desestime un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo del Estatuto y se acepte otro contra el mismo artículo, declarándolo inconstitucional. Por ello, y a la vista de esta posibilidad teórica, es imprescindible que todas las sentencias que dicte el TC sobre el Estatuto de Cataluña tengan la misma base doctrinal porque van a definir, en un momento crítico, el modelo territorial del Estado, los límites de las reformas estatutarias y hasta el concepto constitucional de nación. Nunca antes el TC ha tenido tanta responsabilidad en sus manos y debe dar una respuesta jurídica e institucional a la altura de las circunstancias.