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ABC LUNES 7- -4- -2008 Zapatero centrará en empleo, economía y política social su discurso de investidura 11 El ministro Bermejo, tras llegar a un acuerdo ayer por la tarde para acabar con la huelga, lo celebra con dirigentes de UGT y CC. OO. tiempo que era necesario y porque ha permitido recuperar la confianza que habíamos tenido en organizaciones tan serias como CC. OO. y UGT, que se había visto un poco disminuida explicó. El hecho de que los responsables de Servicios Públicos de CC. OO. y UGT firmaran el acuerdo sin consultarlo en referéndum antes a los funcionarios provocó ayer el malestar dentro de estos dos sindicatos y de la plataforma sindical de Justicia. Así, mientras el ministro en funciones daba por concluida la huelga, los representantes de CSIF y STAJ, junto con el responsable de la sección de Justicia de CC. OO. Javier Hernández, insistían en que mantendrán los paros hasta que el documento sea ratificado por los trabajadores. Además, lanzaron duras acusaciones contra los responsables de las Federaciones de Servicios Públicos de UGT y CC. OO. que ratificaron ayer el documento, a quienes acusan de puentearles y contra el propio ministro, al que reprocharon su talante antidemocrático y exigieron su dimisión. Una vez firmado el acuerdo, ante la puerta de la sede del Ministerio de Justicia, en la madrileña calle de San Bernardo, medio centenar de trabajadores continuaban su protesta con gritos de ¡traidores! y ¡nos han vendido! Los funcionarios judiciales- -agentes, oficiales y auxiliares- -dependientes del Ministerio de Justicia iniciaron la huelga indefinida el pasado 4 de febrero para reclamar un aumento salarial que les equipare retributivamente a sus compañeros que trabajan en los órganos jurídicos dependientes de la Comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas. En los paros han participado 9.500 trabajadores de las siete Comunidades sin competencias de Justicia: Castilla y León, Castilla- La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares, Asturias, Ceuta y Melilla y los órganos centrales de la Administración de Justicia de Madrid, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Los sindicatos reclamaban al Ministerio un aumento de los salarios de los funcionarios de 200 euros mensuales con carácter retroactivo desde enero, así como medidas para la modernización de la Justicia y otras en materia de horarios. Finalmente, el Ministerio les ha ofrecido un incremento de 190 euros mensuales, de los cuales 160 se harían efectivos este mismo año y que se distribuirían de forma progresiva: una subida de 80 euros mensuales con efecto retroactivo desde el 1 de enero y otros 80 que se empezarán a cobrar a partir de julio. Los 80 euros no abonados de los primeros seis meses del año se incluirían en una paga extraordinaria de 480 euros, que se haría efectiva en enero de 2009. A esta subida de 160 euros se le sumarán otros 30 euros a partir de julio de 2009, con lo que se alcanza la subida de 190. EFE La factura pendiente El acuerdo incorpora planes de actuación para resolver los asuntos judiciales pendientes en los próximos meses s Hay decenas de miles de cuestiones por resolver: desde la inscripción de un nacimiento en el registro hasta permisos carcelarios POR M. J. P- B. MADRID. El caos que reina en la Administración de Justicia no tiene parangón. Las más de 130.000 actuaciones judiciales paralizadas pueden parecer una cifra irrisoria porque sólo cuenta los juicios, vistas y comparecencias que no se han celebrado en las siete comunidades afectadas por la huelga y en Ceuta y Melilla. Falta también por conocer las consecuencias que ha provocado estos dos meses de paro de los funcionarios en otra serie de actuaciones. Todo hace pensar que existen decenas de miles de expedientes acumulados por resolver que afectan al día a día del ciudadano: nuevos nacimientos y defunciones sin registrar; pensiones por determinar; desahucios incumplidos; matrimonios, divorcios y separaciones en el aire; permisos carcelarios retrasados... Por no hablar de otros muchos procedimientos administrativos en los que se precisa la intervención de la Administración de Justicia en el papeleo, como puede ser la solicitud de distintos tipos de ayudas a la maternidad y paternidad. 6.500 juicios y otros 6.000 en Murcia. En Asturias, 30.000 escritos sin tramitar. Desde luego, una larga lista por resolver que pasará su factura en los próximos meses. De hecho, este asunto no se olvidó ayer en el acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno. En él se incorporan unos planes de actuación para recuperar la tramitación de los asuntos judiciales pendientes por la huelga, con un periodo de duración de tres meses y con posibilidad de prórroga para los organismos judiciales que cuenten con atrasos durante ese periodo. El diseño de los planes de actuación es de carácter voluntario y comprende un máximo de 40 horas semanales. Durante los fines de semana los funcionarios tendrán una mejor retribución por las horas trabajadas. Pero hay mucho trabajo acumulado y habrá que ver cómo se lleva esto a la realidad, si se tiene en cuenta que ya de por sí la Justicia funciona lenta en este país y que las distintas asociaciones de jueces y de fiscales no se han cansado de denunciar que existe una carencia preocupante de medios humanos y materiales en Justicia. Y lo ilustran los datos que se manejan. Por ejemplo, en España hay una ratio de un juez por cada doce mil habitantes y en otras naciones europeas un magistrado por cada cuatro mil, aproximadamente. El desastre Más de 50.000 juicios suspendidos en Castilla y León y otros 6.500 aplazados en Castilla- La Mancha. En Asturias, 30.000 escritos sin tramitar y 10.000 diligencias sin practicar. La Rioja tiene 2.850 actuaciones penales pendientes y 5.700 notificaciones. Los seis juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han estado casi paralizados. Un juez por 12.000 habitantes Nos han vendido Sólo en Castilla y León hay 250.000 españoles afectados por la paralización de las actuaciones judiciales Más información sobre la huelga de funcionarios de Justicia en abc. es Sólo en Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad calcula que 250.000 españoles se han visto afectados. En La Rioja, hay 2.850 actuaciones penales pendientes. En Castilla- La Mancha se han tenido que aplazar