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30 ESPAÑA DOMINGO 6 s 4 s 2008 ABC Las clínicas de los horrores El sumario del caso Morín ha destapado un sinfín de irregularidades, ilegalidades y atrocidades cometidas en las clínicas abortistas del famoso cirujano s La Generalitat o el Colegio de Médicos de Barcelona no quedan en muy buen lugar en este escabroso suceso POR JANOT GUIL BARCELONA. Trece detenidos, a día de hoy sólo uno de ellos aún en prisión y porque tenía una sentencia de cárcel pendiente de ejecución por un caso de malos tratos, y una investigación judicial en curso que se augura muy larga. El caso en cuestión es ya el caso Morín la investigación que desde mediados del año pasado inició la juez del juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, contra las clínicas abortistas que el cirujano peruano Carlos Morín, de 63 años, dirigía en Barcelona: Ginemedex, TCB, CBM Barna Medic y Fundación Morín. En conjunto (no todos los detenidos tiene los mismos cargos) la juez imputa a Morín, su esposa y el resto de encausados- -entre los que hay dos psiquiatras, una administrativa y otros nueve médicos, entre ginecólogos y anestesistas- -los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, falsedad documental e instrusismo profesional. Además, en esta causa también han tenido que declarar como imputadas ante la Guardia Civil y ante la juez algunas de las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín. Ante la Benemérita ya han declarado más de 139. Todas ellas son españolas, aunque en la nómina de clientas de Morín había mujeres de Francia, Alemania y otros países con legislaciones más restrictivas en torno al aborto. A quién menos ha pillado de sorpresa esta investigación es al propio Morín, que en 1999 llegó a ser detenido por practicar abortos ilegales en la clínica de Ginetec de Alicante, aunque la justicia lo absolvió. Ahora, también afronta otra causa judicial por el cierre de la clínica CB Medical Ginemedex en Madrid y, a raíz de la investigación en Barcelona, su nombre ha llegado a Holanda, ya que la justicia de allí le investiga por un aborto ilegal realizado a una holandesa en uno de sus sus centros de Barcelona. La instrucción del caso será ardua. Se han requisado un total de 2.780 historias clínicas de pacientes que se habían sometido a abortos en 2007. Hasta la fecha, apenas 200 de ellos han sido examinados. Mientras, a raíz de la investigación Morín se ha visto obligado a cerrar sus clínicas de Barcelona desde el pasado enero, por no poder pagar a sus trabajadores- -le incautaron más de 100.000 euros destinados a nóminas en los registros- e incluso una de ellas, CBM, en la Via Augusta, ha abandonado su sede. A principios de este mes la juez instructora levantó par- Operarios desmantelan los rótulos de la clínica Barna Medic, del doctor Morín, que ya ha sido cerrada cialmente el secreto de sumario sobre el caso, que aún sin terminar la instrucción ya suma 4.000 folios, lo que ha propiciado que se conozcan una cantidad ingente de presuntas irregularidades e ilegalidades que se atribuyen a Morín y compañía. Muchas de ellas son fruto del testimonio de dos testigos protegidos de ex empleados de las clínicas que han servido para edificar esta causa, junto a la querella presentada por ECristians a raíz de un reportaje con cámara oculta realizado por la televisión pública danesa DR a finales de 2006 y que puso bajo sospecha a Morín. Ya en 2004 el periódico británico Sunday Telegraph cazó al cirujano peruano con otro reportaje con cámara oculta. Otros muchos detalles del caso han sido aportados por los testigos interrogados por la Guardia Civil y por las escuchas telefónicas ordenadas por la juez a las que se sometió a los imputados. Quien ya ha quedado en mal lugar es la Generalitat, que en noviembre de 2006 inspeccionó las clínicas de Morín y saldó su pesquisas con 3.000 euros de multa tras detectar sólo irregularidades administrativas También está en entredicho el Colegio de Médicos de Barcelona, que abrió un expediente informativo en relación al reportaje de la televisión danesa y no halló infracción alguna. Y eso que uno de los vocales de la sección de ginecología del colegio está imputado en esta causa por presuntamente prestar su sello y firma de ginecólogo a abortos que Un lucrativo negocio El Colegio de Médicos de Barcelona avala que hagan abortos facultativos que no sean ginecólogos J. G. BARCELONA. Si un médico ejerce una especialidad, por ejemplo ginecología, sin tener la titulación para la misma, eso no constituye un ilícito penal, sino una infracción administrativa. A esta, cuando menos, sorprendente conclusión llega el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) en su respuesta a la solicitud que hizo la juez que instruye el caso de las clínicas de Carlos Morín sobre cuáles son los requisitos para la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos y que consta en el sumario, al que ha tenido acceso ABC. En la misiva del COMB, que data del 14 de diciembre, se subraya que, según el Real Decreto Decreto 2409 1986, se requiere para la acreditación de centros que quieran practicar abortos la necesidad de contar con médicos especialistas en obstetricia y ginecología, sobre todo para la práctica de interrupciones de embarazo de más de doce semanas o con alto riesgo para la mujer Pero esa exigencia es sólo de carácter administrativo e impera a los efectos estrictamente de autorización de funcionamiento y acreditación de centros Por ello, el Colegio considera que el incumplimiento de esa exigencia reglamentaria constituiría, en todo caso, una infracción administrativa, pero sin relevancia profesional o deontológica ni tan siquiera penal de acuerdo con el actual y sostenido criterio jurisprudencial En ese sentido, el COMB se remite al Tribunal Constitucional- -a la sentencia 2006 83 sobre un caso de intrusismo profesional- -y al Supremo que, según el COMB, han reiterado que la única profesión colegiada es la de doctor y no la de especialista y que la falta de titulación de médico especialista en el desarrollo de la actividad no constituye un ilícito penal El profesional que cuente con el título de Medicina puede realizar, desde el punto de vista profesional y deontológico, los actos propios de la profesión médica, sean o no atribuidos a una especialidad sostiene el Colegio. Fuentes jurídicas conocedoras del caso mostraron a ABC sus dudas sobre la conclusión del COMB de que un médico que ejerza una especialidad sin tener la titulación de la misma no incurra en un ilícito penal, aunque no se atrevieron a calificarla de falsa. Y señalaron que en el caso de Morín incurren otras irregularidades, ya que la Ley 44 2003 obliga a los centros sanitarios a revisar, cada tres años como mínimo, que sus profesionales cumplan los requisitos necesarios para ejercer la profesión, algo que no se hizo en este caso. Y algo que ni la Generalitat ni el Colegio, por lo que se ve, controló.