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16 ESPAÑA Caos en la justicia s Jueces en el banquillo VIERNES 4 s 4 s 2008 ABC Otro error del sistema permite a un violador abusar de una menor J. A. PALENCIA. Suma y sigue de errores de la justicia. La Audiencia de Zamora no solicitó prisión preventiva para un violador al que se condenó a siete años de cárcel y el resultado fue que el sujeto pudiera aprovechar su no entrada en prisión para abusar sexualmente de una menor en Palencia cuando se encontraba en libertad, según denunció el letrado Luis Antonio Calvo, de la asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación particular y popular. No sé hasta qué punto se le puede llamar error judicial porque no hay datos de cómo ha sucedido, pero la realidad es que hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora en la que se condena a este individuo a siete años de prisión por una violación y año y medio después seguía en libertad dijo a Ep el abogado. Los hechos se remontan a la tarde del día 4 de diciembre de 2006, cuando J. G. F. C. fue detenido por la Policía en Palencia tras ser denunciado por una joven de 17 años. La víctima aportó datos físicos relevantes para poder identificarlo, ya que había sido atacada ese mismo día cuando iba al hospital a visitar a su madre. En el momento de la detención no se sabía que había cometido más delitos de agresión sexual pero con los antecedentes policiales se vio que J. G. F. C. estaba en busca y captura por orden de la Audiencia de Zamora desde hacía año y medio. Llama la atención que en Palencia la Policía lo tuviera controlado en tan poco tiempo con los datos aportados. La Fiscalía pide tres años para el juez Urquía por sus favores a Roca El magistrado le asesoró en un caso que él mismo instruía y recibió dinero del cerebro de la Malaya para comprar una casa s Se le acusa de prevaricación y cohecho J. M. CAMACHO MÁLAGA. La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido tres años de cárcel y 19 de inhabilitación para el juez Francisco Javier de Urquía- -está ya suspendido por el CGPJ- como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y cohecho, por los que pide además una multa de 213.000 euros. El fiscal solicita la misma pena para el cerebro de la Malaya Juan Antonio Roca, y para un amigo personal de éste, Arnaud Fabrice Albouhair, así como una multa de 177.000 euros por los delitos de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y cohecho. La Fiscalía dice que el 14 de marzo de 2006 Roca presentó en el Juzgado 2 de Marbella, que dirigía De Urquía, una denuncia contra el dueño de una televisión local por un delito contra la intimidad y el derecho a la imagen en la emisión de un programa sobre él. Ese día, De Urquía incoó diligencias previas por injurias y calumnias con publicidad, distinto al inicialmente denunciado, en virtud de un auto en el que ordenó la suspensión de la redifusión del programa y pidió al denunciado las grabaciones. Sin practicar diligencia probatoria alguna De Urquía dictó el 15 de marzo un nuevo auto en el que, advertido de oficio el error de admitir a trámite la denuncia sin los requisitos obligatorios- -presentación de querella y certificación de acto previo de conciliación- decretaba la nulidad del anterior y el archivo de la causa, por lo que el programa volvió a emitirse. Roca, que conocía que su amigo, el también acusado Arnaud, tenía una íntima relación de amistad con el juez, le pidió que usara su influencia, según el fiscal. Tras interesarse por el asunto, Arnaud llamó a Roca para comunicarle que De Urquía le había informado de los defectos que le llevaron a decretar la nulidad del auto inicial, así como de la forma en que éstos podían ser subsanados. Como Roca tenía dificultades para entenderle, intervino en la conversación el propio juez que era plenamente consciente de que se dirigía al denunciante de las diligencias previas que él mismo había tramitado, y explicó al ex asesor de Urbanismo los pasos procesales que debía dar, informa Efe Conforme a lo hablado, Roca presentó una querella que derivó en la incoación de nuevas diligencias en las que persistían las irregularidades procesales que determinaron operación, para lo que hizo un contrato privado de compraventa de 360.000 euros, cuyo pago se haría en tres veces. Conforme a esas negociaciones, el comprador (Urquía) se comprometía al pago en dinero B y en el momento de la firma del contrato a otros 63.000 euros en efectivo, por lo que el precio ascendía a 423.000. Roca redactó el documento en Maras Asesores, la sociedad desde la que gestionaba sus negocios. Además asumió el pago en metálico de 63.000 euros y 10.800 más, cuyos recibos, así como un sobre con 73.800 euros, hizo llegar al juez por mediación de Arnaud, asegura la Fiscalía. Por otra parte, la que fuera titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada) Adelina Entrena, que es juzgada estos días en el TSJ de Andalucía, negó ayer haber cometido error alguno con José Campoy, quien permaneció 455 días en prisión por un delito del que había sido absuelto. Entrena declaró en el juicio, en el que se le acusa de un delito contra los Derechos Fundamentales, que todo este malentendido se debe a un error del funcionario que escribió los antecedentes de Campoy, aunque admite que una vez firmada por ella la sentencia, tendrá que asumirlo. Por su parte, la secretaria judicial señaló que la magistrada es una persona despistada a la que hay que recordarle las cosas y puntualizó que no se anotó en el libro que Campoy era preso preventivo, nadie se dio cuenta hasta el día del juicio concluyó. La acusación pide una indemnización de 350.000 euros para el preso. Tendré que asumirlo Francisco Javier de Urquía ABC Nulidad del auto La ex juez de Motril que dejó 455 días presa a una persona absuelta achaca lo ocurrido a sus funcionarios el previo archivo de la causa, pero que derivaron en una nueva suspensión del programa. Además, en los primeros meses de 2006, De Urquía decidió comprar una casa y, de común acuerdo con Arnaud, se dirigieron a Roca para que les ayudara, a lo que éste accedió consciente de la importancia futura de contar con la ayuda de un juez. Haciéndose pasar por el abogado del comprador, Roca hizo las gestiones necesarias para cerrar el precio real de la