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14 ESPAÑA Caos en la justicia s Errores en los tribunales VIERNES 4 s 4 s 2008 ABC TERRORISTAS BENEFICIADOS POR LA JUSTICIA La Audiencia se defiende tras la absolución de un grapo por el Supremo Gregorio Vicario Carcelero etarra Una prueba tomada de una hoja de afeitar delataba que estuvo en el zulo de Aldaya Antonio Gabiola Comando Madrid Francia le puso en libertad porque no llegó a tiempo la petición de extradición Juan María San Pedro Comando Matalaz Tras huir, fue lugarteniente de Kantauri el inductor de los atentados contra concejales Dice que intentó citar en cuatro ocasiones a la testigo clave J. A. MADRID. Cuando aún no se ha aclarado la cadena de errores del caso Mari Luz surge otra, la del grapo Martín Ponce, que fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de un policía. Ahora, el Tribunal Supremo decide anular la pena al descubrir una cadena de irregularidades en el proceso. El alto Tribunal, en la sentencia absolutoria, adelantada ayer por El Mundo critica al instructor, al fiscal, a la Policía, pero sobre todo dirige términos muy duros contra la Audiencia Nacional, hasta el punto de que este órgano se defendió ayer con urgencia en un comunicado. Mientras, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dice que los errores judiciales no son lo usual Frente al varapalo del Tribunal Supremo- -censura especialmente la concepción burocrática de la Audiencia en la búsqueda de una testigo, que no llegó a ser localizada, y cuyo testimonio era absolutamente indispensable en el juicio contra Marcos Martín- la Audiencia alegó que hasta en cuatro ocasiones intentó citar a la testigo protegido que reconoció al grapo como autor del asesinato del policía Francisco Sanz Morales el 17 de noviembre de 2000. Para el Supremo, lo más grave es que la ausencia de esa testigo no era, ni mucho menos inevitable y cree que la Audiencia no realizó una diligente labor de indagación de las razones que hacían imposible su presencia en el juicio por lo que se sustrajo la práctica del interrogatorio de las exigencias derivadas del principio de contradicción, contraviniendo así elementales exigencias del derecho de defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías Además, la sentencia destaca la gravedad de que la mujer no fue localizada cuando se trataba de una testigo protegido. La lógica de las cosas indica que un verdadero y eficaz sistema de protección de testigos protegidos, obliga, cuando menos, a conocer su localización Para defenderse de esta crítica, la Audiencia esgrimió que cuando un testigo no comparece a una vista oral, el Tribunal no puede suspenderla si no se lo solicita acusación o defensa Y añade que si los jueces hubieran intervenido, el juicio podría haberse declarado nulo debido a la parcialidad del Tribunal. En el caso concreto, ni la acusación ni la defensa pidieron la suspensión, por lo que el Tribunal no podía acordar la suspensión de la vista oral dice la Audiencia. La Policía también está en la diana de las críticas del Supremo por no buscar a la testigo protegido en su domicilio para que compareciera en el juicio. Todo apunta a que los agentes sólo se dirigieron al colegio en que trabajaba. Allí no la localizaron al estar cerrado por vacaciones de verano. La Sala- -dice la sentencia- -no puede aceptar como expresión de normalidad procesal que la Policía no practique indagaciones para localizar el domicilio de una testigo protegido cuando la mujer sí fue localizada para asistir al juicio de Israel Torralba, que junto a Ponce participó en el asesinato. Mientras, el fiscal Jesús Alonso, que no pidió el aplazamiento o suspensión del juicio, está elaborando un informe sobre su actuación. El TS le reprocha que no pidiera la comparecencia de la testigo en la vista oral y que se conformara con la lectura de la declaración que hizo en el juicio contra Israel Torralba. Asier Oyarzábal, conducido por gendarmes tras su detención en Francia AFP Una decena de terroristas se han beneficiado por errores judiciales en los últimos 13 años J. PAGOLA MADRID. En junio de 1995 la Audiencia Nacional puso en libertad a los seis integrantes del comando Matalaz desarticulado en 1990 tras cometer cuatro asesinatos y colocar un coche bomba contra un cuartel de la Guardia Civil en cantabria. El motivo fue que se había agotado el período de prisión preventiva de cuatro años sin que los etarras fueran juzgados. Un mes después, se dictó orden de detención e ingreso en prisión contra estos pistoleros por no presentarse al juicio, pero los terroristas ya habían huido a Francia. Algunos de ellos, como Asier Quintana, Juan María San Pedro y Raúl Ángel Fuentes, ocuparon puestos de responsabilidad en el organigrama de ETA. La investigación prometida por el CGPJ no tuvo consecuencias, y, pese a las promesas de poner remedio, los errores continúan. Así, trece años después, el marroquí Saed El Harrak, imputado en los atentados del 11- M, fue excarcelado por un error idéntico, ya que el juez Juan del Olmo no decretó la prórroga de dos años en prisión. En este caso, sin embargo, el terrorista no huyó. En 1994, la Audiencia de San Sebastián absolvió a seis borrokas al invalidar todas las pruebas existentes contra ellos por falta de motivación jurídica de los magistrados a la hora de solicitar las pruebas. Tras los recursos, se ordenó repetir el juicio, pero para entonces, varios de ellos, como Asier Oyarzábal y Aritz Arnaiz, habían pasado a ETA. Oyarzábal se convertiría en jefe de logística hasta su captura. Recientemente, el Supremo absolvió a Vicario Setién del secuestro de Aldaya, porque el fiscal incorporó fuera de plazo una prueba de su ADN. Años antes, cuatro integrantes del comando Artapalo fueron absueltos ya que el fiscal no presentó acusación. Por otra parte, los etarras José María Zaldúa y Antonio Gabiola, fueron puestos en libertad por Francia al llegar tarde la solicitud de extradición. No era inevitable Sigue en prisión No obstante, Martín Ponce, detenido en Francia en 2002, permanecerá en prisión porque ya se dictó contra él una condena firme de once años de prisión por el atraco a una sucursal de la Caixa en Barcelona. Además existen varias causas más en su contra, pendientes aún de juicio. Así, el próximo día 14 el el grapo será juzgado por su intervención en un atraco cometido el 21 de mayo de 1999 contra una sucursal de Caja Duero en el Mercado de Valladolid. Para el sindicato policial SUP, la sentencia del Supremo es inaceptable y utiliza artilugios legales para favorecer a su asesino