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4 OPINIÓN VIERNES 4 s 4 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO LA SOLEDAD D PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EN LA CUMBRE esde que tomó la discutida decisión de retirar las tropas españolas de Irak, el presidente del Gobierno ha pretendido hacerse una fotografía en actitud amistosa con el presidente norteamericano George Bush, con la evidente intención de desmentir las críticas sobre el punto más débil de nuestra política exterior. En las ocasiones que se han presentado, sobre todo en las cumbres de la Alianza Atlántica, Zapatero ha exprimido todas las posibilidades de provocar algo más que un saludo fugaz, pero no ha tenido ningún éxito, ni siquiera después de los ímprobos esfuerzos que ha llevado a cabo la diplomacia española. En primer lugar, porque en la Casa Blanca saben muy bien para qué quiere el presidente del Gobierno esa fotografía y probablemente no tengan muchas ganas de hacerle ese regalo, y en segundo lugar, porque para poder tener ese encuentro casual es necesario al menos poder decir en una lengua común algo más del hola, hola, felicidades con el que el presidente norteamericano le saludó a su llegada a Bucarest. La política exterior es el peor terreno para las improvisaciones o para la utilización interesada de los gestos. Las expectativas del propio presidente para la cumbre de Bucarest pasaban por mantener una reunión con George Bush anunciada por Moncloa. Pero el resultado es la fotografía que ilustra nuestra portada: un Zapatero solo e ignorado por el resto. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera HUELGA ESPECIAL PARA EL GOBIERNO A huelga de funcionarios de la administración de Justicia no transferidos a comunidades autónomas ha entrado en una nueva fase después de que el sindicato Unión General de Trabajadores anunciara su retirada del paro si el Gobierno ofrecía negociaciones en cuarenta y ocho horas. La condición es de tan fácil cumplimiento que parece pactada con el Ejecutivo, más aún cuando tanto el sindicado socialista como el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, utilizaron ayer el mismo argumento para criticar a los huelguistas: las supuestas irregularidades en el referéndum celebrado por los funcionarios de Justicia y que rechazó por abrumadora mayoría la oferta del Ministerio. La estrategia de deslegitimar la posición de los huelguistas poniendo pegas a las votaciones de los funcionarios resulta, como mínimo, un sarcasmo, pues no suelen darse en estos casos de coflictividad laboral ejemplos de esa democracia formal- -voto libre, directo, secreto y universal- -que ahora exigen el ministro y la UGT. Da imagen de poco de izquierdas cuestionar la democracia asamblearia en la actividad sindical. Más bien parece que ambos- -UGT, que ha permanecido dos meses en huelga, y Ministerio- -han decidido abrir de común acuerdo una brecha en este largo paro judicial, frente al cual el Ejecutivo ha opuesto de forma sistemática una actitud especialmente carente de recursos e iniciativas. Transmite la sensación de que no le importa la huelga. Es indudable que el paro de los funcionarios de Justicia no transferidos a las autonomías está ocasionando muy graves perjuicios a los ciudadanos que tienen pleitos pendientes. Igualmente es cierto que la acumulación de retrasos añadirá nuevas dilaciones a las que ya se producen habitualmente. Por todo esto, los huelguistas deben sentirse comprometidos por el interés general de que el paro acabe lo antes posible, aunque esto suponga ceder en algunas de sus reclamaciones. Esta huelga debe acabar más pronto que tarde, aunque seguirá subyaciendo de manera latente L ese cultivo de desigualdades que están provocando las transferencias a las comunidades autonómicas sobre materias que son de interés nacional. Sin embargo, y al margen de cuáles deban ser las respuestas de los huelguistas, sigue siendo una incógnita la razón por la que el Gobierno no ha hecho nada relevante por sacar a los funcionarios en paro de su posición contraria a todas las propuestas del Ministerio. La incógnita podría dejar de serlo en la medida en que el Gobierno está tolerando la prolongación de esta huelga para convertirla en un antecedente ejemplarizante para otros paros. El Ejecutivo teme que cualquier cesión a los funcionarios de la Administración de Justicia se traduzca en un banderazo de salida para que otros colectivos del sector público pongan en marcha sus propias medidas de presión. La entrada de lleno en un período de crisis económica, la llame así el Gobierno o la endulce con el término desaceleración es una ocasión propicia para relanzar paros y reivindicaciones que serían muy difíciles de controlar si esta segunda legislatura de Rodríguez Zapatero comenzara con un pulso perdido frente a los funcionarios de la Administración de Justicia. Para el presidente del Gobierno- -que ayer, y en medio del caos ocasionado por la huelga, ratificó la continuidad del ministro Bermejo sin esperar a comunicárselo oficialmente al Rey- -sería un revés jalonar de conflictos laborales su segundo mandato, después de haberse ufanado en sus primeros cuatro años de no haber tenido una sola huelga general, a diferencia de lo que le sucedió a Aznar. La obsesión comparativa en la que vive el PSOE- -siempre mirando a Aznar por el retrovisor- -y el temor a una escalada de conflictos, enganchada a una agravación de la crisis, son los principios de actuación que explicarían la actitud nada conciliadora de Bermejo, peón de brega de una estrategia política a mayor escala y con vistas a un mandato al que el Gobierno se asoma con preocupación y pesimismo. PASIVIDAD CON LA SUBIDA DE PRECIOS D EL AGUA DIVIDE AL TRIPARTITO OBERNAR significa decidir entre opciones distintas en defensa del interés general. Por eso no se puede contentar a todos al mismo tiempo ni decir en cada sitio lo que conviene en función de circunstancias coyunturales. La incoherencia pasa factura más pronto que tarde, y eso les ocurre ahora a los socialistas en la política del agua porque la naturaleza no entiende de competencias exclusivas ni de ventajas partidistas. La sequía amenaza ya al consumo humano en Barcelona y su área metropolitana, de modo que la Generalitat está dispuesta a realizar los trasvases del agua del Segre en contra de lo que ha manifestado reiteradamente desde hace años. Aunque los denomina con un eufemismo burocrático, el Ejecutivo que preside José Montilla- -desautorizado ayer de nuevo por Rodríguez Zapatero- -no engaña a nadie porque salta a la vista su incoherencia y oportunismo. A mayor abundamiento, ha quedado en evidencia el frágil equilibrio que sustenta al tripartito catalán. Es muy grave que el consejero competente en la materia, que pertenece a ICV ha, ya declarado en la Prensa que la ministra de Medio Ambiente le pidió que silenciara cualquier proyecto hasta después de las elecciones, fiel reflejo de que el PSOE aborda problemas estructurales con la única intención de lograr pequeñas ventajas a corto plazo. De hecho, ni siquiera se han aprovechado fondos europeos ni completado múltiples obras pendientes. Sin embargo, el agua en España es un recurso escaso y resul- G ta imprescindible utilizarla con criterios de eficiencia y solidaridad. Desde este punto de vista, carece de sentido que- -como hoy informa ABC- -se hayan desperdiciado hasta 18.000 hectómetros cúbicos de agua del Ebro, suficiente para satisfacer a la España seca durante al menos quince años. El Partido Popular ha denunciado con razón en el Parlamento catalán la incoherencia del discurso socialista. Cada uno dice lo que le conviene según el tiempo y el lugar, mientras Rodríguez Zapatero difiere el problema al futuro sin aclarar soluciones concretas, Cristina Narbona parece intentar tapar el asunto en vez de solucionarlo y José Montilla se encoge de hombros ante los problemas ajenos y está dispuesto a resolver el suyo a costa incluso de su discurso tradicional. Por su parte, Marcelino Iglesias sigue empeñado en el mismo discurso que tanto provecho electoral ha supuesto para el PSOE en Aragón. Un partido de ámbito nacional tiene el deber de cumplir una función vertebradora de todos los intereses al servicio de un proyecto común. De lo contrario, gana terreno un egoísmo insolidario que contradice no sólo la Constitución, sino también el más elemental sentido común. Si falla la solidaridad, no sólo se producen discrepancias internas, sino que se rompen las reglas del juego de un modelo territorial basado en la cooperación. De este modo, desaparece en la práctica una política del agua de alcance nacional víctima de los intereses particulares del PSOE y de sus socios. e tardíos, endebles y contradictorios han sido calificados los expedientes sancionadores que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha anunciado contra algunas patronales del sector de alimentación por una supuesta subida concertada de precios. De hecho, son las conclusiones de la propia CNC las que dejan en evidencia al organismo porque considera improbable probar la existencia de acuerdos explícitos entre los productores o comerciantes de alimentos para elevar los precios Es más: la indefinición de los expedientes ha llevado a los sectores afectados a tachar la investigación de mera cortina de humo para tapar la inactividad del Gobierno ante la fuerte subida de los precios de muchos alimentos. Se trata de unas subidas que han afectado de manera especial a productos básicos como la leche- -sector que se ha librado del expediente- el pan, las aves y los huevos, con aumentos en un año en torno al diez por ciento de media, lo que ha disparado la inflación hasta el 4,6 por ciento registrado en marzo. La pasividad del Gobierno también ha sido denunciada por agricultores y ganaderos, que resaltan los desproporcionados porcentajes de aumento entre el precio que ellos perciben y el que paga el consumidor final; y por los propios consumidores, que exigen al Ejecutivo medidas reales contra la escalada de precios y no expedientes sin viabilidad sancionadora.