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ABC MARTES 1- -4- -2008 Caso Mari Luz s Propuestas tras el desastre judicial ESPAÑA 25 El caso estalla en el CGPJ: reclaman destituir al portavoz por pedir cadena perpetua S. S. MADRID. Seis vocales de la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propondrán al Pleno la reprobación y destitución del portavoz de este órgano, Enrique López, por proponer medidas extravagantes como la cadena perpetua, en declaraciones a diversos medios de comunicación, tras la detención del Santiago del Valle, presunto autor de la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés. Los vocales firmantes de un escrito dirigido al Pleno, que se reunirá mañana, reprochan a López que se pronunciara como portavoz del órgano de gobierno de los jueces sobre unas cuestiones que no habían sido previamente analizadas en el seno del Consejo. Nada más lejos de las competencias del Consejo que proponer medidas extravagantes como las que ha realizado por su cuenta el portavoz, sino, al contrario, la misión del CGPJ debe ser defender la independencia judicial y procurar que los jueces cumplan con sus obligaciones como servidores públicos dice el escrito. Y añade: La expresión cadena perpetua por sí misma tiene un significado social demoledor, contrario al valor constitucional del artículo 25.2 (reinserción) Fuentes de la minoría progresista apuntaron a ABC que en esa representación que ejerce del CGPJ, el portavoz no puede atribuirnos unas medidas post- delictivas que no compartimos Todos los vocales nombrados a propuesta del PSOE, excepto Martínez Lázaro, más el de IU, Félix Pantoja, suscribieron ese escrito. Por su parte, López señala que sólo ha pedido que se abra el debate sobre la cadena perpetua y estudiar cómo se aplica ésta en otro país europeos como Francia y Alemania. Además, el portavoz del CGPJ considera que dicha medida es perfectamente constitucional siempre que pueda ser conmutada en un juicio de revisión, donde se constate un grado suficiente de reinserción del condenado Más información sobre el Consejo en http: poderjudicial. es Los funcionarios en huelga y Justicia desbloquean el conflicto Tras la manifestación del sábado, ambas partes se sentaron a negociar con un tono más conciliador que en la mesa anterior S. S. MADRID. Tres manifestaciones a nivel estatal la última el pasado sábado, juzgados colapsados, colas a las puertas de los registros, servicios mínimos que no daban a basto... Todo ello pesaba sobre la nueva mesa de negociación que mantuvieron ayer el Ministerio y los funcionarios de Justicia en huelga que reclaman una mejora salarial. Ambas partes acudieron a la cita con un tono más conciliador que en veces anteriores para poder llegar a un acuerdo que pusiera fin a los 58 días de paros. Antes de acceder a la sede del Ministerio, Juan Antonio Martín, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI- CSIF) señaló que acudían a la mesa de negociación con un ánimo positivo y con la esperanza de llegar a una salida. Por su parte, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena, aseguró en un receso estar esperanzado en lograr una solución satisfactoria para todos. Al cierre de esta edición, aún no había un acuerdo definitivo, pero el bloqueo al que llevó la pugna en reuniones anteriores se había superado. Los sindicatos que respaldan la huelga (CC. OO. UGT, CSI- CSIF y STAJ) vienen reclamando desde el comienzo de sus movilizaciones una homologación salarial con los funcionarios dependientes de las administraciones autonómicas, lo que se traduciría en una subida mensual de 200 euros en los dos próximos años, a recibir desde enero de este año. En su última propuesta, el Ministerio ofrecía una subida mensual de 180 euros, de los cuales 60 serían pagaderos con efecto retroactivo desde enero de 2008, 50 se incluirían en una paga extraordinaria y el resto estarían contemplados en los Presupuestos de 2009, para cobrar desde abril. La mesa de negociación que se celebró con anterioridad a la de ayer acabó en fracaso tras más de doce horas de duración. En aquella ocasión, según explicaron fuentes sindicales, el Ministerio rompió unilateralmente la negociación, cuando, momentos después de llegar ambas partes a un principio de acuerdo, representantes de Justicia recibieron una llamada externa y modificaron la redacción de su oferta. El pasado 4 de febrero fueron llamados a la huelga unos 9.500 trabajadores de siete comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias) de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.