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ABC LUNES 31 s 3 s 2008 MADRID 47 El SUP denuncia que la Delegación deja caducar órdenes de expulsión En 2007 se detuvo a 40.000 ilegales en la Comunidad, pero sólo se repatrió a 900 CARLOS HIDALGO MADRID. La Delegación del Gobierno tarda hasta dos meses y medio en firmar los expedientes de expulsión de inmigrantes ilegales detenidos por la Policía. De este modo, cuando las órdenes de repatriación regresan a la Policía, lo hacen ya caducadas o, bien, pocos días antes de que expiren. Esta es la denuncia que hace el Sindicato Unificado de Policía (SUP) mayoritario en el sector, sobre lo que está ocurriendo en la Delegación del Gobierno en Madrid, que dirige Soledad Mestre. Asimismo, desde el pasado mes de octubre hay orden de que a los inmigrantes ilegales que, en el momento de su detención presentan algún tipo de documentación- -NIE caducado o pasaporte- -sean sancionados por la mínima: 300,1 euros. Sin embargo, no parece haber un criterio claro sobre este punto, porque no se han notificado tampoco estas multas. El orden lógico del proceso es el siguiente. Cuando la Policía detiene a un inmigrante ilegal, pasa al Grupo de Extranjeros donde se le incoa el inicio de un expediente de expulsión por procedimiento preferente. El abogado tiene 48 horas para presentar alegaciones en contra. Cuando esto ya ha ocurrido y el expediente sigue adelante, el instructor lo eleva a la Delegación del Gobierno. Desde el inicio del procedimiento hasta este punto puede pasar alrededor de un mes. Pues bien, desde que se incoa el expediente hasta el decreto de la Delegación para la expulsión no pueden pasar más de seis meses, ya que prescribe la orden. Y, en muchos casos, eso es lo que, precisamente, está ocurriendo. Es decir, que los sin papeles vuelven a la misma situación que tenían antes de ser detenidos. ¿Por qué se producen estas prescripciones? Cuando la propuesta está en manos de la Delegación del Gobierno, del subdelegado o del secretario para asuntos de inmigración pasa a la propia delegada, que es quien debe firmar los decretos de expulsión. El 21 de enero, llegaron a la Policía varios decretos de expulsión procedentes de la Delegación del Gobierno. Tenían fecha de salida del 29 de octubre de 2007. Es la fecha que pone el funcionario de la Delegación que tramita la resolución. Lue- Piden cinco años de prisión para dos policías de Parla por agredir a un magrebí Ep MADRID. La Fiscalía de Madrid solicitará el próximo jueves cinco años de prisión para dos agentes de la Policía Local del municipio madrileño de Parla, uno de ellos en prácticas en el momento de los hechos, por dar una paliza el 1 de septiembre de 2004 a un ciudadano magrebí del que sospechaban que vendía en las calles de la localidad DVD y CD. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas cuando los acusados observaron en la terraza de un bar de Parla a un individuo magrebí que coincidía con el perfil de un sospechoso que una hora antes vendía DVD y CD y que había huido al percatarse de la presencia de los efectivos policiales en la zona a la que solía concurrir. Los imputados se acercaron al hombre y le dijeron que debía ir con ellos, pero éste echó a correr y los agentes, tras alcanzarle a unos 20 metros de la terraza del bar, abusaron del principio de autoridad que representaban y le golpearon en la cabeza con las porras, según el fiscal. Una vez que la supuesta víctima cayó al suelo, los agentes le propinaron patadas por diversas partes del cuerpo pero aún así el hombre, que se encontraba semiinconsciente consiguió levantarse y se acercó a una zona donde había coches, donde de nuevo fue agarrado por uno de los acusados, mantiene el fiscal. El otro agente le cogió por el cinturón que vestía, le levantó a la altura de sus piernas y le dejó caer al suelo. Acto seguido, golpeó el rostro del hombre contra el suelo en varias ocasiones un hecho que según el fiscal, fue completamente desproporcionado para la inmovilización del detenido porque la supuesta víctima había perdido el conocimiento instantes antes Como consecuencia de la agresión, el ciudadano magrebí sufrió graves lesiones que le han dejado varias secuelas como cefaleas y una cicatriz de unos ocho centímetros de longitud en la región temporal derecha. Por todo ello, el fiscal solicita cinco años de prisión para los acusados, a quienes además pide que indemnicen al hombre por los 90 días que tardaron en curar sus lesiones. Golpes y patadas Traslado de inmigrantes desde el aeropuerto de Barajas a centros de acogida go, se la pasa al subdelegado o al secretario de Inmigración, y, de ahí, a Mestre, para que los firme, y de vuelta al funcionario. Éste es quien lo remite finalmente a la Policía. Es decir, que si la delegada recibió los decretos poco después del 29 de octubre y se recibieron en instalaciones policiales el 21 de enero, una semana después de enviarlos desde Delegación, se tardó dos meses y medio en rubricarlos. Con lo que ya habían expirado o a punto estaban de cumplirse, por pocos días, los seis meses preceptivos, así que no pudieron hacerse efectivos. Con todo esto, lo que se consigue es, por supuesto, que esos inmigrantes no sean expulsados de España; que el trabajo ERNESTO AGUDO El sindicato policial asegura que la delegada del Gobierno tarda más de dos meses en firmarlas de los funcionarios sea en balde; y que el coste del abogado (120 euros) y de los intérpretes (70 euros) que paga el Estado, caiga en saco roto. Hasta el pasado octubre, recuerda el SUP, a la mayoría de los detenidos por estancia irregular se le hacía la propuesta de expulsión- -los indocumentados en el momento de la de- tención- Al parecer- -añaden- la delegada no firmaba ningún decreto de quienes iban documentados A partir de ese mes, todo detenido que fuera documentado- -con el pasaporte o el NIE, aunque estuviera caducado- -se le tramita el procedimiento ordinario, y no el preferente: es decir, que se le impone una multa de 300,1 euros, y no se le expulsa. Según el SUP, se han presentado más de cien propuestas de sanciones, y la Delegación del Gobierno no ha remitido ninguna propuesta de sanción de multa. En 2007, se detuvo a unos 40.000 extranjeros en Madrid, y solo se expulsó a 900; en 2006, se repatrió a más de 2.000 de los 36.000 detenidos. La Delegación del Gobierno niega las acusaciones La Delegación del Gobierno en Madrid niega las acusaciones vertidas por el SUP sobre los supuestos retrasos en la firma de expedientes de expulsión y su consiguiente extinción. Fuentes de este organismo dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, indicaron que, durante el año pasado, las dos terceras partes de los expedientes caducados no expiraron por su responsabilidad. Si caducaron unos 10.000, 6.824 se debieron a tres motivos ajenos a la Delegación, aseguran, que son: les llega la propuesta ya caducada a la Delegación- -han pasado más de seis meses desde la incoación del expediente- los expedientes incoados por la comisaría de turno sí se firman en Delegación y se devuelven a la comisaría, pero la notificación al interesado llega tarde; y también hay casos en que los expedientes llegan con más de cinco meses de recorrido, por lo que es materialmente imposible darles trámite en el tiempo que marca la ley. Desde el primer trimestre de 2007, la jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a revisar los criterios de expulsión muy meticulosamente, por lo que muchos no es que caduquen, sino que se archivan por ley explican. Una cicatriz de 8 centímetros