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ABC SÁBADO 29- -3- -2008 Caso Mari Luz s Debate político Javier Arenas José Chamizo Unión Romaní ESPAÑA 15 Junta de Andalucía Asoc. Clara Campoamor Confía en que el Consejo del Poder Judicial depure responsabilidades y sancione si lo tiene que hacer Pide una investigación a fondo y asegura que se ha producido una cadena de fallos en el proceso El Defensor del Pueblo andaluz no descarta la castración para los casos de pederastia cuando sea el enfermo quien la solicite Favorable a imponer la cadena perpetua en determinados delitos lamenta la dejación de funciones de la Justicia Reclamó que se cumpla la Constitución y el Código Penal por lo que respecta al cumplimiento de la totalidad de las penas El Gobierno pide al CGPJ que no desvíe el debate y depure responsabilidades De la Vega descarta endurecer las penas y Rajoy, por el contrario, dice que una de sus primeras iniciativas será pedir condenas más contundentes contra pederastas GABRIEL SANZ A. LARDIÉS MADRID CALAHORRA. El Gobierno no ocultó ayer su malestar con el Consejo General del Poder Judicial porque percibe en él interés por desviar la atención de las responsabilidades judiciales en el caso Mari Luz abriendo un debate sobre la necesidad de un registro de delincuentes contra la libertad sexual, explicaron a ABC fuentes gubernamentales. El Ejecutivo no descarta ni deja de descartar nada respondió la vicepresidenta en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, visiblemente molesta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lo importante ahora- -recalcó en respuesta al portavoz del CGPJ, Enrique López- -es hacer funcionar el sistema y pedir responsabilidades para que no se vuelva a repetir lo que parece un terrible y trágico error judicial De la Vega cree que no es sensato debatir en caliente un agravamiento de penas a los delincuentes sexuales, ya que eso no es primordial Lo que hay que hacer es investigar remarcó la portavoz. De la Vega, quien reconoció que el propio presidente del Gobierno se interesó por el caso Mari Luz en la noche del jueves tras los incidentes en Huelva, hablando con ella y con los ministros de Interior y Justicia, mostró el respaldo del Gobierno a la investigación del CGPJ sobre los juzgados de Sevilla. Habrá que esperar a que se esclarezca para pedir responsabilidades, mientras tanto hay que ser prudente insistió. Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, también se pronunció ayer sobre el caso Mari Luz durante el viaje que realizó a Calahorra (La Rioja) para visitar la CasaCuartel de la Guardia Civil contra la que ETA atentó con un coche- bomba en Viernes Santo. Rajoy calificó la muerte de la pequeña de hecho verdaderamente dramático y afirmó que le reconfortó oír al padre de la niña cuando pidió que se hiciera justicia. Tiene todo el derecho del mundo a que se haga justicia y el Estado tiene la obligación de que se haga justicia aseguró Rajoy, para quien todo apunta a que los mecanismos de la Justicia han fallado en este caso. El líder popular espera que la investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial llegue a buen término y que se depuren responsabilidades si es necesario hacerlo, porque es verdad que se trataba de una persona condenada que andaba por la calle como Pedro por su casa El líder de los populares recordó que el PP llevaba en su programa electoral un capítulo específico relativo a los abusos sexuales a menores. En concreto, para evitar ser tachado de oportunista, Rajoy leyó parte de la propuesta 447 del pro- grama electoral de su partido, que se refería a un capítulo específico del Código Penal de delitos contra la libertad sexual sobre menores estableciendo una pena más agravada Y leyó también la propuesta 450, que hablaba del establecimiento de medidas de seguridad que permitan el control y prevención del riesgo que entrañe la puesta en libertad de personas de estas características Rajoy prometió que una de sus primeras propuestas en las Cortes se referirá a este asunto. Por su parte, Enrique López, portavoz del CGPJ, se mostró partidario de crear un registro central de condenados por delitos contra la libertad sexual de menores similar al que ya existe para los delitos de violencia de género. Según López, en dicho registro se tendrían que anotar todas las medidas judiciales, las suspensiones condicionales de las penas y las sentencias, aunque no sean firmes, de los condenados por estos delitos que registran un alto grado de reincidencia apuntó. También las organizaciones no gubernamentales Protégeles y Acción contra la Pornografía Infantil (ACPI) abogaron por un registro de agresores sexuales de niños, similar al existente en otros países europeos como Gran Bretaña. El presidente de Protégeles, Guillermo Cánovas, señaló que no se trata de establecer un registro público, como sucede en EE. UU. sino uno al que tengan acceso las autoridades y las unidades de Policía Un registro central Fernández de la Vega PROGRAMA ELECTORAL DEL PP 447. Introduciremos un capítulo específico de delitos contra la libertad sexual sobre menores, estableciendo una pena más agravada. 448. Aseguraremos el cumplimiento efectivo de las penas en los delitos de especial gravedad, de delicuencia organizada y de agresiones sexuales. 450. Revisaremos las penas e introduciremos medidas de seguridad que permitan el control y la prevención del riesgo que entraña la puesta en libertad de delicuentes patológicos con un pronóstico elevado de reincidencia una vez cumplida la condena. 278. Propiciaremos que se resuelvan más asuntos y que los tiempos de resolución se reduzcan en todos los órdenes jurisdiccionales, mediante la plena profesionalización de la Justicia, el aumento de la planta judicial y las reformas procesales necesarias.