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4 OPINIÓN SÁBADO 29 s 3 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro PIQUETES EN ARGENTINA espués de semanas de bloqueos y protestas, la presidenta argentina, Cristina Fernández, ha tenido que comparecer en televisión para ofrecer a los agricultores una negociación que éstos llevaban reclamando desde hace semanas. Víctima de sus propios errores, la presidenta se había encerrado en una incomprensible posición de intransigencia que hubiera convertido un asunto relativamente menor en una gravísima confrontación. La violencia en forma de coacción a toda la sociedad, cortando carreteras e interrumpiendo el suministro de productos agrícolas a las ciudades, no era el camino más adecuado para expresar la protesta de los productores. Pero aún menos presentable ha sido la respuesta de la presidenta, enviando a los violentos piqueteros, que son la peor expresión mafiosa de un modo de hacer política que en el pasado hundió a la Argentina en sus peores pesadillas. La pareja presidencial argentina acostumbra a tomar decisiones importantes a solas, sin hacer mucho caso de los mecanismos institucionales, por lo que no le puede extrañar a nadie que a veces tropiecen con la incomprensión de una parte de los ciudadanos. En su intervención, Cristina Fernández de Kichner ha prometido que intentará ser la presidenta de todos los argentinos: es de esperar que a partir de ahora cumpla su promesa. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera D UNA NUEVA JUSTICIA PENAL A cadena de despropósitos judiciales previos a la muerte violenta de la niña Mari Luz Cortés no es un hecho aislado, por lo que ya no sirve el argumento de que no es conveniente debatir en caliente sobre una serie de reformas penales imprescindibles. Al contrario, este es el momento de abordar en serio un cambio de la justicia penal, que debe empezar por arrinconar todos los prejuicios pseudo progresistas que saltan como alarmas en cuanto alguien se atreve a negar el valor absoluto de la rehabilitación como fin de la pena, o a hablar de la peligrosidad de determinados delincuentes, que se prolonga más allá de la condena una vez cumplida. En definitiva, hay que certificar el fracaso de esa forma doctrinaria y voluntarista de entender la sanción de los delitos e iniciar un debate técnico, político y legislativo que dé prioridad a la defensa de la víctima, la protección de la sociedad y el castigo efectivo al delincuente. Simultáneamente, como es obvio, hay que depurar hasta la última responsabilidad que merezcan los jueces que, por acción u omisión, no ejecutaron las dos condenas que pesaban sobre el presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés. Está bien que el portavoz del Consejo General del Poder Judicial proponga debatir sobre la imposición de medidas de seguridad a delincuentes peligrosos, propuestas que este periódico viene defendiendo editorialmente desde hace tiempo. Pero de poco o nada sirve endurecer las condenas y su tratamiento penitenciario si no se cumple la condición previa de que el delincuente entre en prisión. Los jueces deben establecer una jerarquía de asuntos en su trabajo. También habrá que saber qué hizo el Ministerio Fiscal, institución responsable de promover la acción de la justicia. Hay que recordar que el primer caso de pederastia por el que fue juzgado el presunto homicida de Mari Luz tardó más de tres años en tener sentencia firme. Debido a esta dilación procesal, en la segunda condena no se pudo apreciar la agravante de reincidencia. El único respon- L sable de la muerte de Mari Luz es su autor, pero ha habido decisiones judiciales que han permitido la libertad de la que se ha servido este monstruo para cometer su atroz crimen. Sumando los terribles datos de este caso concreto a los antecedentes de delitos sexuales y contra la vida cometidos por presos con permisos o excarcelados antes de agotar su condena, la extensión de las agresiones sexuales a menores y la insuficiencia de la pena rehabilitadora para corregir a estos delincuentes, es necesario que el nuevo Gobierno asuma la iniciativa de cambiar la justicia penal, no para satisfacer objetivos partidistas, sino para dotar de seguridad a los derechos y libertades de los ciudadanos. Hay muchas posibilidades y todas caben en la Constitución. Desde la cadena perpetua, con revisiones periódicas de la evolución del condenado, a la aplicación de los juicios rápidos a estos delitos más graves. Desde el cumplimiento efectivo de la primera condena- -aunque sea inferior a dos años de prisión- a la imposición de medidas de seguridad postdelictuales, como existe en otros países europeos, tan democráticos, constitucionales y de Derecho como España. Desde el juicio en ausencia, que permita juzgar y condenar al acusado que se fuga, a la creación de procedimientos de control permanente de pederastas y violadores excarcelados. Y, por supuesto, con un sistema de responsabilidad judicial que se haga cumplir adecuadamente. Si se quiere, se puede cambiar esta situación que, más que por la impunidad, se caracteriza por la falta de rigor en la aplicación de la ley, por la incompetencia judicial- -eso sí, localizada, porque la mayoría de los jueces cumple correctamente con sus obligaciones- y por la indefensión de las víctimas. El derecho penal lleva demasiado tiempo lastrado por rémoras de un progresismo jurídico autocomplaciente, que no aporta soluciones ni ideas para resolver estos graves fallos que minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones. ÉXITO EN ATAPUERCA ace ya años que el equipo de investigadores españoles en el yacimiento de Atapuerca, cerca de Burgos, ofrece resultados muy positivos para el mejor conocimiento de los orígenes de la humanidad. La contribución científica de los arqueólogos y otros especialistas ha merecido el reconocimiento universal, plasmado en numerosos premios y distinciones. Esta vez, el equipo de Atapuerca presenta al hombre más antiguo de Europa mediante una mandíbula de lo que se supone un homo antecessor que cuenta con un 1,2 millones de años y ha logrado ser portada en la prestigiosa revista Nature Además de la mandíbula, los investigadores hallaron 32 útiles de sílex en la llamada Sima del Elefante, muy cercana del famoso yacimiento de la Gran Dolina, en el que aparecieron en 1994 los primeros fósiles del ya famoso homo antecessor Como escribía en ABC uno de los codirectores, la fortuna se ha aliado con el trabajo constante y sistemático del equipo investigador. Se trata, en efecto, de una nueva prueba de que un esfuerzo riguroso y una financiación razonable- -sostenida fundamentalmente por la Junta de Castilla y León- -sitúan a nuestros científicos en primera fila internacional. El impacto en la sociedad ha sido muy favorable dado el interés que suscita conocer a estos primeros europeos, cuya datación se demuestra con los más avanzados cronómetros geológicos Un éxito para la ciencia española que merece ser debidamente valorado. H CATÓLICOS EN LA VIDA PÚBLICA A Fundación Universitaria San Pablo CEU organiza en Barcelona una nueva edición del Congreso de Católicos y Vida Pública, que se ha convertido ya en un foro de primer orden para expresar el punto de vista de los creyentes españoles ante los grandes debates morales y políticos de nuestro tiempo. La dignidad de la persona, el derecho a la vida, la educación en sus diferentes niveles y el significado del cristianismo en la configuración histórica de la sociedad española en general y de Cataluña en particular, son cuestiones del máximo interés que serán tratadas por autoridades eclesiásticas y especialistas universitarios. Frente a la tendencia laicista que pretende recluir las creencias religiosas en el ámbito privado, la Iglesia reclama con insistencia el protagonismo de los católicos en el espacio público, una necesidad inexcusable en la sociedad de masas y en la actual democracia mediática. La insistencia en este punto de Juan Pablo II y ahora de Benedicto XVI resulta muy significativa. Lo que no está en el foro público carece hoy día de influencia real, y por ello reducir la fe al terreno de la conciencia personal no es un criterio inocente sino una postura ideológica para minusvalorar el papel de la Iglesia. Por lo demás, la propia Constitución- -en su artículo 16- -proclama la necesidad de una cooperación positiva entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas, con una espe- L cial referencia por razones históricas y sociales a la Iglesia católica. El Congreso de Barcelona, inaugurado por el cardenal Martínez Sistach y que hoy será clausurado por el presidente de la Fundación organizadora, reúne a importantes ponentes y convoca a los sectores más activos de la Iglesia en Cataluña, lo mismo que ha sucedido en ocasiones anteriores en Madrid. Aunque algunos sectores radicales prefieren ignorarlo, nuestra sociedad mantiene una fuerte presencia de la perspectiva cristiana a la hora de enfocar materias de la máxima transcendencia en el ámbito ético y político, siempre dentro del proceso de secularización que España comparte con el conjunto de las naciones europeas. Se equivocan las minorías laicistas cuando promueven una legislación hostil a las creencias más arraigadas en nuestro país, de manera que el Gobierno tiene el deber inexcusable de encauzar la nueva legislatura por vías de cooperación con la Conferencia Episcopal. El derecho a la vida y el rechazo al aborto, el apoyo a la familia cristiana o la libertad de enseñanza frente al dogmatismo ideológico que refleja la EpC son materias que la Iglesia defiende y seguirá defendiendo por muchas presiones que reciba. Congresos como el que ahora se celebra en la capital catalana contribuyen sin duda a situar en su justa medida la posición al respecto de los amplios sectores católicos de la sociedad española.