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4 OPINIÓN JUEVES 27 s 3 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO EL SECTOR PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DEL LADRILLO SE DERRUMBA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera EN BUSCA DEL CONSENSO INSTITUCIONAL N un régimen parlamentario, la presidencia y la Mesa de las Cámaras legislativas cumplen una función institucional que debe situarse por encima de los debates políticos cotidianos. Sin llegar al nivel de imparcialidad absoluta que practica el speaker de la Cámara de los Comunes inglesa, la presidencia del Congreso de los Diputados y el Senado en España ha mantenido con todos sus titulares una posición sustancialmente neutral. De ahí que sea muy conveniente que en los órganos de Gobierno parlamentarios estén representados proporcionalmente los dos grupos políticos principales y que se realice por consenso el nombramiento de sus miembros, que tendrá lugar en los plenos respectivos el día de la constitución de las Cámaras. En este sentido, merece una valoración positiva la búsqueda de acuerdos entre PSOE y PP para que la elección de José Bono como presidente del Congreso, discutida una y otra vez desde instancias nacionalistas, se realice sin una oposición frontal de los populares, siempre en el marco de un acuerdo global sobre la composición de la Mesa. Después de una legislatura convulsa, este mensaje de mejoría de la sintonía, al menos a efectos puramente institucionales, entre los dos grandes partidos nacionales sería bien recibido por una opinión pública que aguarda con expectación los movimientos de unos y de otros. La nueva etapa nace en un clima marcado por unas elecciones que refuerzan el bipartidismo y reducen notablemente la influencia de los nacionalistas, que no están en condiciones de exigir grandes cosas. Así pues, Zapatero y Rajoy deben ser conscientes de que hay una serie de cuestiones básicas que tienen que ser encauzadas mediante un acuerdo razonable. La composición de las Mesas parlamentarias puede ser un indicio de ese clima positivo, aunque sin prejuzgar decisiones posteriores del PP sobre asuntos de mucho mayor calado político, como es la votación para la investidura del candidato a presidente del Gobierno. A E priori, las declaraciones de los principales responsables invitan también al optimismo sobre el desbloqueo de la situación en el Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, el Estado de Derecho tiene que funcionar sobre la base de que las instituciones cumplen misiones objetivas al servicio del interés general y no pueden ser objeto de disputas partidistas. Si con el tiempo llegaran a confirmarse las expectativas planteadas con estos primeros movimientos, el ambiente político de la legislatura podría permitir la recuperación del consenso en los asuntos de Estado, que resulta imprescindible ante los tiempos difíciles que se avecinan. Aunque no todas sus actuaciones susciten la confianza general, José Bono es un político que considera plenamente compatible la condición de socialista con la defensa inequívoca de la unidad nacional. Por eso suscita un rechazo visceral entre los nacionalistas, a veces con palabras de mal gusto, y es evidente que también el PSC habría preferido otro candidato, aunque aprovecha la ocasión para situar a dos socialistas catalanes en las vicepresidencias del Congreso y del Senado. Rodríguez Zapatero coloca a su antiguo adversario para la secretaría general del PSOE, y después ministro de Defensa, en un alto cargo institucional que neutraliza en cierto modo su acción política directa. Sin embargo, más allá del interés particular de unos y otros, es importante que el principal partido opositor mantenga la ya vieja práctica institucional de no obstaculizar la designación del presidente de la Cámara Baja. Así se sientan las bases de un consenso que debería obligar a rectificar su política de la anterior legislatura, basada en aislar al PP para rendirse ante minorías radicales. Sin perjuicio del debate de investidura y de la firmeza imprescindible de la oposición como alternativa al Gobierno, el sistema parlamentario necesita unos cauces mínimos de colaboración que se reflejan, para empezar, en un acuerdo aceptable para los dos grandes partidos sobre las Mesas de las Cámaras. O SENTENCIAS O MANIFIESTOS L manifiesto contra la propuesta electoral del PP de modificar la legislación penal del menor no va a tener consecuencias para los jueces que lo firmaron. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha archivado la investigación abierta por orden de su presidente, Francisco Hernando, e incluso ha suprimido el párrafo crítico que se contenía en el informe del Servicio de Inspección, en el que se reprochaba a los jueces firmantes del manifiesto haber vulnerado la prohibición de tomar partido en tiempo electoral. Queda así cancelado a todos los efectos legales un comportamiento objetivamente inaceptable, realizado por jueces y magistrados que, aprovechando su condición judicial- -pues ninguna otra les habría dado motivo para estampar su firma- se enfrentaron públicamente a la oferta electoral del PP. Llegaron a afirmar que la rebaja de la edad penal de 14 a 12 años es una propuesta envilecedora que nos sitúa al margen del aludido patrimonio constitucional olvidando cuántos fiscales y expertos la defendieron con anterioridad. Esos términos peyorativos no son jurídicos, sino políticos, y beneficiaban electoralmente al PSOE, por lo que cabe preguntarse si la decisión de la comisión disciplinaria se debe realmente a una laguna del régimen legal de los jueces o al deseo de sus vocales de no tener problemas al final de un mandato que lleva ya más de un año y medio prorrogado. En todo caso, la laxitud del CGPJ con las actividades políticas de ciertos jueces viene de lejos, y es E un precedente que lastrará cualquier intento de reconducir este peligroso y creciente fenómeno de las injerencias partidistas que protagonizan los miembros en activo de la judicatura y, casualmente- -o no- siempre críticas con el PP. El problema es que no sólo el CGPJ se ha desentendido de este episodio lamentable. Igualmente grave es que los firmantes del manifiesto no se sintieran concernidos por un elemental sentido de la prudencia y de la responsabilidad personal. Es lícito que lo que proponga un partido no guste a un grupo de jueces. Para expresar su disconformidad tienen el voto, pero como tales jueces no deben- -aunque la infracción de este deber sea, al parecer, impune- -criticar en un proceso electoral la propuesta de un partido que podía haberse convertido en ley, en caso de que los resultados del 9- M hubieran sido otros. Ser juez no es sólo un trabajo: es una condición permanente que obliga a determinadas restricciones en el ejercicio de la libertad de expresión. A cambio de esas restricciones, la Constitución confiere a esos mismos jueces independencia e inamovilidad. Por tanto, el juez que quiera dedicarse a la política está en su derecho, pero que deje la toga y, con ésta, los privilegios que luego tanto se hacen valer- -y con razón- -cada vez que un político o un medio de comunicación critica las resoluciones judiciales con términos descalificadores. ¿Qué habría dicho el CGPJ si un partido hubiera calificado una sentencia como envilecedora MPIEZA a ser frecuente que una compañía inmobiliaria se acoja al concurso judicial de acreedores para evitar la quiebra. El derrumbe del sector se está produciendo con el estrépito temido, yno conaquelaterrizajesuavequeanunciaron lasautoridadescomoprevisibleydeseable. Los indicadores van de malos a peores: tanto los visados de nuevas viviendas como las escrituras de compraventa y de hipotecas reflejan caídas interanuales- -de entre el 20 y el 40 por ciento- -querevelan lagravedad del pinchazo de la burbuja inmobiliaria Era evidente que, cuando se supera el millón de operaciones de compraventa, terminaría por producirse el ajuste de semejante euforia, claramente insostenible, pero no a este ritmo. El sector acumulaba en España demandantes procedentes de cuatro segmentos del negocio: mercado local de primera vivienda de nuevas familias y emigrantes; mercado local de viviendas secundarias de vacaciones; mercado internacional de viviendas para residencia secundaria o permanente, fundamentalmente en la costa; y mercado de inversores que compraban para vender poco después, con la expectativa de un diferencial de precios. Y todo ello, animado por una oferta hipotecaria con excelentes condiciones de precio- -tipos de interés por debajo de la tasa de inflación, aunque variables y ajustados anualmente- -y de plazo- -hasta cincuenta años- -y con gran flexibilidad en las amortizaciones. Con esos ingredientes, el sector tocó techo, sin mayores preocupaciones por los precios, que crecían a ritmos que multiplicaban por cuatro y cinco la tasa de inflación. Pero los tipos de interés han cambiado de signo y, aunque siguen siendo bajos, no lo son tanto como antes, de tal manera que un par de puntos adicionales de interés significa un incremento del 50 por ciento en el monto de las amortizaciones mensuales. Las expectativas económicas de empleo y de incremento de salarios y oportunidades también se han venido abajo. Todas estas variables han reducido sensiblemente la demanda de viviendas, del orden del 25 por ciento durante las primeras semanas de presente año. El efecto en cascada de esa caída de la demanda aún no se ha reflejado de forma generalizada en los precios. Sí ha ocurrido en los Estados Unidos, donde los precios medios del sector cayeron en enero más del 10 por ciento en tasa interanual. En España aún no se ha producido ese efecto, pero la caída de la actividad se aprecia ya en todos los sectores afectados: desde los corredores de fincas a los registros y las entidades financieras, que hipotecan ahora la mitad que hace un año. También lo empieza a sentir el fisco, beneficiario pasivo y directo de tanta actividad anterior, pero que registra ahora un notable descenso de ingresos. A menos operaciones, menos ingresos para todos. La crisis, el derrumbe, es evidente, y no se aprecia el fondo de la misma. Y desde el Gobierno sólo se escuchan palabras y compromisos que no llegan a materializarse, como un silencio que, ante la publicación de nuevos datos, he gace cada vez más inquietante. E