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4 OPINIÓN JUEVES 20 s 3 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DISCRIMINADOS EN EL PAÍS VASCO L Ejecutivo vasco desarrolla una política deliberada para imponer el euskera que obliga en la práctica a los colegios a dar preferencia a la opción D, es decir, enseñanza en euskera con el castellano como asignatura específica. La imposición de un examen con un alto nivel de exigencia en lengua vasca al final del ciclo educativo convierte de hecho en puramente teóricas las demás opciones. Como es obvio, el objetivo último es arrinconar a la lengua castellana y realizar un proceso forzado de euskaldunización lingüística. Todo nacionalismo excluyente supone una amenaza para la libertad individual. En este caso, el perjuicio resulta especialmente grave porque impide a los alumnos el acceso pleno a una lengua y una cultura de alcance universal. Es difícil entender que el español sea tratado como una lengua de segundo nivel dentro de España. Sin embargo, el Gobierno de Vitoria ejerce desde hace tiempo sus competencias educativas en la búsqueda de una imposición forzosa del euskera, a pesar de que una parte importante de la sociedad prefiera mantener abiertas otras posibilidades. Por supuesto, la enseñanza en castellano es perfectamente compatible con el conocimiento de la lengua autonómica propia, pero el sectarismo de algunas autoridades prefiere cerrar los ojos a la realidad con el objetivo de imponer sus propios dogmas. Mientras tanto, el Ministerio de Educación y Ciencia mira para otro lado y se desentiende del asunto, haciendo dejación de las facultades que la Constitución atribuye al Estado en materia de alta inspección educativa. Los poderes públicos tienen el deber de ofrecer las opciones lingüísticas en condiciones de igualdad para que los padres puedan ejercer su derecho constitucional respecto de la educación de los hijos. Cuando las ofertas se plantean con un criterio discriminatorio, la lengua común de todos los españoles se degrada a una inaceptableposición secundaria. El PNV y sus socios imponen desde hace años un enfoque sesgado y unilateral a las competencias de la comunidad vasca. Así, la construcción forzada deun nacionalismo excluyente actúa en contra de los derechos de padres y alumnos y coloca a los titulares de los centros escolares ante una situación imposible porque no pueden exponerse a que sus alumnos suspendan de forma masiva, con el lógico desprestigio que ello conlleva. Al final, terminan por aceptar de manera irremediable los requisitos que impone la Consejería de Educación. Ahora que las urnas reflejan el retroceso de los nacionalistas, es significativo que se insista en imponer unos planteamientos que resultan inaceptables para buena parte de la sociedad. Rodríguez Zapatero tiene el deber de hacer cumplir la Constitución y las leyes en ésta como en otras materias. Tal vez le resulta más rentable a efectos coyunturales dejar las cosas como están, pero esta actitud es intolerable en términos jurídicos y políticos. Discriminar a toda la comunidad escolar que no acepta la imposición lingüística es una actitud ante la cual debe reaccionar cuanto antes el Estado democrático de Derecho. ALUMNOS Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera E IRAK, CINCO AÑOS DESPUÉS INCO años después de la caída de Bagdad, sigue viva la polémica sobre la oportunidad de haber desencadenado la operación que culminó con la caída de la dictadura de Sadam Husein. El presidente George W. Bush intentó ayer justificar la decisión que sin duda marcará para siempre sus dos mandatos consecutivos y sus adversarios aprovecharon la ocasión para reafirmarse en sus críticas. Más que ningún otro conflicto contemporáneo, el de Irak ha tenido la virtualidad de dividir profundamente a la opinión pública de todo el mundo y el hecho de que esa división persista es la demostración de que se trata de un asunto inacabado, donde es difícil ver todavía todos los perfiles. Cinco años es un tiempo relativamente corto en términos históricos; no es posible saber qué dirán los iraquíes dentro de cincuenta años ni cómo conmemorarán el acontecimiento que marcará para siempre un punto esencial en su historia como país independiente. Mientras tanto, lo que seguramente no va a remitir es la intensidad del debate entre los que apoyan y los que critican la operación. El problema es que los argumentos no son siempre unívocamente utilizados. En Somalia, por ejemplo, Bill Clinton logró que la ONU bendijese su operación humanitaria en 1993, pero la estrepitosa derrota que sufrieron sus fuerzas y su retirada fueron retransmitidas por televisión a medio mundo. El resultado fue que aún hoy en Somalia no ha sido restablecido un gobierno digno de ese nombre, y sin embargo aquel episodio ha pasado a la historia como una anécdota irrelevante. Algunos de los que se rasgaban las vestiduras poniendo en duda la legitimidad del apoyo de la ONU a la invasión de Irak, ahora han celebrado alegremente la independencia de Kosovo sin ningún aval de las Naciones Unidas. Pocos quieren recordar que las tropas norteamericanas C fueron recibidas con gozo por la inmensa mayoría de los iraquíes cuando entraron en Bagdad. Que los kurdos y los chiís recuperaron entonces la libertad de existir como tales, sin miedo a ser aniquilados por el dictador; que muchos intelectuales que ahora están en la primera fila de las manifestaciones, escribieron aquellos días gloriosas odas a la libertad recobrada; que los iraquíes tienen hoy un gobierno electo y que ha demostrado varias veces con los hechos su independencia de Estados Unidos. Otros quisieran que se olvidasen los gravísimos errores cometidos en la administración ocupante, la vergüenza de Abu Graib y que cinco años después millones de iraquíes siguen sin agua ni electricidad, o que las fuerzas norteamericanas no son capaces de controlar a los terroristas que masacran implacablemente a los civiles inocentes. Siendo realistas hay que reconocer que en los últimos meses la gestión inteligente y eficaz del general David Petraeus ha logrado ciertos avances en materia de seguridad, pero mientras no sea posible que los iraquíes puedan volver a lo que se considera una vida normal, las tareas de reconstrucción seguirán estando muy comprometidas. Un día no muy lejano los soldados norteamericanos se irán del país. Ojalá que para entonces las fuerzas iraquíes sean capaces de hacerse cargo de su destino en un Irak donde pueda decirse que han enraizado gérmenes democráticos. Pero por ahora seguirá la discusión. A través de la historia y por razones evidentes, las guerras las han contado los vencedores. Por desgracia, en el caso de Irak se empeñan en hacerlo los que se opusieron (antes o después) ignorando que tampoco son ellos los que han ganado la guerra, ni serán los que resolverán los problemas que ensombrecen la vida diaria de los iraquíes. ESTRATEGIA POLÍTICA DEL FISCAL GENERAL AS dos primeras instrucciones remitidas por el fiscal general delEstadoa todos los fiscales deEspañademuestran que existeuna estrategia claramentedefinida para traspasar al Ministerio Fiscal el control sobre la justicia penal. Haciendo uso de la prerrogativa que le corresponde como jefe de la Fiscalía, Conde- Pumpido ha marcado dos objetivos a los fiscales: quesigan investigando por su cuenta aunque ya esté abierta una investigación judicial y que vigilen e inspeccionen la labor de los jueces de instrucción. Es cierto que muchas de las indicaciones contenidas en estos documentos ya están previstas por la ley, pero lo discutible es la interpretación que ha hecho de ellas la Fiscalía General y, sobre todo, el propósito final de este súbito interés poselectoral de Conde- Pumpido- -quien, teóricamente, sehalla en funciones, con motivo del cese delGobierno quelo designó- -por la fase deinvestigación sumarial delos delitos. No en vanolos jueces centrales deinstrucción dela Audiencia Nacional- -los más vinculados y condicionados a la actuación del Ministerio Fiscal- -han mostrado su oposición unánime a la investigación paralela que defiende Conde- Pumpido y recuerdan quela Ley de EnjuiciamientoCriminal obliga al fiscala cesar en sus indagaciones en cuanto, sobrelos mismos hechos, un juez hayainiciado su propio procedimiento. Por otro lado, carece de sentido que el fiscal se empeñe tanto en una investigación paralela a la judicial cuando la última reforma del Estatuto Orgánico de la Fiscalía ha ampliado sus poderes para realizar investigaciones prejudiciales. Los jueces de la Audiencia Nacional han mostrado una preocupación respaldada por las asociaciones judiciales, por- L que la Fiscalía está planificando un asalto a la justicia penal, para lo que quiere ir sumando herramientas legales. Ya cuenta con una doctrina- -en absoluto pacífica, pero sí disponible como criterio de actuación procesal- -del Tribunal Supremo que arrincona a la acción popular y puede conferir a la Fiscalía el monopolio de hecho de la acción penal en determinadas circunstancias. Y ahora, el fiscal quiere someter a su dirección la investigación de la Policía, simultáneamente a la investigación judicial, y vigilar a los jueces instructores en la tramitación de los sumarios, lo que se configura todo en su conjunto- -más allá de que, por separado, sean medidas prevista en la ley- -como una decisión estratégica de ir sustituyendo paulatinamente al juez instructor por el fiscal. Al final, lo que quiere el fiscal es abrir camino para poder decidir qué hechos se investigan y a quién se acusa. Es importante desenmascarar el falso carácter constitucional de las opiniones del fiscal general del Estado. En ningún artículo de la Constitución se dice que el modelo de juez instructor no se ajuste al sistema de garantías procesales. Menos aún, que sea el del fiscal investigador el que más se corresponda con el texto constitucional. En todo caso, más garantías objetivas tiene el ciudadano cuando es investigado por un juez independiente que por un fiscal sometido a un principio de jerarquía interna que acaba vinculando al fiscal general con el Gobierno de turno. Estas instrucciones de Conde- Pumpido son graves por lo que dicen, pero mucho más por lo que pretenden: una derogación del actual sistema de la justicia penal en la fase de instrucción.