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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 19 s 3 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL NORTE DE KOSOVO, EN JUEGO L Gobierno serbio debería utilizar toda su influencia para evitar cualquier incidente violento en el norte de Kosovo o en cualquier otro lugar. Toda explosión de comportamientos extremistas- -y más aún si, como ha sucedido en esta ocasión, se producen víctimas mortales- -debe ser condenada sin vacilaciones y en esto le va a los serbios el respeto moral a la causa que defienden. Ya han vivido demasiados años enajenados por un tirano belicista como para poder distinguir perfectamente cuál es el camino que les conduce a la postración y el aislamiento, y cuál es el que les puede llevar a su regeneración democrática. En este caso se ha producido en el norte de Kosovo un incidente en presencia de una unidad de la Guardia Civil, cuyo comportamiento ha estado a la altura de su reputación: uno de los mejores cuerpos policiales del mundo. Lástima que ese ejercicio heroico de profesionalidad haya tenido que ser una contradicción con la actitud política del Gobierno español, que está atrapado entre su posición- -correcta- -de reclamar el respaldo jurídico de las Naciones Unidas para ratificar la proclamación de independencia de Kosovo, mientras que sobre el terreno sus hombres están obligados a defender lo contrario, a riesgo de su propia vida. Pero sobre el fondo del asunto, por desgracia, lo sucedido confirma las peores predicciones que no quisieron escuchar los que han decidido justificar con argumentos equívocos la proclamación de independencia (el último de los cuales es el Gobierno de Canadá, que ayer mismo establecía relaciones con el nuevo país) Usando la lógica más elemental, los mismos argumentos que se han utilizado para atender las reclamaciones de los albaneses de Kosovo cuando no querían ser parte de Serbia van a ser utilizados por los serbios que no quieren ser gobernados por la mayoría albanesa de un Kosovo independiente. La comunidad internacional no puede esperar que tal y como se han hecho las cosas los serbios de Kosovo se resignen a ser una minoría en un supuesto estado multiétnico y pluricultural, que en los hechos es sencillamente la dominación de la mayoría albanesa. Pedir moderación y comprensión es todo lo que puede hacer la UE o la OTAN, pero es probable que no sea muy realista esperar que ese llamamiento sea escuchado por aquellos que se han sentido ignorados por esas mismas instituciones internacionales. Algunos análisis evocan la posibilidad de una partición de Kosovo como una especie de consencuencia natural y a veces da la impresión de que algunos responsables internacionales empiezan a asumirlo como mal menor. La ONU, para empezar, ya se ha retirado de Mitrovica y no parece posible un escenario en el que pueda regresar sin usar la violencia. Si éste ha de ser el resultado, merece ser estudiado con realismo y de manera que al menos se evite más dolor y otras pérdidas inútiles de vidas humanas. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera E TRASVASES OPORTUNISTAS L agua en España es un bien escaso y su utilización debe realizarse con criterios de estricta eficacia y racionalidad, incompatibles con una demagogia que provoca enfrentamientos entre territorios. Los socialistas utilizan desde hace tiempo la política del agua para fines partidistas. El Plan Hidrológico Nacional aprobado en la etapa de José María Aznar provocó una campaña en contra del trasvase del Ebro a costa de propiciar un enfrentamiento entre comunidades vecinas y de ignorar la necesidad inexcusable de una utilización racional del agua en función de los intereses generales. Aparte de obtener rentabilidad electoral en Aragón, Rodríguez Zapatero cumplía así con los compromisos del PSOE hacia sus socios radicales en Cataluña. Sin embargo, la realidad impone sus exigencias ineludibles. Cataluña padece en los últimos años una gravísima sequía, hasta el punto de que la reserva de agua en los embalses se sitúa ahora bajo mínimos, en el 22 por ciento, amenazando incluso al consumo humano. Está claro que la naturaleza no entiende de ventajismos políticos. En estas circunstancias, algunos piensan que lo menos importante es mantener la coherencia. Por eso, el Gobierno de la Generalitat prepara un trasvase desde un afluente del Ebro para abastecer el área metropolitana de Barcelona, si bien ha preferido esperar a que pasen las elecciones generales y procura hacer el menor ruido posible. Al parecer, llevar el agua desde el Segre al Llobregat ya no supone daño alguno para el medio ambiente, que era el pretexto principal de los socialistas para oponerse a los planes del PP. Cuando se actúa en función de ventajas coyunturales, las decisiones se toman por criterios puramente oportunistas. Vale el trasvase del Segre para Barcelona, se acepta cuando conviene el Tajo- Segura y, en cambio, nunca hay tiempo para ocuparse de las necesidades imperiosas de Murcia. La solidaridad que predica el Ejecutivo catalán E funciona siempre en una sola dirección, por ejemplo, cuando se transporta agua desalinizada desde Carboneras (Almería) a su propio territorio. Marcelino Iglesias, presidente de Aragón, tampoco sabe qué decir en una coyuntura que exige el pronunciamiento contundente de un político que ha obtenido un rédito notable con el discurso emocional sobre el agua del Ebro. Además, todavía sigue en la mente de muchos millones de espectadores el intento de Zapatero por obligar a Rajoy, en los debates recientes, a pronunciarse sobre el polémico trasvase. Habría que recordar ahora al presidente del Gobierno que son sus compañeros de partido los que impulsan una obra de este tipo con el único objetivo de favorecer a Cataluña. El artículo 2 de la Constitución proclama el principio de solidaridad al mismo nivel que los de unidad y autonomía. En este sentido, el Estado tiene el deber de garantizar que los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de nuestro territorio. Las cosas no son así en una materia tan sensible como el agua, y toda la responsabilidad recae sobre la política que practican los socialistas. Por lo demás, el doble lenguaje y la retórica vacía son planteamientos a corto plazo que la realidad incontestable de los hechos se encarga muy pronto de poner en el lugar que le corresponde. La sequía no entiende de conveniencias políticas. Por mucho que lo llamen minitrasvase y procuren restarle importancia, el Ejecutivo que preside José Montilla incurre en una intolerable contradicción al servicio de una postura egoísta. Repartir el agua y optimizar los recursos disponibles en beneficio del interés general es un deber que debe asumir todo gobernante consciente de su responsabilidad. También en este punto Rodríguez Zapatero pone los intereses del partido por delante de las necesidades objetivas de la sociedad española, favoreciendo a unos y perjudicando a otros en función de preferencias injustificables. DIVORCIOS DE QUITA Y PON L discurso de los derechos civiles y la apología de las leyes sociales aprobadas en la anterior legislatura han velado los efectos que algunas reformas legales han producido en instituciones esenciales como el matrimonio. Al margen de cualquier consideración moral o religiosa, que sería en todo caso legítima, los datos oficiales demuestran que, desde la aprobación del llamado divorcio express -que no necesita separación previa ni alegación de causa alguna- las rupturas matrimoniales han crecido de forma espectacular. Podrá decirse que ninguna ley obliga a divorciarse. Es cierto, pero una ley puede propiciar e inducir a que los ciudadanos tomen decisiones animados por la ausencia de condiciones jurídicas que obliguen a considerar la gravedad de las consecuencias. Así es como, actualmente, el divorcio en España más que extender derechos realmente supone recortar obligaciones y responsabilidades individuales. Esta relativización legal del contenido del vínculo matrimonial está llegando a extremos insospechados, como los que informaba ayer ABC sobre el sospechoso aumento de separaciones y divorcios que estaban detectando los juzgados de familia en Sevilla y que los jueces sevillanos relacionan con la bonificación que prevén las normas de escolarización para alumnos de padres separados. En 2007, las demandas de separación y divorcio de mutuo acuerdo presentados en los juzgados de Sevilla aumentaron un 50 por ciento entre E enero y febrero, dando lugar a resoluciones judiciales en plazo- -normalmente, durante el mes de marzo- -para solicitar la plaza escolar. Este año 2008 está repitiendo la pauta y ha vuelto a provocar la preocupación de los jueces de la capital andaluza, por lo que consideran un ejercicio fraudulento del proceso matrimonial, confirmado con el aumento de solicitudes de reconciliación entre cónyuges separados que se presentan una vez conseguida la plaza escolar para su hijo. Además de ser un efecto perverso de una reforma legal que atendió sólo a buenas intenciones y careció de un estudio serio, jurídico y social de sus consecuencias, la situación constatada por la justicia de familia demuestra también que las normas que establecen privilegios- -entendidos en su sentido estricto- -deben estar sometidas a condiciones que eviten el abuso de derecho y el fraude de ley. Al final, va a resultar que un matrimonio estable, con trabajo e hijos sin problemas se convierte en un lastre para acceder a determinados servicios públicos. Bien está promover la igualdad de oportunidades y atender de forma específica aquellas situaciones realmente conflictivas o gravosas (malos tratos, enfermedades, dependencia, penuria económica) pero lo que promueve esta política aparentemente tan sensible es la picaresca. Esto no es equilibrio distributivo, ni discriminación positiva ni política social. Es una manera injusta de enfocar la relación del Estado con sus ciudadanos.