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ABC MARTES 18- -3- -2008 23 Tras conseguir plaza escolar, las parejas se vuelven a inscribir como unión en el Registro Civil El apoyo del PP fortalece la resistencia a Educación para la Ciudadanía La sentencia contra la asignatura del TSJ andaluz y la protección de los populares a los objetores enfrentan a defensores y detractores de la disciplina M. ASENJO MADRID. Las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -ocho hasta el momento- -han dado alas a los opositores a Educación para la Ciudadanía, que retoma su protagonismo en el mundo educativo y lo impregna de tensión en el último tramo del curso académico. El tribunal ha dictado una sentencia a favor de la objeción y varios autos que suspenden de forma cautelar- -hasta que se dicte sentencia sobre el reconocimiento o no del derecho a no dar clase de esa disciplina- -la obligatoriedad de asistir a clase de Ciudadanía para ocho escolares andaluces. La sentencia ha sido recurrida al Tribunal Supremo por diversas instancias. Además, existen otras dos sentencias de los tribunales superiores de Asturias y de Cataluña, favorables a la asignatura y también recurridas al Supremo. Pero la controvertida disciplina ha rebasado los límites escolares y familiares para convertirse en un arma política, ya que las comunidades que gobierna el Partido Popular han decidido, amparadas en la sentencia del TSJA a favor de la objeción de conciencia como instrumento para no cursar Ciudadanía, apoyar a los objetores y ofrecerles actividades alternativas en la hora en que se imparta la materia. Y todavía más, la Comunidad Valenciana impartirá la asignatura en inglés a partir del próximo curso, cuando todas las regiones populares deben implantar sus enseñanzas en 2 de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) Educación para la Ciudadanía es una asignatura obligatoria, creada por la Ley Orgánica de Educación (LOE) que se imparte en uno de los tres primeros cursos de ESO y en 5 ó 6 de Educación Primaria. Existen dos versiones de Ciudadanía, asimismo obligatorias: Educación ético- cívica, que se enseñará en 4 ESO a partir del próximo curso, y Filosofía y Ciudadanía, que formará parte del currículum de uno de los dos cursos de Bachillerato. Si alguna comunidad decide establecerla en 1 comenzará a implantarse el próximo septiembre. Educación para la Ciudadanía se enseña en 3 de ESO de siete comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra. En septiembre, comenzarán las clases en el resto de las autonomías que en su día decidieron que fuera una materia de 2 de ESO. El PP se comprometió en su programa electoral a suprimir la asignatura, pero los resultados de los comicios han llevado al principal partido de la oposición a aplicar el plan B, es decir, apoyar a los objetores y ofrecerles una alternativa. La Comunidad de Madrid fue la primera, incluso antes de las elecciones del 9- M, en promover ese plan. El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió aplicar de facto la sentencia y decidió eximir a los objetores de la asistencia a clase, que no serán penalizados académicamente por ello, lo que significa que no serán evaluados sobre la asignatura. Celebras las elecciones, el resto de las regiones populares se sumaron en cascada a Madrid. Primero fue Murcia, después Castilla y León, más tarde La Rioja y Valencia. Ésta con la singularidad añadida de la versión inglesa de la disciplina, que conlleva un gasto de entre 1,6 y 3,2 millones de euros para contratar a 125 profesores. Todas estas comunidades advierten de que su decisión no implica promover la objeción de conciencia- -en algunas como La Rioja todavía no han recibido ninguna solicitud aunque sus autoridades educativas esperan que lleguen en aluvión tras la campaña anunciada por la Confederación católica de padres Concapa- sino proteger el derecho de los padres a elegir para sus hijos el tipo de educación que se ajuste a sus principios éticos, morales y religiosos. Precisamente, los promotores de la objeción, con el Foro Español de la Familia a la cabeza, sostienen que Ciudadanía vulnera ese derecho y constituye una intromisión en el ámbito de la moral personal. En definitiva, consideran que es un arma de adoctrinamiento en manos del Gobierno. El TSJA basa su fallo en sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para equiparar el derecho a oponerse a la asignatura con el derecho a objetar en cuestiones que pertenecen al claustro íntimo de creencias Por su parte, el Ministerio de Educación ha tachado de irresponsables las decisiones del PP, por entender que invitan al incumplimiento de la ley, lo que puede acarrear graves consecuencias para los alumnos. Tampoco se advierte unanimidad en las doctrinas jurídicas sobre al objeción como instrumento para oponerse a Ciudadanía. Algunos sectores consideran que es más adecuada la vía de los recursos contra los contenidos de la asignatura que, presuntamente, se consideran inconstitucionales. condiciones aceleran enormemente el proceso. Algunos juzgados incluso han detectado que hay parejas que semanas después de separarse, tras concluir el proceso de escolarización y tras conseguir plaza en el centro escolar elegido, vuelven al Juzgado para solicitar la reconciliación, lo que les permite inscribir de nuevo la unión en el Registro Civil. Pero poco se puede hacer, porque a pesar de que existen sospechas de rupturas falsas, estas no pueden ser consideradas delitos, al contrario de lo que sucede en los matrimonios de conveniencia, que sí son un delito contra la Administración de Justicia. El pasado año, la Junta de Andalucía detectó hasta 26 casos de fraude por parte de padres que alegaron estar separados o divorciados para obtener más puntos en la solicitud de plaza escolar para sus hijos. Después, la Policía confirmó que ambos cónyuges continuaban conviviendo en el mismo domicilio. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía recibió el pasado año 731 reclamaciones por fraude en las solicitudes escolares de 72 centros concertados y 9 públicos de la provincia de Sevilla. De las 731 reclamaciones, 287 fueron estimadas, 26 de ellas por no cumplir los requisitos para ser una familia monoparental. No es un delito El próximo curso se generaliza La Comunidad de Madrid fue la primera en eximir a los objetores de la asistencia a clase Claustro íntimo de creencias Familias monoparentales La Junta concede desde el pasado año dos puntos adicionales a los hijos de familias monoparentales, lo que les da una ventaja para entrar en un colegio concertado o público frente a los que sólo tienen puntos por domicilio o trabajo. En el capítulo II de la Ley 12 2006, de 27 de diciembre sobre fiscalidad complementaria del Impuesto de la Comunidad de Andalucía, se especifica qué es una familia monoparental: La formada por la madre o el padre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los siguientes criterios: hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos; e hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada Una mujer presenta en la Dirección Provincial de Soria setenta objeciones a Ciudadanía EFE