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4 OPINIÓN LUNES 17 s 3 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO MALAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro NOTICIAS PARA SARKOZY Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera CUOTAS INÚTILES E INJUSTAS E cumple un año desde la aprobación de la Ley de Igualdad, anunciada a bombo y platillo por el PSOE como un hito histórico en favor de las mujeres. Sin embargo, la frialdad objetiva de los datos desmiente el triunfalismo gubernamental, hasta el punto de que algún alto cargo ha tenido que admitir la necesidad de introducir mecanismos correctores Dicho de otro modo, se trata de un eufemismo para disimular el fracaso de una norma mal concebida y peor aplicada. El TC ha dejado claro que la Ley referida se ajusta a la Constitución, pero eso no sirve para eximirla de todos los defectos. De hecho, la política de cuotas y la llamada discriminación positiva suelen resultar perjudiciales para los grupos sociales a los que pretenden beneficiar, como demuestran los estudios empíricos realizados en Estados Unidos y en diversos países europeos. En el caso español, ABC ofrece hoy algunas cifras muy significativas. Para empezar, la paridad electoral que tanta polémica suscita deja un resultado incontestable: en la nueva legislatura, ya con listas paritarias, hay una diputada menos en el Congreso que en la legislatura anterior. En la práctica, los partidos han elaborado sus listas cumpliendo formalmente la normativa, pero situando en los puestos de salida al candidato- -hombre o mujer- -al que deseaban dar prioridad. Así pues, la política de igualdad forzada no ha conseguido mejorar la presencia femenina en el Congreso. Habrá que ver si, más allá de la visibilidad que otorga el Gobierno, mejora en algo la escasa proporción de mujeres en los altos niveles de la Administración y de los órganos constitucionales. Aún más llamativa es la inutilidad de las disposiciones relativas a los consejos de administración de las empresas, que pretenden el objetivo de que en un plazo de ocho años la presencia de mujeres alcance el 40 por ciento. Por ahora, las cosas no pueden ir peor. Después del primer año, el efecto de la Ley es nulo, y sólo hay 26 mujeres en los consejos de S las empresas que forman parte del Ibex 35, frente a más de quinientos varones. Como es lógico, el mundo empresarial maneja con prudencia una situación que pone en peligro la capacidad de las principales compañías para encargar funciones directivas a quienes hayan demostrado su competencia profesional, con independencia del sexo. Queda claro que no sirve llenar las páginas del Boletín Oficial, porque la clave está en fomentar la igualdad de oportunidades con medidas realistas y dejar después que funcione el principio de mérito y capacidad. La igualdad de hombres y mujeres no sólo es una exigencia constitucional, sino un principio de civilización que, a día de hoy, sólo ponen en cuestión los radicales que plantean un desafío a Occidente en nombre de doctrinas anacrónicas. Por eso es muy importante que sea la propia dinámica social, acompañada por una acción de impulso de los poderes públicos, la que convierta esa igualdad en una situación real y efectiva como proclama el artículo 9.2 de la Constitución. En una sociedad abierta, las imposiciones injustificadas están llamadas al fracaso. Las cuotas son contrarias al derecho de todos a ocupar el puesto que merecen y su aplicación rígida crea un ambiente de injusticia que perjudica a las muchas mujeres que ocupan cargos de responsabilidad con méritos sobrados para ello. Los países occidentales han dado pasos importantes desde hace tiempo. En el plano jurídico, resulta ya insostenible cualquier argumento discriminatorio. En el ámbito social y cultural, la equiparación sólo es rechazada por quienes siguen aferrados a una mentalidad arcaica que debe ser superada mediante un eficaz proceso educativo. Las cuotas no sirven para nada, como demuestran de forma concluyente los datos que hoy publicamos, y generan en cambio un rechazo psicológico que perjudica la puesta en práctica de la genuina e imprescindible igualdad. ANTE EL PROBLEMA VASCO A amplia victoria de los socialistas en el País Vasco debería implicar una nueva etapa política en esta comunidad y, especialmente, la posibilidad de contribuir decisivamente a la terminación de una historia dominada por las imposiciones del nacionalismo y la falta de libertad de los no nacionalistas. La mayoría de escaños del Partido Socialista de Euskadi puede ser, en efecto, el punto de inflexión, iniciado indudablemente en 2001, cuando socialistas y populares apostaron por la alternativa constitucional, del cambio político tantas veces reclamado para una comunidad en la que el único conflicto existente es que el enfrenta al nacionalismo y al terrorismo, cada cual con sus propios medios y formas, con la pluralidad de la sociedad vasca. Deberían servir, como antecedentes de errores irrepetibles, los años de cogobierno del PSE con el PNV hasta 1998- -cuan, do los nacionalistas ya estaban negociando con ETA el pacto de Lizarra- que dieron cobertura al nacionalismo para asentar su hegemonía con el pretexto de que era la mejor manera de contener a ETA. Igualmente debe recordarse cada tregua aprovechada por los terroristas para reforzarse y para provocar confusión entre los demócratas. Por tanto, ni la colaboración con este PNV que expulsó a Josu Jon Imaz por sus veleidades pactistas, ni unos nuevos experimentos temerarios de negociación con ETA serían opciones válidas para alcanzar la única normalización pendiente en el País Vasco, que es el disfrute efectivo y real por cada uno de sus ciudada- L nos del régimen de libertades y derechos establecidos por la Constitución. La tesis de que el Gobierno socialista pudiera negociar un nuevo Estatuto de autonomía con el PNV como moneda de cambio para neutralizar el referéndum soberanista anunciado por el lendakari Ibarretxe para octubre, sería un mal planteamiento de partida. El problema vasco no está en el Estatuto- -cuya modificación confirmaría al nacionalismo radical y a ETA en que sus diagnósticos sobre el carácter político del conflicto son acertados- -sino en el incumplimiento de la Constitución y en la violencia terrorista. Con una mayoría formalmente no nacionalista, como la que obtuvo el PSE el 9- M, el objetivo de enmendar ambas carencias estructurales de la sociedad vasca debería ser la prioridad del nuevo Gobierno. Y la experiencia del Estatuto catalán no es alentadora porque rompió el consenso con el PP y desfiguró el modelo constitucional del Estado autonómico. Hoy el autogobierno vasco está en sus límites constitucionales máximos y no hay razón ni margen para ampliarlo. La autocrítica que anteayer realizó la asamblea del PNV ante la paulatina caída de su apoyo electoral- -el tiempo determinará si es sincera o no- -debería pasar primero por admitir que lo que está agotado es el abuso y la deslealtad con los que el nacionalismo se ha beneficiado del Estatuto de Guernica para hegemonizar la autonomía sin tener que responder de las gravísimas carencias democráticas que lastran la libertad de los no nacionalistas. OS candidatos de la izquierda francesa han confirmado en la segunda vuelta de las elecciones municipales los buenos resultados que ya obtuvieron en la primera. Es siempre muy arriesgado sacar conclusiones con proyección nacional de los designios de los electores en los municipios, pero es un hecho que la votación de ayer marca el final de la inercia victoriosa del presidente Nicolas Sarkozy. Gran parte del impulso social que el presidente necesita para llevar a cabo las grandes reformas ya se ha terminado. Muchos de sus simpatizantes en la elección presidencial han optado en la votación de ayer por la abstención o por un voto de castigo. Algunos dirán que las grandes ciudades francesas tienen una tradición más inclinada a la izquierda y que allí donde ha intervenido personalmente, Sarkozy ha gestionado medianamente bien los daños inevitables en estas circunstancias. Puede ser que en algunos casos eso sea cierto, pero es una lectura benevolente y de poco consuelo pensando en lo que necesita en estos momentos el liderazgo del presidente de centro- derecha. Sarkozy tiene que persuadir a los ciudadanos de que deben consentir ahora ciertos sacrificios para recoger los frutos más adelante, pero esa fuerza política que se necesita para cambiar las cosas no ha aparecido en estas elecciones municipales y la elevada abstención es un síntoma inequívoco de desapego de los franceses hacia sus dirigentes políticos. En algunas ciudades emblemáticas, los candidatos conservadores ni siquiera han sabido trabajar conjuntamente para evitar una victoria de los candidatos socialistas. Las ciudades que la oposición socialista ha arrebatado a los conservadores de Sarkozy son otras tantas bocanadas de oxígeno para el PS, a pesar de que el partido sigue enfangado en una deriva fraticida que se acentuará con la emergencia de nuevos liderazgos locales. Tampoco han premiado los electores la deslealtad del centrista François Bayrou, derrotado en su feudo tradicional de Pau. Las elecciones no han sido buenas para nadie, y eso es cierto sobre todo en el caso de Sarkozy. El presidente de la República llegó al Elíseo con un mandato claro: reformar las estructuras sociopolíticas para evitar que Francia siga siendo un país sin rumbo claro y donde una gran parte de la sociedad sigue viviendo en la añoranza de un tiempo pasado y en el temor del porvenir. Evidentemente ese mandato no incluía ganar las elecciones municipales, pero le habría venido bien saber que los franceses siguen confiando claramente en él, en vez de quedarse con este síntoma de desafección. De todos modos, para Sarkozy el objetivo debe seguir siendo el mismo: la puesta en marcha de las reformas que liberalicen las fuerzas que existen en este gran país y que se han quedado dormidas precisamente por décadas de ensoñaciones autocomplacientes. L