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ABC DOMINGO 16- -3- -2008 El escándalo de las clínicas abortistas ESPAÑA 27 desaparecer y el personal rellenaba y firmaba uno nuevo, que igualmente se adjuntaba a la historia clínica. La mayoría de las pacientes que han declarado hasta el momento coinciden en que no fueron visitadas nunca por un psiquiatra antes de someterse al aborto. Muchas mujeres- -que acudían a la clínica con el estómago vacío, el DNI y el acompañante- -recordaban haber tenido que firmar a su llegada papeles en blanco que, según les dijeron, eran para autorizar la intervención y para la anestesia. Otras no saben para qué servían los documentos y algunas no reconocieron como suya la firma que aparecía en ellos. Las reconocimientos psíquicos corrían a cargo presuntamente de dos psiquiatras que trabajaban para las clínicas, además de practicar su profesión en otros centros sanitarios, incluso públicos. La investigación sobre estas dos personas permitió descubrir que varios de los días en que se practicaron abortos, ninguno de ellos acudió a las clínicas Ginemedex y TCB. Según las denuncias de ex empleados, presuntas violaciones servían también para dar cobertura a mujeres que abortaban, por ejemplo, por presiones familiares o porque se acababan de separar de su pareja. Limitado para hacer cirugía abierta El Departamento de Salud de la Generalitat da por sentado que todo el personal sanitario que tiene el virus del sida debe tomar precauciones a la hora de ejercer su trabajo, con el fin de prevenir el contacto de piel y mucosas con sangre y líquidos corporales del paciente. El propio Morín, portador de ese virus, es más explícito que la Generalitat en torno a este asunto. En su declaración, Carlos Morín reconoció que esa circunstancia le limita para hacer cirugía abierta. Aseguró que él ayudaba al ginecólogo y que no practicaba los cortes, por lo que no pudo transmitir la enfermedad Sin embargo, alguna paciente ha reconocido al dueño de las clínicas abortistas como la persona que directamente le practicó la interrupción del embarazo. También ex empleados de sus clínicas han asegurado que el doctor Carlos Morín participaba activamente en los abortos tanto legales como ilegales. Sólo un paréntesis La emisión de un reportaje de la televisión pública danesa sobre las prácticas en las clínicas de Morín sirvió para que se dejara de hacer abortos ilegales, según las investigaciones. No obstante, parece que muy pronto se retomó la actividad M. J. F. BARCELONA. Una periodista embarazada de 32 semanas (ocho meses) que acudió a Carlos Morín con el falso deseo de abortar sirvió a la televisión pública danesa para denunciar presuntas interrupciones del embarazo ilegales en las clínicas de este doctor. No era la primera vez que un medio de comunicación extranjero ponía contra las cuerdas a Morín y evidenciaba su controvertida actuación, pero sí parece que, tras la emisión del reportaje danés, el dueño de las clínicas investigadas tomó algunas medidas que, de todas formas, no se mantuvieron por mucho tiempo. Según denuncias de ex empleados que constan en el sumario judicial del caso, al hacerse pública la investigación de los periodistas daneses, que también se conoció en España, en octubre de 2006 se decidió dejar de hacer abortos ilegales. Siempre según esas denuncias, el nivel de ingresos de las clínicas cayó en picado y sus dueños decidieron retomar esa actividad en enero de 2007. El paréntesis fue, pues, muy pequeño. Un informe de los investigadores aportado al sumario recoge denuncias que detallan cómo la presunta actividad ilegal de los centros, que es la que más dinero proporcionaba, constituía el modus vivendi de algunas de las personas detenidas, desde hace más de quince años. Y las personas citadas son el matrimonio dueño de las clínicas. Siempre según las denuncias, las medidas tomadas por los responsables de los centros tras la emisión del reportaje de la televisión pública danesa permitieron que los inspectores de Salud no dieran con una de las máquinas para destruir los fetos, las llamadas trituradoras, que supuestamente había en Ginemedex y TCB. Las máquinas, que no han sido encontradas, se habrían desmontado después de la denuncia de los periodistas de Dinamarca. Tampoco los inspectores detectaron otras irregularidades. En el sumario se cita que la planta superior de TCB, clínica radicada en una torre, la registró su dueño con el nombre de Fundación Morín. Los planos que se ofrecieron a los inspectores cuando acudieron al centro no se correspondían con los usos reales de los espacios. En la parte superior de la torre se realizaban presuntamente abortos ilegales, cuando el papel de la Fundación allí registrada y para lo que disponía de permiso era para consultas externas de ginecología. En una visita de los inspectores a TCB el 14 de noviembre de 2006, se pidió visitar ese piso, pero no fue posible porque se les manifestó que no se disponía de las llaves. Un piso sin llaves