ABC MADRID 14-03-2008 página 20

20 ESPAÑA La memoria histórica selectiva del Gobierno VIERNES 14 s 3 s 2008 ABC El Gobierno sólo costearía a asociaciones de izquierda la exhumación de la fosa de Alcalá La Ley de Memoria Histórica pone trabas a la búsqueda de víctimas del terror en el bando republicano J. ALBIOL MADRID. La voluntad del juez militar responsable del caso de la fosa común hallada en Alcalá de Henares, que desea solicitar la ayuda de las asociaciones dedicadas a la exhumación de víctimas de la Guerra Civil, ha vuelto a poner al descubierto las contradicciones de la Ley de Memoria Histórica. La ley aprobada por el Gobierno sólo reconoce la existencia de la represión franquista y, en consecuencia, sólo permite subvencionar a las asociaciones dedicadas a las víctimas de esta represión. En el debate de la polémica ley en la Comisión Constitucional del Congreso, el 17 de octubre de 2007, el diputado socialista Juan Antonio Barrio de Penagos respondía así a las críticas de que la ley sólo permita subvencionar la exhumación de las víctimas de un bando: Los que están desaparecidos todavía son unas víctimas, son víctimas del franquismo, qué se le va a hacer, ese es el caso Ante esta visión sesgada de los horrores de la Guerra Civil, la fosa hallada en Alcalá ha vuelto a poner de relieve que son muchos los españoles que desconocen el paradero de familiares que fueron víctimas de la represión republicana. Entre éstas víctimas se cuentan también miles de personas, pertenecientes a las propias filas republicanas, incluidos brigadistas internacionales, asesinadas por sus correligionarios. Si bien nadie discute hoy que son más numerosas las víctimas de la represión franquista que aún se encuentran desaparecidas, la ley no ha dejado apenas resquicio para que unos y otros españoles, víctimas de la barbarie fratricida, tengan el mismo reconocimiento en una ley dictada en democracia. Con ello, Zapatero ha incurrido en la misma manipulación maniqueísta del régimen de Franco, dividiendo a las víctimas en buenas y malas según quiénes fueran sus verdugos. La Ley de Memoria Histórica reconoce en su artículo 11 la posibilidad de que puedan recibir subvenciones las asociaciones dedicadas a la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión tarios y dictaduras, entre ellas la franquista tal y como puede leerse hoy en la página web de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga. Bajo el pretexto de la memoria histórica que la izquierda había desatendido en sus catorce años de gobierno, el PSOE e IU se dotaron de un poderoso instrumento para utilizar la Guerra Civil como arma arrojadiza en su oposición contra el PP, rompiendo uno de los consensos básicos de la Transición. Los olvidos del PSOE Exhumación de una fosa con víctimas republicanas de 1937 en Grandas de Salime, Asturias política posterior Pero fija que sólo puedan recibir estas ayudas las asociaciones creadas antes del 1 de junio de 2004, fecha antes de la cual ya habían sido creadas las principales asociaciones, afines a la izquierda, que trabajan en este campo. Las citadas asociaciones son la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) situada en la órbita del PSOE, y el Foro por la Memoria, de Izquierda Unida. Ambas fueron creadas durante las legislaturas del Partido Popular: en el año 2000 la primera y en el 2002 la segunda. Y ello pese a que desde el año 1977, incluido el periodo de gobierno socialista entre 1982 y 1996, ninguna ley democrática ha prohibido en España la loca- REUTERS lización y exhumación de restos de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. Alguna de estas entidades justifican lo tardío de su preocupación por las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura con argumentos insólitos, como el de que tuvimos que esperar hasta el año 2000, a que las Naciones Unidas condenaran todos los regímenes totali- Víctimas buenas y malas El Anatómico Forense empieza hoy los análisis de los restos óseos ABC MADRID. El Instituto Anatómico Forense recibió ayer los restos óseos hallados en la fosa común descubierta el 11 de febrero en la Unidad de Servicios de Base Primo de Rivera de la Brigada Paracaidista, en Alcalá de Henares, y comenzará hoy los análisis para determinar su origen e identidad, pruebas entre las que se incluirán los análisis de ADN. En principio, los restos pertenecen a desaparecidos durante la Guerra Civil, y la Fundación Andreu Nin considera que tendría cierta lógica que el cadáver del líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) secuestrado y asesinado en 1937 por agentes secretos soviéticos dirigidos por Orlov, figurara entre los restos óseos de la citada fosa. Los restos de Alcalá llegaron al Anatómico Forense en cinco bolsas de gran tamaño, precintadas hasta que el forense encargado de su análisis comience su trabajo. El especialista iniciará las pruebas hoy, cuando termine la guardia en el juzgado de Alcalá. El objetivo es identificar a cada uno de los cadáveres, determinar la fecha de la muerte y esclarecer las circunstancias accesorias a la causa de los fallecimientos. Para ello, empezará catalogando por grupos los diferentes huesos y fragmentos óseos, con el fin de reconstruir los esqueletos en la medida de lo posible e intentar determinar su edad, sexo y talla. El forense también buscará alteraciones que ayuden a identificar los restos, estudiará la existencia de patologías, especialmente traumáticas, y buscará muestras que permitan la identificación genética. Esta utilización política de la Guerra Civil queda patente al comprobar que en estos cuatro años de gobierno el PSOE ha tenido muy mala memoria acerca de las reclamaciones que realizaba en la oposición, cuando se decía portavoz de unas víctimas olvidadas Baste recordar que Jesús Caldera, hoy ministro de Trabajo, presentó en julio de 2003 una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno de Aznar anulara todos los juicios sumarios del franquismo, haciéndose eco de una reclamación de muchas víctimas, petición que el PSOE ha desoído al llegar al poder. Por no olvidar la enmienda que Amparo Valcarce, hoy Secretaria de Estado en el Ministerio de Caldera, llegó a presentar en 2002 para que el Gobierno del PP incluyera en los Presupuestos Generales del Estado una partida de un millón de euros para las exhumaciones de fosas comunes, de la que una vez en el Gobierno los socialistas han preferido olvidarse. Fuentes parlamentarias recuerdan incluso que en la tramitación de la Ley de Memoria Histórica, el PSOE y sus socios se negaron a incrementar las indemnizaciones para los que habían sufrido cárcel bajo el franquismo por motivos políticos. La razón de esta negativa era muy simple: tal incremento lo solicitaba el PP, a quien ellos tachaban de franquista. Así, el cordón sanitario contra el PP acabó por estrangular una merecida compensación a los viejos izquierdistas que penaron por sus ideas en las cárceles de Franco. ABC. es Más información sobre Memoria Histórica en abc. es