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18 ESPAÑA JUEVES 13 s 3 s 2008 ABC Dos juristas, nombrados magistrados de lo contencioso del Supremo S. E. MADRID. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró ayer magistrados de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, por el turno de juristas de reconocida competencia, a Ángel Aguallo Avilés y a Luis María Díez- Picazo Giménez. Según informó el órgano de gobierno de los jueces, Aguallo obtuvo quince votos y Díez- Picazo dieciséis, de un total de diecisiete miembros presentes en la sesión plenaria. El primero es catedrático de Derecho Financiero en la Universidad de Córdoba y letrado del Tribunal Constitucional. Por su parte, Luis María Díez- Picazo Giménez es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla La Mancha y abogado en ejercicio. Por otra parte, el pleno del CGPJ nombró presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla al magistrado Manuel Damián Álvarez García, quien obtuvo diez votos a favor. El nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla es en la actualidad presidente de la Sección Segunda de la citada Audiencia, fue vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial y sustituye a Miguel Carmona. Además, los magistrados José Francisco Valls Gombau, con diez votos, y Enric Anglada Fors, con nueve, fueron nombrados magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) En cuanto a los tres nombramientos pendientes para la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, tras efectuarse las cuatro votaciones reglamentarias los candidatos no obtuvieron los votos necesarios para la elección. Por ello, se acordó devolver a la comisión de calificación la terna presentada para la plaza de procedencia de la carrera judicial, y al Ministerio de Defensa, las ternas presentadas para las dos plazas de procedencia jurídico militar. Además, el CGPJ acordó por unanimidad suspender durante un año en sus funciones al titular del Juzgado de lo Social de Teruel, José Luis Eduardo Morales Ruiz, al constatarse un retraso reiterado e injustificado en la tramitación de causas judiciales, como lo demuestran los 255 asuntos que en el mes de julio de 2007 se encontraban pendientes de sentencia en dicho Juzgado. El CGPJ pide al Gobierno que obligue a que se cumpla la ley de banderas Acuerda dar traslado al Ejecutivo de la petición de la Sala de Gobierno del TSJ vasco para que se observe la norma en los edificios judiciales de esa Comunidad J. A. MADRID. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, con trece votos a favor y sólo dos abstenciones, trasladar al Gobierno la queja presentada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el incumplimiento (léase falta de cumplimiento) de la ley de banderas en los edificios judiciales de esa Comunidad autónoma. En concreto, tras la deliberación sobre este asunto, el órgano de gobierno de los jueces adoptó el siguiente acuerdo: Ante la queja formulada por don César Velasco Arsuaga, y a la vista del acuerdo adoptado en fecha 15 de febrero de 2008, por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo al incumplimiento de lo preceptuado en la Ley 39 1981, de Banderas, en los edificios judiciales del País Vasco, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acuerda dar traslado de la misma petición al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Justicia, a fin de que se adopten las medidas oportunas para el cumplimiento de la citada Ley La vocal de la minoría progresista Montserrat Comas quiso dejar constancia expresa del motivo de su abstención, que justificó en el hecho de que, en su opinión, el Consejo General del Poder Judicial carece de competencias para la adopción de este acuerdo por tratarse de una materia de naturaleza jurisdiccional, ante lo cual la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia debiera haberse dirigido a la Abogacía del Estado solicitando la actuación de los mecanismos legales procedentes Por tanto, no se trata de una cuestión de fondo, sino de procedimiento. El CGPJ no logró un acuerdo sobre este asunto en el último pleno celebrado el pasado 27 de febrero debido a la ausencia de siete vocales de la minoría progresista, quienes se marcharon de la sesión plenaria al estimar que no debía tratarse un asunto como ese, que ha sido ampliamente utilizado por los partidos políticos como argumento electoral, durante la campaña de las pasadas elecciones generales. El pasado 15 de febrero la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó dirigirse al CGPJ para que adoptara de manera urgente las medidas oportunas al objeto de hacer cumplir al Departamento vasco de Justicia la legislación sobre la colocación de banderas, que se viene incumpliendo de forma flagrante desde hace ya mucho tiempo. Todo ello, a la vista de la negativa manifestada por el Departamento de Justicia en la reunión de la Comisión Mixta Interinstitucional sobre la colocación de mástiles y banderas en los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tras ello, los vocales de la mayoría conservadora Enrique López, Carlos Ríos y Juan Pablo González propusieron que el pleno adoptara las medidas que considerara pertinentes. Antes de la decisión del CGPJ, en concreto en diciembre de 2005, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había decretado la obligatoriedad de que en todos los edificios públicos de esta Comunidad, ya sean estatales o autonómicos, ondee la bandera española y, además, lo haga de forma permanente Negativa del Gobierno vasco TSJ de Cataluña Los etarras Eneko Pascual, Garikoitz Pascual y Juan Carlos Iriarte, entregados ayer por Francia M. I. ANV llama grave acontecimiento al vil asesinato de Mondragón S. E. MONDRAGÓN. ANV no rectifica, se niega a condenar el asesinato en Mondragón del ex concejal socialista Isaías Carrasco y siguiendo dócilmente las instrucciones de la banda terrorista ETA asegura que la petición de que condene el espantoso crimen sólo busca criminalizar ese partido. Fue la todavía alcaldesa de esa localidad guipuzcoana, Inocencia Galparsoro, la que franqueada por el resto de ediles de ANV dio ayer lectura, sólo en euskera, a un comunicado en el que, por enésima vez, los proetarras piden que se aborden las raíces del conflicto, porque las condenas de una de las partes no son la solución En el colmo del cinismo, ANV define el asesinato como grave acontecimiento que naturalmente pone en pie de igualdad con la supuesta represión del pueblo vasco. Pero los proetarras no se quedaron ahí y después de no condenar el salvaje y cobarde crimen manifiestaron su condolencia y solidaridad a los familiares y allegados del ex concejal. Galparsoro afirmó que su grupo respeta pero no entiende la decisión de EB- Zutik de abandonar el gobierno municipal que mantenía junto a ANV y ha recalcado que, igual que cuando firmó el acuerdo de gobierno, su grupo realiza ahora la misma lectura política sobre el conflicto El secretario general del PSE- EE de Guipúzcoa, Miguel Buen, calificó de intolerables e insultantes las palabras de la alcaldesa, que se producen el mismo día de la entrega a España de otros tres etarras.