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4 OPINIÓN JUEVES 13 s 3 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO SUICIDIO E PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro POLÍTICO DE IU l varapalo sufrido en las urnas por Izquierda Unida ha provocado, como no podía ser de otra manera, una crisis de liderazgo en la coalición. Gaspar Llamazares, máximo responsable del fracaso, anuncia su salida de la dirección, aunque afirma que mantendrá en principio su escaño con el propósito de hacer una oposición de izquierda No es exagerado decir que IU fue la gran perdedora del 9- M. Pasa de cinco a sólo dos diputados, se queda sin grupo parlamentario propio y pierde muchos miles de votantes que han optado por Zapatero en busca del llamado voto útil Llamazares ha sido un dirigente radical, incapaz además de integrar las múltiples disensiones internas. Su empeño por estar más a la izquierda que nadie le llevó a adoptar posturas irresponsables, como el vídeo emitido por internet durante la campaña. Adoptar posiciones republicanas o apoyar a los independentistas en algunos ayuntamientos son actitudes anacrónicas que la sociedad española rechaza porque los ciudadanos son mucho más maduros de lo que piensan algunos políticos. Los resultados saltan a la vista. No sirve ahora echar la culpa al sistema electoral, que es el mismo desde hace treinta años, ni rasgarse las vestiduras ante lo que llama un tsunami bipartidista. Llamazares no tiene otro remedio que asumir su responsabilidad y dejar paso a nuevos líderes que sepan adaptar su discurso al electorado del siglo XXI. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DESPUÉS DE LAS ELECCIONES, EL TC L Gobierno ha logrado su primera victoria postelectoral en el Tribunal Constitucional, tres días después de renovar su mayoría parlamentaria, con la recusación de dos magistrados del denominado bloque conservador Jorge Rodríguez- Zapata y Roberto García- Calvo. De esta forma, queda expedito el camino para la probable confirmación de la ley que reformó en 2007- -de forma intempestiva, unilateral y por razones de conveniencia política- -las reglas de funcionamiento de la presidencia del TC. Dicha reforma, en la práctica, garantiza la continuidad de la actual presidenta de este Tribunal hasta el final de su mandato como magistrada. Sería una falta de respeto hacer juicios de intenciones sobre la futura actitud de María Emilia Casas en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las principales leyes de la anterior legislatura, pero, en lo que afecta al Gobierno, no cabe duda de que su intención al extender indefinidamente el mandato de la presidencia era garantizarse el voto de calidad de su titular en caso de empate a la hora juzgar los asuntos de su interés. Más que un flaco favor al crédito de este Tribunal y de su presidenta- -jurista de auténtico prestigio- aquella reforma fue una demostración inapelable del sentido partidista con el que el PSOE trata a las instituciones judiciales y el remate de una política de control de los núcleos del Estado de Derecho. Antes, ya se había visto con la reforma igualmente sorpresiva del Consejo General del Poder Judicial, cuyo objetivo era neutralizar a la mayoría conservadora en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo; y en el nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, hecho a la medida de un fiscal general subordinado a las directrices políticas del Ejecutivo. La recusación de los magistrados Rodríguez Zapata y García- Calvo culmina un proceso de división interna del TC, promovido por el Gobierno socialista como réplica a la iniciativa del Partido Popular de recusar, con éxito y total E fundamento, al magistrado Pablo Pérez Tremps, quien ha quedado excluido de la decisión final sobre el recurso planteado por los populares contra el nuevo estatuto de Cataluña. A partir de entonces, el Tribunal Constitucional entró en un período de conflictos personales internos y disputas partidistas externas a los que el propio Tribunal ha contribuido con el retraso inaceptable que ha impuesto a la decisión de los recursos contra el estatuto catalán y contras las leyes más importantes de la política social del PSOE, como la de protección de la mujer contra la violencia de género o el matrimonio entre homosexuales. Incluso la resolución de las recusaciones planteadas con motivo de la reforma de la presidencia del TC se ha producido con un procedimiento más que discutible, en términos legales, porque han sido decididas en bloque y no individualmente, como ordena la ley. Hay que recordar que el PP recusó a cinco magistrados del Tribunal Constitucional porque consideraba que habían manifestado verbalmente su apoyo a la reforma aprobada por el Gobierno mientras se tramitaba el proyecto parlamentario. Tales recusaciones fueron inadmitidas a trámite con el voto de los propios recusados y sin ser juzgadas de forma separada. Es probable que la moratoria electoral del TC dé paso a una rápida decisión en cadena de los recursos pendientes. No hay que prejuzgar la decisión de este Tribunal en ninguno de ellos por las maniobras partidistas del Gobierno- -aunque indicios haya, por ejemplo, en la sentencia sobre el estatuto valenciano- porque sería contribuir al desprestigio de una institución fundamental del sistema constitucional. Pero en cambio, sí cabe demandar a sus magistrados que no pierdan de vista que la institución a la que pertenecen no es un comodín de gobiernos, ni de oposiciones, sino el garante de la Constitución, más aún cuando resulta evidente que, como mínimo, están en juego principios determinantes del modelo de Estado, del modelo de sociedad y de la justicia penal. DESUNIÓN DEL MEDITERRÁNEO L a Unión para el Mediterráneo, o Unión Mediterránea que impulsó el presidente francés, Nicolas Sarkozy, nace muerta. En los últimos diez años, el llamado Proceso de Barcelona dedicado a poner en marcha lo que se conoce como diálogo euromediterráneo no ha pasado de las buenas intenciones y de las fotografías políticamente correctas. Si hubiera que hacer un balance realista de aquella iniciativa, el resultado sería desolador. Por ello, resulta ilusorio pensar que cambiando el nombre o creando instituciones nuevas vayan a producirse milagros. Sarkozy quería poner en marcha una estructura en la que los países ribereños- -Francia en cabeza- -se aprovecharían del peso de la influencia europea pero sin el engorro de la presencia de los países septentrionales. Naturalmente, esta pretensión era imposible de aceptar, porque habría abierto una brecha institucional dentro de la Unión Europea y, sobre todo, habría creado un precedente peligrosísimo para todos. Además, Nicolas Sarkozy debería ser el primero en saber que por más importante que sea para Europa la estabilidad en la orilla sur del Mediterráneo- -que lo es- -no hay ninguna posibilidad de que se produzcan progresos sustanciales si no se resuelve antes el problema que enfrenta a israelíes y palestinos y que por desgracia eso no se resuelve con este tipo de iniciativas. UNA CRISIS EN TODA REGLA AS simples turbulencias pasajeras se han convertido nueve meses después en una epidemia de dimensiones incalculables. El sistema financiero internacional lleva todo este tiempo sin cumplir su función primordial de encuentro entre ahorradores e inversores, más preocupado por su propia solvencia patrimonial que por garantizar el flujo de financiación necesaria para el funcionamiento ordinario de la economía. Las principales entidades bancarias han perdido en Bolsa una gran parte de su valor patrimonial y comienzan a mostrarse seriamente preocupadas por las consecuencias. En paralelo, la economía norteamericana ha caído en recesión, lo que dificulta aún más la recuperación de la confianza. Ante el deterioro de las expectativas, hasta las valoraciones más conservadoras pueden parecer excesivas y crece el peligro de morosidad, impagados y suspensiones de pagos. En el trasfondo de la crisis aparecen un mercado inmobiliario americano en caída libre y los excesos cometidos por los bancos en búsqueda de mayor rentabilidad en un contexto de bajos tipos de interés. La consecuencia es que la profundidad del daño es desconocida, pero se ha impuesto la cautela y los mercados de crédito continúan secos, sin operaciones, porque el riesgo se considera excesivo. Las autoridades monetarias saben perfectamente que sólo es una cuestión de tiempo que una crisis de liquidez se convierta en una de solvencia, sobre todo si se dan las condi- L ciones macroeconómicas adecuadas. En este contexto, hay que interpretar la nueva intervención concertada de los principales bancos centrales del mundo, que se produjo el martes, con el objetivo de inyectar liquidez extraordinaria por importe de 200.000 millones de dólares. Se trata de animar a emisores y compradores de títulos- -particularmente hipotecarios- -para que vuelvan al mercado y abandonen la espiral bajista. De paso, y mediante operaciones colaterales, la medida trata de reforzar la cotización del dólar y poner un suelo a su depreciación. A juzgar por la reacción inicial, parecería que la intervención fue todo un éxito: las Bolsas registraron subidas espectaculares- -el Ibex 35, más de un 3 por ciento- -y el dólar se recuperó. Pero fue un fugaz espejismo y los mercados volvieron por sus fueros. Harán falta más que inyecciones de liquidez, más que bajadas de tipos, para recuperar la normalidad. Hasta que el mercado hipotecario norteamericano no toque suelo, será difícil ponerle precio a los activos subyacentes y, por tanto, acotar las pérdidas. A partir de ahí habrá que cuantificar daños, sanear entidades y volver a prestar. Ya nadie duda de que el proceso será largo y doloroso. Pasadas las elecciones en España, se impone el realismo. Un Gobierno, aunque sea en funciones, no puede eludir sus responsabilidades. Urge presentar un plan de acción y negociarlo con la oposición y los agentes sociales.