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4 OPINIÓN JUEVES 6 s 3 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO TRAMPAS DEL N PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LIBRO BLANCO i rendición de cuentas, ni síntesis de la legislatura: el libro blanco exhibido por Rodríguez Zapatero en el debate del pasado lunes es pura y simplemente una operación de propaganda. En un sistema democrático, el partido que ejerce el poder se somete al juicio de los ciudadanos por sus hechos y no por su retórica. Incluso los afines al PSOE admiten que el presidente exageró sus logros, utilizando las estadísticas oficiales al servicio de su interés partidista. Es más: Zapatero no debe de haber leído con detenimiento su propio libro blanco que alude al pacto del Tinell, con el que se pretendió aislar al PP, y en uno de los debates televisados dijo desconocer qué es ese pacto. Respecto a otros apartados del libro, ABC ha denunciado que las cifras de creación de empleo han sido no sólo maquilladas, sino incluso manipuladas para ofrecer una imagen que no se corresponde con la realidad. El único texto que recoge de forma veraz la actuación del Ejecutivo es el BOE. Rendir cuentas a los ciudadanos significa comparar el programa electoral con las realizaciones efectivas del Gobierno. En cambio, exhibir documentos mejor o peor encuadernados es una trampa dialéctica que no engaña a una sociedad mucho más madura de lo que piensan algunos estrategas que sólo buscan ventajas a corto plazo. En la práctica, la gente se ha tomado el ya famoso libro blanco con una mezcla de ironía e indignación. La maniobra ha fracasado en toda regla. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera OBJECIÓN AMPARADA L Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha demostrado que la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía ni está infundada ni es una manifestación de pensamientos reaccionarios. Por el contrario, los magistrados han dictado una sentencia que reconoce a los padres demandantes el derecho a objetar porque su protección no pone en peligro el ordenamiento jurídico democrático, simplemente refleja su funcionamiento Es decir, la objeción de conciencia a esta asignatura está directamente amparada por la Constitución sin necesidad de que una ley la desarrolle, porque deriva de la libertad religiosa e ideológica y del derecho de los padres a decidir sobre la formación moral y religiosa de sus hijos. Con esta sentencia, la autoprotección de los derechos fundamentales por el ciudadano se conjuga con una declaración de amparo jurisdiccional explícito, cuyo fundamento desmonta las críticas, en ocasiones difamatorias, del Gobierno y del PSOE contra los padres que optaban por la objeción de conciencia. Esta sentencia fue precedida por otras resoluciones en sentido opuesto dictadas por el TSJ de Asturias, cuyos magistrados no llegaron a profundizar tanto como sus colegas de Andalucía porque consideraron que los demandantes no habían aportado pruebas de la incidencia de esta polémica asignatura en el derecho constitucional de los padres a decidir la educación moral de sus hijos, y en sus libertades religiosa e ideológica. Para el tribunal andaluz, es evidente que los decretos que establecen las enseñanzas mínimas de la asignatura utilizan conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores o conflictos sociales y morales Lo previsible es que esta disparidad de opiniones judiciales se reproduzca, a través de recursos, ante los Tribunales Supremo y Constitucional, e incluso llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia ha sido determinante de la decisión del TSJ de Andalucía. E El tratamiento judicial de esta polémica es a largo plazo, pero los padres objetores han logrado una victoria jurídica, moral y política que el PSOE debería, a su vez, asumir como una derrota y como una invitación a rectificar, lo cual sólo es posible mediante la supresión de la Educación para la ciudadanía en los planes de estudio. El empecinamiento de Zapatero en intervenir en la moral y la ética de los ciudadanos a golpe de ley es la causa de este serio revés para el socialismo, cuyo proyecto de manipular la educación para imponer un modelo de ciudadano ha chocado con el sistema constitucional de derechos y libertades. Con la coartada de hacer de España un país más decente Zapatero se ha creído investido de una autoridad mesiánica para redimir a los españoles de sus miserias morales, ignorando que la sociedad española era ya madura antes de que llegara al poder y de que se rige por una Constitución que se basa en la primacía de la libertad individual frente a la intromisión del poder público. Cabe la posibilidad de que esta sentencia sea revocada en otras instancias, pero aunque lo fuera la determinación de los padres objetores y de quienes, sin haber objetado, están en contra de esta asignatura se ha visto legitimada judicialmente. El problema de fondo que plantea esta asignatura es el propósito político que esconde, al margen de la letra pequeña de leyes y decretos. Ningún gobierno está legitimado para educar a los jóvenes en un determinado modelo de ciudadanía, que se basa no en el respeto a los principios del orden constitucional- -algo bien sencillo de explicar, porque están en la Constitución- sino a lo que el doctrinarismo progre y de izquierda califica como un buen ciudadano. Modelo cívico inaceptable porque se sustenta en la identificación de ciertas consignas como si fueran valores supuestamente constitucionales, pero que no son más que opciones ideológicas tendentes a imponer al alumnado una ética concreta, respetable, sin duda, como enseñanza de padres a hijos, pero inaceptable como asignatura obligatoria en el sistema educativo. EN LA CARRERA a candidatura de Hillary Clinton sigue viva. Con sus recientes victorias, sobre todo en el representativo Estado de Texas, ha confirmado que es la favorita de los estados grandes, donde hasta ahora ha logrado sus mejores resultados. Frente a las tesis que daban por sentado que le perjudicaría su polémica con Barack Obama contra el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, los votantes hispanos han vuelto a ser decisivos para ella. Sin embargo, no se puede hablar en ningún caso de que este resultado marque un cambio de tendencia esencial; la corriente fluye todavía a favor de su adversario, el senador por Illinois, del que no ha logrado despegarse. Por encima de los cálculos de compromisarios ya decantados por uno u otra, es evidente que la elección del candidato demócrata estará en manos de los superdelegados con el riesgo que implica generar bolsas de descontentos entre los demócratas. Y cuando llegue la prueba definitiva de noviembre, el republicano John McCain ya llevará bastantes cuerpos de ventaja. Con las primarias ya decididas, el presidente saliente, George Bush, le dio ayer la bendición final a su candidatura. Ahora necesitará buscar un vicepresidente que sea el complemento ideológico para atraer a los sectores del Partido Republicano que lo consideran demasiado moderado y prepararse para una campaña en la que todavía no se ha dicho la última palabra para nadie. HILLARY SIGUE L EL FÚTBOL DESAFÍA AL GOBIERNO L presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha elegido el peor camino posible para perpetuar su enfrentamiento con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Gobierno, en la persona del secretario de Estado para el Deporte. La modificación unilateral por parte de la Federación del primer artículo de sus estatutos desencadenará, si la mesura y el sentido común no lo remedian, un conflicto de consecuencias imprevisibles. En virtud de esa reforma estatutaria- -es cierto que fue aprobada por la mayoría de sus miembros- la Federación se desvincula expresamente del ordenamiento jurídico español al someterse en exclusiva a los estatutos de la FIFA y de la UEFA y, con ello, a la particular dictadura deportiva y administrativa de Joseph Blatter. De esta manera, la Federación de Fútbol no hace sino desoír, a sabiendas y en sentido estricto, el decreto aprobado por el Gobierno que emplaza a las federaciones deportivas cuyas selecciones no se clasificaron para los Juegos Olímpicos de Pekín a convocar elecciones antes del verano. A estas alturas, prácticamente sobra decir que Villar prefiere eludir cualquier tipo de responsabilidad personal y profesional en la caótica marcha del fútbol español antes que someter su cargo al escrutinio de la Federación en el tiempo y la forma decididos por el Gobierno. Se trata de un desafío en toda regla al Ejecutivo y de una inadmisible muestra de desprecio al CSD, órgano que en segunda instancia tendría que ratificar la reforma y al que es posible E que la Federación ni siquiera vaya a remitir su nuevo texto. Con esta Federación lluevesobremojado. A la polémica con que Villar suele adornar cada una de sus decisiones ya no sólo se unen sólo un desmedido afán de perpetuación en el cargo y una discutible gestión económica carente de la transparencia deseable. Ahora, la Federación se ha adentrado en el terreno de la legalidad ordinaria con un pulso alGobierno- -probablemente también a los Tribunales de Justicia- -que bien podría concluir con la inhabilitación de Villar, cuya conflictiva gestión se ha asociado más al mantenimiento de privilegios que a la protección de los intereses delfútbol español. No en vano, Villar se ha encargado también de modificar las reglas del juego para sacudirse un candidato opositor con ánimo de sucederle. Y amenazar, como lo ha hecho Joseph Blatter desde la FIFA, con expulsar al fútbol español de las competiciones internacionales si la Federación no se somete a sus dictados, es la otra parte de este vodevil con aires de chantaje organizado que Ángel María Villar asume, asintiendo, como coartada ideal para desobedecer al Gobierno y medrar en el fútbol mundial. No es de recibo que cualquier institución, sea del ámbito que sea, se dedique a provocar presumiendo de quedar exenta del cumplimientode las normas de un Estadode Derecho. A todos vinculan porquesu cumplimientoes imperativo, nooptativo. Mientras el decreto del Gobierno continúe en vigor y no sea derogado o suspendido por un Tribunal, ni siquiera Villar puede quedar por encima de las leyes.