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34 EDUCACIÓN www. abc. es educacion MARTES 4- -3- -2008 ABC Condenan a un año de cárcel a los padres que agredieron a unas maestras en Barcelona La juez tipifica una agresión a la jefa de estudios del centro, que es público, como atentado JANOT GUIL BARCELONA. El Juzgado Penal número 17 de Barcelona condenó ayer a un año de cárcel a los padres de un alumno de un colegio público de Barcelona, por agredir y amenazar de muerte a dos maestras- -la directora del colegio y la jefa de estudios- -y a una conserje del centro en octubre de 2006. Además, obliga a indemnizar con 4.500 euros a la directora y con 2.000 a la conserje del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Eduard Marquina, de la ciudad de Barcelona, donde sucedieron los hechos. La juez condena a ambos progenitores por un delito de atentado, el cometido contra la jefa de estudios, Gloria Zaragoza; una falta de lesiones contra esta misma persona y una falta de amenazas contra la conserje, Carmen Prados. En cuanto a la directora del centro, María Dolores Cortadellas, no se solicitó la condena por delito ni falta. Asimismo, en la sentencia, que puede ser recurrida, se prohíbe a los acusados- -Juan Vázquez Amaya y Montserrat Márquez García- -acercarse a menos de 200 metros a la escuela durante el plazo de seis meses. Este caso fue el primero de Cataluña en el que una agresión a un docente de la escuela pública se tramitó como un delito de atentado- -castigado con penas de entre uno y tres años- -y no como una falta. Todo ello después de que, en noviembre de 2006, el anterior fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ordenara perseguir como atentado los casos de agresiones a profesionales de la enseñanza y de la sanidad públicas relacionadas con el ejercicio de su labor. La Generalitat de Cataluña, por su parte, personada como acusación, también pidió la calificación de atentado. Con todo, en su sentencia la juez recuerda que en España ya hay jurisprudencia a la hora de tipificar como atentado agresiones a profesionales de la sanidad, la enseñanza u otras funciones públicas, tengan o no éstos categoría profesional de funcionario. La magistrada alude a hasta ocho sentencias relacionadas con casos registrados en Murcia, Cádiz y Cuenca, entre otras poblaciones. Incluso señala una sentencia sobre un caso ocurrido en Cataluña, por la agresión sufrida por un odontólogo de un ambulatorio de Gerona. En su fallo, la magistrada se basa en la Constitución Española para subrayar la necesidad de garantizar los derechos a la educación y salud pública, así como el ejercicio de aquellas funciones desarrolladas por profesionales que permiten el disfrute de esos derechos. Nos hallamos ante la defensa de bienes jurídicos no sólo individuales, sino también colectivos señala. tido en el servicio de acogida que empezaba una hora antes. La escuela permitía a modo de favor que tres familias, entre ellas la de los acusados, llevaran a sus hijos al servicio de guardería a cambio de que pagaran una cantidad simbólica de cinco euros mensuales, que Juan Vázquez y Montserrat Márquez no abonaron nunca. Finalmente, y ante la negativa de los padres a abonar la cuota, la directora, la jefa de estudios y la conserje de la escuela decidieron prohibir el acceso del menor al centro y pidieron al hijo mayor de los acusados, que no estudiaba en el centro pero que acompañaba a su hermano, que les dijera a sus padres que acudieran a la escuela para hablar sobre la cuestión. Poco después, el mismo día 11 de octubre, los imputados se presentaron en el mencionado colegio con actitud agresiva y Montserrat Márquez se encaró con la directora y, posteriormente, con la jefa de estudios, a quien agarró por el cuello y empujó alentada por su marido. También amenazó a la conserje después de que ésta alertara a los Mossos d Esquadra de los hechos juzgados. A consecuencia del altercado, la jefa de estudios sufrió una crisis ansiosodepresiva y recibió la baja laboral y terapia farmacológica al agudizarse la depresión que padecía. Por su parte, la conserje padeció una crisis de ansiedad que reactivó sus patologías digestivas y respiratorias, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente el pasado abril para reducir una hernia de hiato diafragmático. Durante la vista oral, los dos progenitores ahora condenados- -que no irán a la cárcel porque la pena es inferior a dos años y carecen ambos de antecedentes penales- -negaron los hechos de los que se les acusaba. La madre, Montserrat, sólo admitió que dio un empujón a la jefa de estudios, pero porque ésta había dado antes un empujón a su hijo pequeño. Los hechos Los hechos ayer condenados se remontan al 11 de octubre de 2006 en la puerta del CEIP Eduard Marquina, en Barcelona, cuando los acusados, padres de un alumno que entonces tenía 5 años, se indignaron con la dirección del centro porque se les pidió el pago simbólico de cinco euros para que su hijo, cuyo horario de entrada era a las 9.30 horas, fuese admi- Secuelas Nos hallamos ante la defensa de bienes jurídicos colectivos, no sólo individuales alega la juez en su fallo Los condenados no irán a la cárcel porque la pena es inferior a dos años y carecen de antecedentes penales Los padres condenados por agredir a docentes, ante el juez ABC Uno de cada cuatro colegios suspende en planes de seguridad ABC MADRID. El hundimiento parcial del colegio de los Corazonistas de Madrid, las pasadas Navidades, y su posterior derribo total, con el consiguiente traslado de sus alumnos a diferentes sedes provisionales, abrió un profundo debate sobre la seguridad en los centros. Ahora, cuando todavía se desconoce cuándo podrán volver a su sede los estudiantes de los Corazonistas ve la luz un informe según el cual uno de cada cuatro colegios españoles suspende en seguridad. El estudio, llevado a cabo por Consumer Eroski en un total de 208 centros públicos, privados y concertados de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 18 grandes ciudades, revela como puntos más débiles la detección de incendios y los planes de emergencia. Asimismo, la mitad de los centros analizados suspende alguna asignatura del examen de seguridad. No obstante, advierte que la situación ha mejorado en los últimos cinco años. Los datos indican que el 27 de los colegios ha suspendido este examen de seguridad y uno de cada tres lo hace en seguridad ante incendios y emergencias, cuya valoración no pasa de regular ABC. es El contenido íntegro de la sentencia condenatoria se encuentra en www. abc. es