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4 OPINIÓN SÁBADO 1 s 3 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO LA INFLACIÓN NO REMITE PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera C DETERIORO INSTITUCIONAL DEL TC L ruido de la polémica entre el fiscal general del Estado y el Tribunal Constitucional no debe ocultar la gravedad de la crisis de fondo que se ha instalado en las instituciones que representan el Estado de Derecho y que son responsables de garantizar su integridad y su funcionamiento. Se está cerrando en estas semanas un mandato con un saldo en el que el Consejo General del Poder Judicial lleva año y medio bloqueado políticamente; en el que el Tribunal Supremo se ha visto obligado a ratificarse- -con tanta firmeza de contenido como moderación en las formas- -en su autoridad jurisdiccional frente a las intromisiones del Tribunal Constitucional; en el que cada día que pasa sin decidir sobre el Estatuto de Cataluña, el matrimonio homosexual o la discriminación penal negativa en la violencia de género, el TC debilita su obligación de velar por la constitucionalidad de las leyes, privando a los ciudadanos de su derecho a la seguridad jurídica, que incluye el derecho a saber si las leyes que se les están aplicando son o no conformes a la Constitución; y en el que, además, el Ministerio Fiscal ha alcanzado cotas desconocidas de sumisión a los dictados políticos del Gobierno, abanderando como nunca la sustitución del principio de legalidad por el de oportunidad. Esto no es un pasatiempo de juristas, sino una crisis en los cimientos del Estado. El enfrentamiento a tres bandas entre el Supremo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Fiscal es el colofón de una dinámica de deterioro de las instituciones, propiciada en esta legislatura por una acción de gobierno empeñada en anular cualquier margen de independencia judicial por el que pudiera fracasar alguno de sus principales proyectos políticos, como la negociación con ETA o la reforma territorial del Estado. La inadmisible bronca pública que dedicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la presidenta del TC, María Emilia Casas, el pasado 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, resume una forma autoritaria de entender las relaciones entre el poder político y el Estado de Derecho. E Al margen de lo que dijera la carta remitida por el TC al presidente del Gobierno, en queja por las críticas de Cándido Conde- Pumpido por la sentencia del caso Urbanor lo más grave es que los magistrados que velan por la Constitución dan por hecho que el superior jerárquico del fiscal general es el jefe del Ejecutivo y que éste, en la medida en que es destinatario de la protesta, tiene potestad para corregirlo. Acusación implacable de subordinación al Gobierno. El cuadro que describe este cruce de reproches- -al que se sumó ayer nuevamente Conde- Pumpido ratificándose en sus críticas iniciales- -es lamentable y, por eso, nadie debería sorprenderse si los ciudadanos responden con irritación y desconfianza hacia el sistema. En el caso concreto que ha desencadenado esta nueva crisis institucional, Conde- Pumpido pudo haber elegido mejor sus palabras- -y haber aplicado a las víctimas de ETA la sensibilidad que ahora dedica a los perjudicados en el caso Urbanor en vez de haberse dedicado a retirar acusaciones contra Arnaldo Otegi- pero tiene razón en lamentar las consecuencias jurídicas de la sentencia del TC sobre la prescripción de los delitos. Los estafados no cobrarán, la seguridad jurídica de las víctimas se ve perjudicada y el orden constitucional se resiente de la función legislativa que, de hecho, está asumiendo el Tribunal Constitucional. La Sala Segunda del Supremo también cuenta con sólidos motivos para poner de manifiesto la ruptura de las reglas establecidas por la Constitución en el reparto de competencias a su favor y al favor del TC. Las críticas recíprocas entre instituciones deben evitarse porque debilitan el sistema político y restan autoridad a las personas que las encarnan. No ha estado oportuno el TC al elevar su queja institucional al presidente del Gobierno. En todo caso, debió enviarla directamente al propio Cándido Conde- Pumpido. Error en el destinatario y error en el momento porque en esta polémica al TC no le acompaña la opinión pública. Sus responsabilidades son otras y están sin cumplir. ada mes que pasa se retrasa la esperanza de que ceda la inflación. El índice adelantado de febrero se situó en el 4,4 por ciento, la peor cifra desde enero de 1995. El diferencial con la UE se mantiene en 1,2 puntos, con lo que continúa la constante erosión de competitividad de la economía española. No conviene olvidar, pese al ruido en torno a la apreciación del euro, que las dos terceras partes de nuestras exportaciones son con el área euro. De hecho, la fortaleza del euro sirve para evitar que se encarezca el petróleo, la principal importación fuera de esa área. De confirmarse el dato, supondrá el aumento de una décima en la tasa de inflación. Se mantiene el crecimiento descontrolado de los precios por la ausencia de una política de liberalización de mercados y de fomento de la competencia. La pregunta que sigue sin respuesta después de dos debates en televisión es por qué las exportaciones españolas de frutas y verduras, por ejemplo, suben menos en Alemania o Francia que en España. Por mucho que el Gobierno quiera evitar responsabilidades alegando causas internacionales, es obvio que algunos países sufren más. La única explicación plausible es la pasividad de la política económica. El ministro Caldera acudió raudo a glosar las excelencias de la indexación salarial, cuando según el Banco de España esta práctica sólo sirve para perpetuar la inflación, ni siquiera protege la capacidad adquisitiva de los salarios y olvida a los sectores más desprotegidos. Debería Caldera recordar que la inflación es el más injusto de los impuestos. INDIGNIDAD DE LAS FARC A base de administrar cuidadosamente las liberaciones de las personas que mantiene secuestradas, la narcoguerrilla colombiana cree que puede hacer olvidar que se trata de un grupo terrorista y que son ellos los que mantienen injustamente prisioneros a personas inocentes cuya vida utilizan a su antojo. Es natural que los rehenes liberados se comporten con cierta gratitud hacia los que finalmente les han liberado de las cadenas, pero eso se llama síndrome de Estocolmo y es bien conocido en casos similares. Lo que no es tan comprensible es que se acepte como algo natural que el peso de la responsabilidad de que no haya más liberaciones caiga sobre el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que ayer volvió a pedir a los guerrilleros la liberación de todos los secuestrados. Son las FARC y no Uribe quien está jugando arbitrariamente con la vida de Ingrid Betancourt, cuyo destino se decide según los cálculos de conveniencia política tanto de los terroristas como del presidente Venezolano, Hugo Chávez, que no oculta su voluntad de convertirse en abogado de la guerilla. Por su parte, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, debería encontrar otros caminos más serios si quiere colaborar en la liberación de Betancourt, en lugar de sumarse a esta feria de expediciones a la selva en la que sólo juegan los que aceptan las reglas impuestas por los terroristas. EL PSOE MANIPULA LA INMIGRACIÓN A opinión pública sigue con el máximo interés las propuestas de Mariano Rajoy en materia de inmigración, por mucho que el PSOE intente desviar la atención a base de consignas ideológicas. Poner orden y control en la entrada y establecimiento de ciudadanos extranjeros en España es un ejercicio de racionalidad y no una prueba de esa supuesta xenofobia que Rodríguez Zapatero atribuye falsamente a su adversario. Así lo demuestran los criterios establecidos en el marco de la UE y la política de inmigración puesta en práctica por los principales países europeos, incluidos aquéllos que cuentan con gobiernos progresistas. La idea del contrato de integración todavía pendiente de mayor precisión en algunos aspectos, está orientada en la dirección correcta. Así lo percibe un amplio sector del electorado, incluidos muchos votantes eventuales del PSOE, desatando así los nervios en Ferraz y en otros ámbitos afines. Sin embargo, en lugar de responder con argumentos y propuestas eficaces, el objetivo del PSOE parece ser descalificar a los populares y hacer creer a la gente que se trata de propuestas propias de la extrema derecha. Nada más lejos de la realidad, por mucho empeño que pongan quienes han diseñado una campaña que contribuye a crear la tensión que reclama el presidente del Gobierno. Lo cierto es que sería mejor para los socialistas buscar nuevas fórmulas para L acercarse con solvencia a un problema que amenaza con alterar a medio plazo la convivencia social. En un Estado de Derecho nadie puede vivir al margen de la ley, sea nacional o extranjero. Es indudable que la política de papeles para todos las facilidades para acceder al territorio español y la actuación de mafias que trafican con seres humanos han provocado un efecto llamada que dispara la cifra de personas en situación irregular. Las ventajas sociales, económicas y humanas que derivan de los fenómenos migratorios son evidentes para un país como España. Precisamente por ello hay que impedir a toda costa que la falta de control degenere en el incumplimiento de la legalidad o en situaciones de delincuencia potencial. Los muchos miles de inmigrantes que viven y trabajan legalmente entre nosotros son los primeros interesados en la adopción de medidas racionales y eficientes. Zapatero tendrá que buscar argumentos sólidos para contrarrestar las propuestas del PP y dejarse de anécdotas sin sentido como la apelación al bonobús Una vez más, el PSOE se empeña en hacer oposición retrospectiva en lugar de haber afrontado con responsabilidad un problema que no admite más demagogia. Los ciudadanos exigen un debate serio sobre inmigración, con datos reales y alternativas factibles, sin encubrir la falta de soluciones con falsas acusaciones sobre racismo y autoritarismo.