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4 OPINIÓN VIERNES 29 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO IBERDROLA L PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro SE DEFIENDE A competencia leal consiste en garantizar derechos y establecer simetrías en las oportunidades. Las empresas nacionalizadas y blindadas por sus gobiernos no soportan esa simetría y cuentan con ventajas de partida. Ese es el argumento de Iberdrola frente a las pretensiones de EDF de entrar a codazos en el mercado español. De momento Iberdrola, además de preocuparse de reforzar su núcleo de accionistas leales, ha trasladado a la UE la denuncia de las ventajas de EDF que desbordan la competencia. Pero la reclamación de Iberdrola no puede sostenerse únicamente por su perseverancia: requiere concursos adicionales de quienes tienen el deber de preservar el Estado de Derecho. Tanto el Gobierno como la oposición han expresado defensas más o menos tibias de la posición de Iberdrola frente al gigante público francés. Pero es un compromiso insuficiente. Frente a la compañía eléctrica francesa, la española- -que ha superado con nota todos los deberes, que ha ejecutado eficazmente la política energética e incluso ha llegado más lejos con una inteligente diversificación internacional- -tiene derecho a esperar la ayuda de su Gobierno, de su propio Estado, donde paga sus impuestos, para garantizar su independencia y su propio desarrollo. La tibieza oficial frente al acoso a Iberdrola revela ideas poco claras y convicciones débiles respecto a lo que debe ser el papel del Gobierno para garantizar la leal competencia. Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera CONFLICTOS ELECTORALISTAS S difícil aceptar que todas las manifestaciones reivindicativas y huelgas laborales que se han producido y siguen produciéndose en comunidades concretas, especialmente Madrid o la Comunidad Valenciana, sean resultado de la casualidad y no tengan nada que ver con la campaña electoral. Ayer mismo tuvieron lugar en Madrid un total de ocho manifestaciones y, aunque todas estaban convocadas por diversas causas, algunas de ellas presentaban una evidente intencionalidad política. Por ejemplo, UGT convocó una manifestación para reclamar a la Comunidad de Madrid un acuerdo sobre los empleados públicos. La coordinadora del distrito madrileño de Usera, por su parte, protestó en la Puerta del Sol por el incumplimiento de las promesas del Partido Popular para mejorar la zona. Los opositores a los parquímetros- -después de su intensa actividad en la campaña de las municipales- -se manifestaron también en las calles madrileñas. Por si fuera poco, Madrid también sufre la huelga intermitente de los conductores de la red de autobuses, con una grave incidencia en la vida diaria de los madrileños, y también de funcionarios de Justicia, esta vez contra la gestión del ministro Fernández Bermejo. Es evidente que los derechos de huelga y de reunión son fundamentales en un Estado democrático y que por el hecho de estar en campaña electoral no deben sufrir restricciones que no vengan justificadas por otras razones. Pero este argumento también tiene su reverso, porque la campaña electoral no debe servir de acicate para extender una conflictividad laboral o para llevar a las calles un ambiente de tensión o protesta desproporcionadamente superior al de resto de la legislatura. Que el ejercicio de estos derechos se ajuste a la legalidad no significa que siempre sea legítimo y cuando sus verdaderas intenciones no se corresponden con los lemas o los objetivos declarados formalmente, se está degradando su significado constitucional. Tampoco es ajeno este repunte de la presión en la calle- -además, con un sesgo claramente contrario al PP- -con el E sentimiento que empieza a extenderse entre la izquierda de que hace falta algo más que campaña electoral para asegurarse la victoria en las próximas elecciones. El PSOE parece ser consciente de que le falta un plus de agitación para generar más movilización. Prueba de que los socialistas necesitan ese plus es el creciente protagonismo que los estrategas de su campaña están concediendo al que fuera secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Felipe González, quien ayer echó leña al fuego de la crispación electoral lamando a Mariano Rajoy imbécil También los manifiestos contra el PP trufados de insultos de toda clase- -xenofobia, racismo- y de catastróficas profecías en el caso de que Rajoy llegara a ganar los comicios, unidos a la estrategia socialista del miedo a la derecha y a la vuelta constante a Irak y al 11- M, demuestran la falta de contenido propio de la campaña del PSOE, que se está reflejando en la ausencia de propuestas concretas que queden en la mente del ciudadano. Parece que el PSOE ha renunciado a la iniciativa en esta campaña y que está dispuesto, por un lado, a jugárselo todo a la carta de los debates y de la descalificación del PP; y, por otro, a que sean sindicatos, asociaciones, artistas y personalidades afines los que cubran sus crecientes agujeros de imagen y discurso. El PSOE no se está comportando como el partido que debería defender su gestión de gobierno y que debería convencer a los electores por sus propios méritos. Al contrario, los ejes de su campaña son el culto al líder- -con las evidentes limitaciones que esta opción supone- -y la agitación propagandística contra la derecha. El error de este planteamiento es que los socialistas creen que el tiempo no ha pasado en balde, que Zapatero es una joven promesa aún por descubrir, que la sociedad española de 2008 es la misma que la de marzo de 2004 y que los votantes indecisos volverán a responder a los mismos estímulos de tensión callejera y retórica incendiaria de los que antidemocráticamente abusó la izquierda en la jornada de reflexión de hace cuatro años. Las cosas han cambiado y, por eso, estas elecciones no están en absoluto decididas. INVESTIGADORES IGNORADOS remiado en Europa y rechazado en España. Eduardo Moreno, científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, vive una experiencia muy singular: el mismo proyecto que fue rechazado cuatro veces por la Agencia de Evaluación del Ministerio de Educación y Ciencia ha sido seleccionado por las instancias europeas en un proceso fuertemente competitivo. El Gobierno proclama a los cuatro vientos que la investigación es una prioridad, pero los hechos demuestran todo lo contrario. El sistema de evaluación ha quedado en entredicho y las promesas electorales tampoco se han cumplido en un ámbito determinante para la moderna sociedad del conocimiento. Dadas las circunstancias, la felicitación personal de la ministra Mercedes Cabrera al investigador premiado suscita un doble sentimiento de hilaridad e indignación. La correspondencia mantenida entre la ministra y el científico, que ayer transcribía ABC, es bien significativa de la distancia que separa la política de imagen de la eficacia práctica. La pregunta que se formula el científico premiado en su carta plantea la cuestión en toda su crudeza: ¿El siguiente paso será tener que marcharme del país? Ojalá no sea así, pero conviene revisar los mecanismos de selección de trabajos, sin olvidar las críticas recientes de la prestigiosa revista Nature al exceso de burocracia, que supone un lastre para la investigación científica en España. P MENORES Y CÓDIGO PENAL LUEVE sobre mojado en materia de actos delictivos cometidos por menores de edad penal. La detención de dos adolescentes por un caso de abusos sexuales en Baleares viene a sumarse a la salvaje violación de una niña de nueve años hace pocos días en el mismo municipio mallorquín. Esta vez se ha identificado a otros dos implicados con menos de catorce años, exentos por tanto de responsabilidad penal. No son casos anecdóticos como pretende el Ejecutivo, ni siquiera son- -por desgracia- -excepcionales, según se desprende de las informaciones que saltan periódicamente a la luz pública. La alarma social que provocan estos hechos es muy lógica, no sólo porque demuestran el fracaso del sistema educativo y el empobrecimiento de la institución familiar, sino también porque expresan una pérdida de valores que daña los principios básicos de la convivencia. Sin duda, hay que tomar medidas educativas pero es imprescindible también que las sanciones penales actúen como elemento disuasorio y como respuesta del ordenamiento jurídico ante agresiones graves e injustificables. La visión absurdamente buenista de los problemas sociales que predica Rodríguez Zapatero elude las cuestiones conflictivas por el procedimiento de negar su existencia. Pretender la reforma de la Ley del Menor no es una prueba del imaginario autoritarismo de Mariano Rajoy ni justifica que se acuse a la oposición de querer meter a los ni- L ños en la cárcel. El asunto es demasiado serio para dejarlo en manos de la demagogia. Violar o vejar sexualmente a una niña es un acto infame desde cualquier punto de vista, y no debe quedar sin una reacción adecuada por parte del Derecho Penal sea cual sea la edad de los autores. Las jóvenes agredidas sufren secuelas físicas y psicológicas que van a provocar, como es lógico, múltiples problemas en el desarrollo normal de su personalidad. Mantener como inimputables estas conductas materialmente delictivas es un error de política criminal y, en este sentido, la propuesta de reforma planteada por el PP está bien encaminada. El caso de la joven Sandra Palo produjo en su día una fuerte sensibilización de la opinión pública y ha llegado ahora a las instancias europeas. Por lo demás, los centros socioeducativos no siempre funcionan conforme a la pautas exigibles. Los jóvenes entre catorce y dieciocho años internados en los mismos por orden judicial responden a perfiles muy complejos, en algunos casos con derivaciones psiquiátricas que no siempre pueden ser atendidas como se debe por falta de recursos humanos y económicos. Hay que tomarse en serio el problema: es conveniente promover una reforma de la legislación vigente y debe exigirse al Estado y a las comunidades autónomas que, además, adopten medidas administrativas eficaces para que no haya que lamentar hechos tan dramáticos.