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ABC LUNES 25- -2- -2008 PROFESIONES www. abc. es profesiones 31 Los trabajadores de Justicia en armas Funcionarios, jueces y fiscales exigen mejoras salarias tras meses de negativas a negociar por parte del Ministerio s Miles de juicios sin celebrar, registros civiles colapsados, agresiones a operarios públicos en mítines del PSOE y Bermejo sin aparecer POR SEGUNDO SANZ MADRID. Conviven con ella a diario, pero ahora la reclaman para su causa salarial. Los funcionarios adscritos al Ministerio que dirige Mariano Fernández Bermejo, en huelga desde el 4 de febrero, exigen iustitia en lo que consideran una falta de equidad económica entre sus sueldos y los que reciben los trabajadores públicos de las comunidades donde las competencias en esta materia ya se hallan transferidas. El principal escollo en la búsqueda de dicha igualdad pasa por consensuar la cantidad del complemento específico que corresponde a los 4.500 funcionarios de Justicia que trabajan en siete comunidades (Castilla y León, Castilla- La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias) las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el TS. La diferencia en este concepto entre estos funcionarios y los que ejercen en el resto de comunidades alcanza, en el menor de los casos, los 200 euros. En la última reunión mantenida el pasado viernes entre sindicatos (UGT, CCOO, CSI- CSIF y STAJ) y representantes del Ministerio, éstos modificaron mínimamente su planteamiento inicial, insuficiente aún para los agentes sociales, por lo que las conversaciones se emplazaron a remotar hoy. El departamento de Bermejo cifró en un principio el complemento específico en 40 euros, una cantidad irrisoria si se tienen en cuenta que en comunidades como Cataluña o Andalucía, los funcionarios, que no dependen directamente de la Administración Central, son remunerados con unos 400 euros al mes por esta prestación. El viernes, la propuesta del Ministerio ascendió y se situó ya en los 60 euros mensuales para 2008, 30 más en el 2009 y 90 más el 1 de abril de dicho año. Sin embargo, desde el otro lado de la mesa, los representantes de los agentes sociales piden que la cifra que proponga el Gobierno cubra en lo posible la citada brecha salarial de 200 euros y que lo haga desde este enero, es decir, al más corto plazo, ya que en los próximos años podrían transferirse las competencias de Justicia a las comunidades que faltan. Desde CSI- CSIF, Juan Antonio Martín, responsable de la misma, denunció la postura intrasigente que ha venido manteniendo el Ejecutivo ante lo que supone, a su juicio, una reivindicación retributiva mínima Sólo una proposición cercana a los 100 euros mensuales como complemento específico, podría acabar en acuerdo apunta Martín. No obstante, este representante sindical subraya que el Ministerio de Justicia no está por la labor de aproximar posiciones, a tenor del modo en que ha llevado las negociaciones. El Gobierno- -agrega- -parece que no pinta nada en el asunto A la última mesa sólo acudió- -por primera vez en la ya ristra de reuniones- -la subsecretaria de Justicia, Susana Peri. Ni el titular del departamento, que ha dejado de aparecer en campaña ante la presión de los huelguistas, ni su secretario de Estado, Julio Pérez, asistieron, pese a que el asunto llegó al Consejo de Ministros horas antes. Bermejo no quiere saber nada desde abril y parece que prefiere dejar ahora la negociación en manos del ministro de Economía, Pedro Solbes, cuando debería ser él quien la afrontara comenta Martín. Él formó parte del centenar de funcionarios que boicotearon en el Palacio de Congresos de Madrid el mitin con el que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, inició la campaña. Expulsado del auditorio junto a sus compañeros, Martín lamenta la reacción violenta que tuvieron hacia nosotros simpatizantes del PSOE una vez llevamos a cabo la protesta Esta puesta en armas no sólo se vislumbra, por tanto, en los despachos, sino también en la calle. Un funcionario que participó el mismo día en otra protesta en un acto que el PSOE celebrabo en Cáceres ha presentado una denuncia por agresión tras sufrir un puñetazo en la frente de alguien de la grada cuando su grupo era desalojado. En concreto, desde que este paro comenzara hace veinte días, más de 3.000 actuaciones judiciales han sido suspendidas, incluyendo los más de 14.000 juicios sin celebrar. Los servicios mínimos se mantienen, pero son incapaces de frenar, por ejemplo, las colas que se forman a la entrada de los registros civiles. Aquí, se ha dejado de expedir, entre otros, certificados de nacimiento, por lo que las madres que quieran solicitar el cheque- bebé aireado por Zapatero se topan ante un serio problema. También en punto muerto, se encuentran las negociaciones sobre la retribución de jueces y fiscales, aunque en este caso todo apunta a que se reanudarán tras las elecciones generales. El Ministerio de Justicia ha fijado para ellos un incremento del complemento de destino (el 60 por ciento de la nómina) del 0,5 por ciento, en lugar de acceder a equiparar, como ocurre en el resto de la función pública, las pagas extraordinarias a las ordinarias, que se han visto aumentadas un 2 por ciento. Ante las quejas recibidas, el Gobierno ha querido tranquilizar la situación asegurando que la subida salarial íntegra en 2008 de los miembros de las carreras judicial y fiscal será de un 3,5 por ciento, incremento superior al que experimenta el resto del sector público Este porcentaje aún está por debajo del 4,2 por ciento al que cerró el IPC en 2007. Con respecto a la equiparación de pagas extraordinarias y mensuales, el Ministerio se remite a materializarla en junio de 2010. Por parte de las cuatro asociaciones judiciales (APM, JpD, Fco. de Vitoria y FJI) se ha hecho un llamamiento a todos los jueces para que no sobrepasen el cien por cien del trabajo asignado. El portavoz de la APM, Antonio García, que critica la cicatería con la que ha actuado el Ministerio y la incapacidad de Bermejo para solucionar el conflicto señala que no tienen prevista alguna otra medida de presión. Al mismo tiempo, matiza que llegado el momento de la negociación habrá que pensárselo (ir a huelga) si el Ejecutivo socialista, suponiendo que continuara tras el 9- M, no esgrimiera motivos suficientes para fundamentar esta congelación salarial En relación al paro de funcionarios, la APM no lo aplaude, porque la justicia debe continuar pero considera que las reivindicaciones son lógicas, plenamente justificadas y legítimas Desde la Asociación de Fiscales (AF) el portavoz Jorge Cabré, que también se solidariza con los funcionarios de Justicia, critica que el Gobierno vaya a autofinanciar las pagas extraordinarias con el saldo obtenido en la jugada de subir sólo un 2 por ciento el complemento de destino Además, no entiende que el Ministerio salga ahora en un periodo electoral a decir que habrá equiparación de pagas cuando hace tres o cuatro meses todo era innegociable Difícil panorama para Bermejo, que ve cómo aparecen goteras más allá de su piso. Hoy, nueva mesa Contra la cicatería