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4 OPINIÓN DOMINGO 24 s 2 s 2008 ABC DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LAICISMO E SIN CALDITO l programa electoral del PSOE se ha olvidado del caldito del Nuncio de Su Santidad para entrar de lleno en un plan de reformas cuyo objetivo es combatir a golpe de ley la presencia de la Iglesia Católica en España. Los socialistas anuncian cambios en leyes como la de libertad religiosa con el falso argumento de la igualdad entre todas las confesiones, aunque realmente se busque otra finalidad. Una cosa es que las leyes civiles traten de forma equivalente a todas las religiones que se profesan en España y otra muy distinta, ignorar a conciencia el hecho de que más del 75 por ciento de los españoles se declaren católicos. El laicismo socialista se quita la máscara del talante, designa a la Iglesia Católica como adversario político y convierte la campaña contra los obispos en el reclamo para los votantes extremistas que o bien podían acabar en la abstención o bien podían votar a Izquierda Unida. No debería el PSOE ir más allá de lo que la Constitución de 1978 establece. La Constitución sólo menciona por su nombre a la Iglesia Católica de entre todas las confesiones con las que deben colaborar los poderes públicos. La aconfesionalidad del Estado ya está bien definida y este programa electoral pretende, irresponsablemente, transformarla en hostilidad militante. Los socialistas demuestran tener una absoluta ignorancia sobre la fortaleza de la Iglesia Católica. DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera EL PP, CADA VEZ MÁS CERCA OS datos de la encuesta electoral que publica ABC desde hace varias semanas están orientados en una dirección inequívoca: el PP ha recortado la ventaja inicial del PSOE hasta el extremo de que el empate técnico es algo más que un tópico para definir la situación actual. En comparación con la semana anterior, el PSOE reduce sus expectativas en estimación de voto hasta el 42 por ciento, mientras que el PP se mantiene en el 39.2. Si se consideran la existencia indudable de una bolsa de voto oculto que podría favorecer a los populares y la realidad de que existe un porcentaje importante de indecisos, es evidente que cualquier resultado es posible. Baja también el diferencial de intención directa de voto desde 7.6 a 6.9, situándose ahora la ventaja del PSOE en un porcentaje del 29.4 frente al 22.5. Menos significativa es la respuesta sobre la preferencia acerca de quién ocupará la presidencia del Gobierno, puesto que los expertos estiman que en este caso la respuesta mezcla opciones políticas con intuiciones sobre las perspectivas de uno y otro candidato. En definitiva, Rodríguez Zapatero y Rajoy están prácticamente empatados a día de hoy, y nadie puede asegurar cuál de ellos obtendrá más votos el 9- M, o si es posible que quien obtenga más sufragios no consiga, en cambio, más escaños en el Congreso de los Diputados. Estamos en presencia, por tanto, de las elecciones generales más disputadas y abiertas desde la transición democrática. En este contexto, los debates en televisión van a jugar un papel muy relevante, lo mismo que la capacidad de unos y otros para marcar la agenda del debate político con propuestas atractivas. Parece claro que los contenidos importan más que las personas. La ventaja del líder socialista desde el punto de vista de la imagen no se traduce en una preferencia electoral significativa. Zapatero debería reflexionar ante las graves dificultades que tiene el PSOE para rentabilizar esta etapa como partido de Gobierno, cuando la experiencia demuestra- -con Felipe González o José L María Aznar- -que la primera legislatura en el poder favorece notablemente al candidato gubernamental. A la inversa, Rajoy puede estar satisfecho de haber mantenido a su partido con serias opciones de ganar en las urnas cuatro años después de la traumática derrota del 14- M. Incluso esta vez mejora la valoración de los españoles acerca del modo en que la oposición ejerce sus funciones. Sin embargo, hace falta un nuevo impulso para que el PP pueda ganar dentro de dos semanas. Los estrategas de Génova tienen que reforzar la imagen de que los populares tienen más y mejores soluciones para resolver los problemas que realmente importan a los ciudadanos. En Ferraz, en cambio, tendrán que replantearse si la estrategia de la tensión que reveló con notoria imprudencia el propio Zapatero, es la mejor baza electoral. Cuantos más guiños a los radicales, más rechazo provoca el PSOE en el centro sociológico, y de hecho es muy probable que las coacciones y amenazas que sufre la oposición en los últimos tiempos estén generando una corriente de simpatía hacia quienes sufren esos ataques injustificables. En una campaña electoral tan competida es imprescindible insistir en el respeto a las reglas del juego democrático como elemento sustancial para reforzar la legitimidad del sistema. Rajoy reitera que encabeza un proyecto abierto a todos y pone el acento en los factores que unen y no en los que separan. Esta es probablemente una de las razones de que las diferencias se acorten día tras día, como reflejan sin excepción las sucesivas olas sobre intención de voto que publica ABC. En cambio, la táctica permanente del PSOE en el sentido de excluir y arrinconar a su adversario en una supuesta posición extremista no cuenta con el aval de una sociedad madura y mucho más exigente de lo que algunos imaginan. Los españoles no lo tienen claro todavía y los políticos tendrán que demostrar que son capaces de convencerles a base de buenos argumentos. KALE BORROKA EN CARACAS uitar importancia, como ha hecho el Gobierno, al ataque sufrido por la Embajada de España en Caracas no es la mejor manera de afrontar un hecho tan grave, ya que equivale a animar a esos energúmenos para que hagan barbaridades aún mayores. Llenar de insultos las paredes de la legación diplomática y lanzar artefactos al interior constituye un ataque intolerable: no puede haber medias tintas a la hora de condenarlo, y menos por parte del Gobierno. El caudillo venezolano Hugo Chávez había recibido al nuevo embajador de España, Dámaso de Lario, con un bienvenido a su casa pero lo que nuestro representante no se podía imaginar es que el recibimiento incluía este tipo de gesticulaciones intolerables. Es cierto que Chávez ha condenado el ataque y prometido castigar a los culpables- -qué menos- pero no es ése el fondo del problema. Después del cambio que con valentía llevó a cabo el presidente mexicano Ernesto Zedillo, el régimen bolivariano ha sido esta década el refugio más sólido para el entorno del exilio etarra en América, que ha encontrado allí comprensión y apoyo político expreso. Chávez y su revolución no han ocultado nunca su simpatía por los etarras- -entre otros muchos movimientos terroristas- -en mítines o actos oficiales, por lo que no resulta creíble que ahora se extrañe de que sus protegidos se lo hayan tomado en serio. Q LA POLITIZACIÓN DEL TC L estreno político del TC se produjo hace veinticinco años, cuando dictó la polémica sentencia sobre el caso Rumasa resuelto con el voto de calidad del presidente Manuel García- Pelayo. Desde entonces, se ha convertido en un factor más del tablero político nacional, con unas consecuencias perjudiciales para la imagen del órgano que ostenta la condición de máxime intérprete de la Constitución. La polémica sobre la reciente sentencia del TC acerca de la prescripción de los delitos ilustra de forma nítida hasta qué punto esta institución ya no marca distancias frente a la crítica y las valoraciones políticas sobre sus decisiones. Las causas de esta indeseable situación son diversas. La primera, sin duda, es la ausencia de autocontrol en los partidos políticos a la hora de preservar al TC de sus disputas tácticas. En buena medida esto es así porque son los partidos a través del Gobierno, del Parlamento o, de forma más mediata, del CCPJ- -los que controlan la composición del TC. Sin embargo, la gravedad de las responsabilidades de este órgano había sido suficiente para mantener un cierto estatus de respeto institucional, con críticas ocasionales, más técnicas que políticas, pero sin llegar a una inmersión absoluta del TC en el cuadrilátero de la pelea partidista. La reforma al asalto que llevó a cabo el PSOE el pasado año para cambiar las condiciones de la presidencia del TC certificó el fin de la inmunidad política de este órgano. E La politización del Tribunal Constitucional es un fenómeno distinto al de los efectos de sus sentencias. Responde a una interiorización de responsabilidades políticas que no le incumben y a una gestión defectuosa de sus discrepancias internas sobre asuntos especialmente relevantes. La excarcelación de los integrantes de la Mesa Nacional de HB, la lentitud en la decisión sobre leyes fundamentales de esta legislatura ley de violencia integral, del matrimonio homosexual o el estatuto de Cataluña- -y las dilaciones en resolver recursos de amparo espinosos- -cinco años ha tardado en juzgar el de Alberto Cortina y Alberto Alcocer- -han propiciado la desconfianza hacia el funcionamiento del TC con arreglo sólo a criterios institucionales. Por otro lado, el enfrentamiento con el Tribunal Supremo que no responde a cuestiones políticas y es, además, bilateral- -añade más argumentos a la polémica. Por supuesto, este balance crítico no debe ocultar la estimable jurisprudencia del Constitucional sobre libertades públicas y derechos fundamentales. Sin embargo, ha asumido, en ocasiones, una tarea más propia de legislador constituyente que de intérprete constitucional, y esto es lo que permite hablar de una constitución B formada por doctrinas más fundadas en la convicción de la mayoría de los magistrados que en su vinculación al texto o el espíritu constitucional.