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26 ESPAÑA SÁBADO 23 s 2 s 2008 ABC Veinticinco años de presiones al TC Desde la sentencia del caso Rumasa en 1983, hasta la bronca que dedicó la vicepresidenta del Gobierno a la presidenta del Constitucional el pasado octubre, se han sucedido muchos casos de intentos de intromisión política en decisiones del Tribunal POR J. ALBIOL MADRID. Desde que el Tribunal Constitucional quedó formalmente constituido el 12 de julio de 1980, sus más de 25 años de historia han estado jalonados de intentos de presiones e interferencias- -cuando no injerencias en toda regla- por parte del poder político, que con mayor éxito en unos casos, y menor en otros, nunca ha dejado de hacer sentir su influencia en la trayectoria del órgano que configura con sus sentencias el desarrollo de nuestro Estado de Derecho. La función del TC para determinar qué es constitucional o no y, por tanto, su potestad para revocar normas del Estado- -y para dejar en evidencia a quienes las promulgan- o para amparar a los ciudadanos por la vulneración de derechos fundamentales, nunca ha dejado de situar al Tribunal en el disparadero porque la imagen de un Gobierno desautorizado resulta, a menudo, demoledora para sus intereses. Rara vez el TC ha podido sustraerse al ruido de la pugna política cuando queda obligado a dirimir cuestiones que afectan al poder político o a quienes lo encarnan. De ahí, que también sea innegable el interés de los partidos por situar en el TC al mayor número de magistrados posible con la vitola de afines haciendo un uso extensivo y adulterado del sistema de designación de magistrados. En estos más de veinticinco años- -desde que el primer TC dictó en 1983 la polémica sentencia que avaló la expropiación de Rumasa hasta la imagen de la vicepresidenta del Gobierno abroncando a la actual presidenta del Tribunal el pasado 12 de octubre, con el Estatuto catalán como fondo- lo único que no ha variado ha sido la tentación de los partidos por reconducir al Tribunal. Esto es lo que, con el paso de los años, ha contribuido a alimentar en el ciudadano una desazonante sensación de desprestigio de la institución. En efecto, se cumplen ahora 25 años desde que en 1983 el holding de empresas de Rumasa, propiedad de José María RuizMateos, fue expropiado en una de las primeras decisiones del Gobierno de Felipe González. El decreto ley de expropiación fue recurrido ante el TC por AP y, en una tensa votación que concluyó en empate, el voto de calidad del presidente de la institución, Manuel García- Pelayo, inclinó la balanza a favor de la constitucionalidad del decreto socialista. García- Pelayo, y el TC en su conjunto, estuvieron sometidos a una fuerte presión desde el Gobierno para que no decayera la expropiación. En 1986, García- Pelayo, muy criticado públicamente, dejo la presidencia de un TC bastante desacreditado y se marchó a Venezue- 12 de octubre de 2007: De la Vega abronca a la presidenta del TC en plena polémica sobre el Estatuto ABC la. Otro episodio en el que el TC se vio incomodado desde el Ejecutivo se produjo cuando el PSOE aprobó la ley de seguridad ciudadana- la ley de la patada en la puerta siendo José Luis Corcuera ministro del Interior. Él vinculó la continuidad en su cargo a la constitucionalidad de la ley, con lo que el TC dictó su sentencia bajo la amenaza cierta de causar una crisis de Gobierno. En noviembre de 1993, el TC, en una sentencia unánime, sostuvo que un precepto de esa ley era incompatible con el artículo de la Carta Magna que garantiza la inviolabilidad del domicilio, y posteriormente Corcuera dimitió, como se había comprometido. Muchos otros episodios tampoco han quedado exentos de gran tensión política porque los fallos del TC determinarían el devenir de leyes o el reforzamiento o no de estrategias políticas. Es el caso de la excarcelación de la mesa nacional de HB, en el año 2000; de la denegación de los recursos de amparo a los condenados por el caso Marey -la cúpula de Interior en la etapa de los GAL- -en 2001; del aval jurídico del TC a la Ley de Partidos, base posterior para la ilegalización de Batasuna en 2003, pese a las coacciones ejercidas desde el PNV; de la denegación del amparo a Javier Gómez de Liaño, quien sería indultado por el Gobierno del PP y repuesto para la judicatura tras ser condenado por prevaricación en el caso Sogecable o, incluso, el caso de la anulación de las condenas al general Manglano y al coronel Perote por las escuchas del Cesid, que concluyó con la decisión del TC de repetir el juicio, en el que finalmente resultó exonerado el ex director de los servicios secretos. La última batalla política es la del Estatuto catalán, aún sin resolver, y que ha motivado una reforma unilateral por parte del Gobierno para prorrogar automáticamente el mandato de su presidenta, María Emilia Casas, para impedir que el voto de calidad cambie de manos, y que, a su vez, ha sumido al TC en una crisis sin precedentes, plagada de recusaciones para apartar a magistrados de la toma de decisiones. La legislatura ha concluido, el TC sobrevive en un ambiente casi irrespirable y no se sabe aún si el Estatuto es constitucional o no. El valor del voto de calidad Carrusel de recusaciones TRES CASOS POLÉMICOS PARA LA HISTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ABC ABC ABC El caso Rumasa y el fin de García- Pelayo En diciembre de 1983, el TC dictó la polémica sentencia que avaló la expropiación de Rumasa. En la votación se produjo un empate, que deshizo el presidente, Manuel García Pelayo, con su voto de calidad, lo que le sirvió para recibir numerosas críticas. El crédito del incipiente TC se resintió. Patada en la puerta y Corcuera dimite En noviembre de 1993, el TC desautorizó la ley de seguridad ciudadana impulsada por el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, quien había amenazado con dimitir si la norma no era avalada. El TC se vio obligado a dictar su fallo presionado por la amenaza de causar una crisis de Gobierno. El Estatuto catalán rompe al Tribunal Los debates sobre la constitucionalidad o no del Estatuto catalán han roto al Tribunal. Aún no hay sentencia, pero la radical diferencia de puntos de vista de PSOE y PP al respecto se ha trasladado al TC, ofreciendo una imagen pública de politización y descrédito nunca vista hasta ahora.